Guatemala. (AFP) - El socialdemócrata Bernardo Arévalo, quien asumirá el domingo la presidencia de Guatemala, presentó este lunes un gabinete de siete hombres y siete mujeres para su gobierno de lucha contra la corrupción, aunque recibió algunas críticas porque dos de ellos están vinculados con empresarios y políticos tradicionales.
“Siete mujeres y siete hombres van a componer con mucho compromiso el primer gabinete paritario en la historia del país”, afirmó el futuro gobernante al presentar a su equipo de gobierno en el complejo de teatros Miguel Ángel Asturias, en la capital.
La mayoría de los 14 ministros son casi desconocidos para los guatemaltecos, pero en el grupo hay dos figuras que han levantado ciertas críticas en redes sociales.
Arévalo designó como ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a Jazmín de la Vega, una socia de la poderosa cúpula empresarial, hasta el momento alejada del futuro mandatario.
Además, nombró como su futuro ministro de Gobernación (Interior) a Francisco Jiménez, quien ocupó ese cargo durante el gobierno del fallecido expresidente Álvaro Colom (2008-2012), acusado de corrupción.
El presidente electo reconoció que quedó “en deuda con la pluralidad” del país, en alusión a que solo una indígena integra su equipo, Miriam Roquel (Trabajo). Las comunidades indígenas representan el 42% de los 17,6 millones de guatemaltecos.
Asimismo, este lunes anunció que creará una Comisión Nacional contra la Corrupción, que será un órgano asesor y vigilante, pero sin dar mayores detalles.
Arévalo aseguró que el domingo asumirá la presidencia pese a que el Ministerio Público (Fiscalía) ha llevado a cabo una ofensiva contra él y su partido Semilla, acusándolos de supuestas ilegalidades electorales.
“Desde el punto de vista legal, no hay ninguna posibilidad (de evitar que asuma). Por supuesto, siempre van a seguir haciendo intentos y van a seguir queriendo hacer, por medio de interpretaciones antojadizas, el juego de último minuto”, afirmó.
En diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó garantizar “la toma de posesión” de todos los funcionarios electos, mientras que el Tribunal Supremo Electoral declaró los resultados de los comicios como “inalterables y definitivos”.
La fiscalía emprendió su ofensiva legal contra Arévalo desde que en las elecciones de junio pasó a la segunda vuelta presidencial. El ahora mandatario electo denunció entonces un intento de “golpe de Estado” ante su promesa de combatir la corrupción.
Entre esas acciones, la fiscalía trató de que Arévalo, quien sustituirá al derechista Alejandro Giammattei, fuera despojado de su inmunidad.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Martes 09 Enero, 2024
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