Las bandas narco que operan en las zonas rurales del país generalmente suelen utilizar a jóvenes con bajo nivel educativo, con edades entre 16 y 24 años, así como familias para poner en marcha su ilícito negocio.
De acuerdo con Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los últimos cuatro años la institución viene detectando que algunas organizaciones que tradicionalmente operaban en la Gran Área Metropolitana (GAM) extienden sus acciones a comunidades retiradas.
Estos grupos suelen ser igual de violentos que aquellos que operan en la GAM y utilizan las zonas donde viven no solo para la venta de droga, sino también para protegerse ya sea de sus rivales o de las autoridades.
Según explica Espinoza, estas bandas se ven en la necesidad de tener contacto con otras organizaciones narco porque no pueden producir los estupefacientes, por lo que tienen que comprarlos.
A su vez este segundo grupo debe tener contacto con un tercero que se encargará de suplir esa zona rural y generalmente son más fuertes con operaciones en la GAM.
“En ese proceso las organizaciones se van conociendo y midiendo cuáles son los niveles de venta en cada uno de los pueblos, eso significa que de pronto el proveedor terciario vuelve los ojos a ese sector y quita a los vendedores para asumir la plaza. Ahí es donde se dan los enfrentamientos”, explicó.
En cuanto a las drogas que se comercializan, estas suelen ser las mismas que se venden en la GAM como crack, marihuana y cocaína, esta última en menor cantidad porque es más cara.
El titular del OIJ agregó que el comportamiento de las organizaciones ilícitas es el mismo que en el caso de una lícita, es decir siempre van a buscar la posibilidad de expansión comercial que les permita obtener mayores ganancias y superar la competencia.
Otro de los factores que podrían motivar a los grupos criminales a trasladarse a las zonas rurales es controlar más territorios, los cuales a futuro podrían convertirse en un área de paso de estupefacientes.
¿CÓMO OPERAN?
Espinoza adujo que esas bandas generalmente dependen de los que se asientan y regentan su actividad en la GAM, ya que son los que tienen la posibilidad operativa de traer droga desde la frontera y suplirse ellos mismos el producto que venden.
En algunas oportunidades tras asumir las plazas algunas estructuras cuentan con vendedores de su misma organización, quienes tienen que dar cuentas de la cantidad de psicotrópicos que reciben, las ganancias y a cambio les dan una especie de salario.
“Aunque sea de manera rudimentaria o desordenada ellas (bandas) tienen planilla, saben cuánto deben pagar, tienen horarios y un control que les permite mantenerse y subsistir en un mercado que es competitivo”, comentó.
Respecto a las zonas del país donde más se asientan, Espinoza dijo que la mayoría busca sitios donde haya alguna actividad turística como Puntarenas, Limón y Guanacaste.
Asimismo, necesitan una actividad comercial que genere un gran movimiento de personas.
Por ejemplo, Crucitas era un lugar relativamente lejano y de él se escuchaba poco hasta hace unos años. Sin embargo, ahora que existe mayor movimiento motivado por la extracción de oro empieza a generarse un mercado que aprovechan para expender estupefacientes.
“Tiene que haber primero una actividad comercial subyacente o que permita la posibilidad de que haya poder adquisitivo. Segundo que haya un segmento de población más o menos importante y tercero que haya posibilidad de control”, añadió.
INVESTIGACIÓN
Sobre las pesquisas que se realizan contra las bandas narco criollas, Espinoza aseguró que es semejante a las que se hacen con las de la GAM.
En el reporte más reciente del OIJ se detalla que la policía judicial cuenta con un inventario actualizado de los distintos grupos criminales y cada año se planifica de forma concentrada el ataque de estas organizaciones delictivas.
“No hay diferencia importante en la manera cómo se investigan, al final de cuentas lo que nos motiva es conocer quiénes son sus integrantes, determinar si efectivamente están participando, obtener prueba de que cada uno de ellos lo está ejecutando, ver si están articulados, establecer jerarquías y realizar todas las acciones que permitan hacer un caso para entregarlo al Ministerio Público”, sostuvo.
Para esto se utilizan dos estrategias, una de ellas es trabajar en conjunto con la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Ministerio Público mediante reuniones anuales con que se establecen objetivos de investigación.
Luego de esto los cuerpos policiales se vuelven a encontrar para revisar los avances de las pesquisas.
La segunda movida es utilizar los órganos consultivos regionales para planificar las estrategias y desarticular las estructuras.
Según los datos del OIJ, entre 2017 y 2018 se desarticularon 54 bandas para un total de 1.003 detenidos, de las cuales 18 grupos registraron sus operaciones en zonas alejadas de la GAM.
Entre algunos casos se pueden mencionar la banda Castrol, que se desarticuló en Guápiles de Pococí, Limón, y a la que se le atribuyen delitos de narcotráfico y homicidio. En este caso los capturados fueron 14 y el OIJ tuvo que realizar un despliegue de 350 uniformados.
Otra organización criolla es la conocida como Los Papis, la cual operaba en Pérez Zeledón y estaba integrada por 32 personas, a quienes les atribuyen los mismos delitos.
Asimismo, el caso de Los Cabezones, cuyas actividades ilícitas realizaban en La Cruz, Guanacaste. El OIJ logró detener a 36 sospechosos a través de un despliegue de 500 agentes.
Es importante destacar que en la gran mayoría de organizaciones criminales desarticuladas en zonas rurales la policía judicial requiere una mayor cantidad de oficiales para el día de los operativos y detenciones que cuando interviene en la GAM.
Al respecto, Espinoza comentó que, aunque se creería que en estas zonas se necesita menos personal, es todo lo contrario, pues algunas cuentan con una gran cantidad de integrantes que viven a varios kilómetros de distancia y en propiedades más grandes.
“En este caso de Castrol era bastante grande, hicimos 30 allanamientos y entonces implicó el desplazamiento de muchos oficiales de policía y además por el tipo de estructura (casas) que ellos tienen no son como en San Jos, que a veces son pequeñas cuarterías, ranchos o bunkers, sino que es una vivienda en una propiedad más grande que exige más presencia policial e incluso el desplazamiento motiva que se tenga que llevar más uniformados y la vigilancia externa aumenta”, concluyó.
Esta semana en Guápiles ultimaron a 5 jóvenes producto de la guerra narco que se vive en esa comunidad del Caribe. Todos estaban vinculados a Los Castrol.
PERIODISTA: Mónica Matarrita Mora
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Sábado 22 Junio, 2019
HORA: 12:00 AM
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