Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aseguró que el Gobierno de la República estrangulará más al país en el ámbito económico-financiero con los eurobonos.
Para el líder sindical los eurobonos por un monto de $6 mil millones solo significan mayor endeudamiento para Costa Rica que llegaría a niveles peligrosos, ya que la deuda pública se elevaría a $40 mil millones.
El mandatario Carlos Alvarado espera que los diputados aprueben el millonario monto en junio.
“Nos preocupa que el 75% de esa plata será para pagar deuda pública y solo el 25% para reactivación económica. En este año hay que pagar $1.381 millones, $1.170 millones en el 2020 y en el 2021 habrá que sufragar $1.944 millones”, explicó.
“Hablamos de $4.495 millones para entregar a los acreedores internos en los próximos dos años y medio, para eso son los eurobonos porque el país se está ahogando en deuda”, añadió.
Para Vargas el mandatario lo que quiere es “jugársela”, patear la bola hacia adelante con el manejo de la deuda y celebrar el bicentenario en 2021 con una estabilidad macroeconómica y fiscal fantasma.
ANEP insiste en la aplicación de una auditoría ciudadana de la deuda del país, como lo han hecho en otros países, pero también que el gobierno trabaje arduamente en una transformación tributaria estructural para buscar recursos frescos.
Por ello el líder sindical mencionó que el informe legislativo en relación con Los Papeles de Panamá estableció un abecé de medidas a tomar en ese sentido.
“La afectación psicológica individual, familiar y colectiva va a incrementar. Pienso que vamos a caer en niveles de desesperación, de estrés familiar, más delincuencia en todo nivel y ámbito social”, apuntó Vargas.
“Lo que estos señores, hablo del presidente y Rodolfo Piza, no quieren aceptar es que la política económica que vienen siguiendo está equivocada, es extremista y confrontativa”, acotó.
En la organización sindical consideran imposible que el país salga adelante sin una combinación estratégica entre una transformación tributaria estructural, la auditoría ciudadana, un acuerdo nacional sobre la magnitud del déficit fiscal posible de tolerar, una reactivación económica para la inclusión social y la promoción del bien común.
Lo anterior sin dejar de lado la reforma del Estado congruente al respecto “y no la ideológicamente sesgada que se quiere imponer a costa de las libertades democráticas de organización sindical y del derecho constitucional de huelga”.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
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Martes 21 Mayo, 2019
HORA: 12:00 AM
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