El viernes anterior, la Fiscalía General colombiana anunció la apertura de una investigación contra la empresa multinacional Chiquita Brands, a la cual acusa por un supuesto financiamiento que realizó a paramilitares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), causa en que solicitan la presencia de un exjerarca costarricense de la compañía identificado como José Luis Valverde Ramírez.
El fiscal colombiano Humberto Martínez llamó a rendir declaración a 14 directivos de la empresa estadounidense en un acto que captó la atención del pueblo colombiano, ya que este caso data de 2007, cuando las autoridades del Estado de Columbia en los Estados Unidos acusaron a la compañía de participar en transacciones internacionales de financiamiento al terrorismo desde el año 1997 y hasta 2002, por lo que Chiquita debió pagar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos la suma de 25 millones de dólares.
INVESTIGACIÓN
La convocatoria del costarricense y de los demás exdirectivos de la empresa constituye la primera decisión que se toma en Colombia desde la condena en los Estados Unidos de este caso que medios colombianos, como los diarios El País y Semana, describen como una relación al margen de la ley por parte de la multinacional con paramilitares de las FARC y la EIN de la región colombiana de Urabá, entre los departamentos de Chocó y Antioquia, que duró por más de 10 años.
El fiscal sudamericano subrayó que llamarán a los 14 exdirectivos de Chiquita por verse señalados como los responsables de facilitar las contribuciones a los grupos paramilitares a cambio de protección y que dejaran a la compañía laborar en sus plantaciones.
ACUSADOS
Entre los acusados, figuran el costarricense Valverde Ramírez; los colombianos Reinaldo Escobar de la Hoz, Luis Cuartas Carrasco, Víctor Buitrago Sandoval, Álvaro Acevedo González, Víctor Henríquez Velásquez, Javier Ochos Velásquez, Juan Diego Trujillo, Jorge Cadavid.
También llamarán a cuentas a los norteamericanos Dorn Robert Wenniger, John Olivo y Dennis Keiser; aparte del hondureño Fuad Alberto Giacamán.
A todos los exdirectivos los indagaron en 2008, cuando Estados Unidos condenó a la compañía.
Se consignó por parte de las autoridades colombianas que el nacional tendrá que afrontar un proceso judicial, tras establecer en la investigación que los exdirectivos realizaron directamente los pagos a las personas beneficiadas y además cuentan con documentación clave en el caso, como un informe de la OEA de enero de 2003 y otro de 2007 de la Corte del Distrito de Nueva Jersey, que reafirma el financiamiento a los militares rebeldes de Colombia.
MILLONES
Estas pruebas establecerían que Chiquita Brands giró a un grupo militar conocido como AUC $1,7 millones ente 1997 y el 2004.
Una cifra parecida se pagó a miembros de las FARC y del movimiento rebelde EIN, como parte de las negociaciones de la bananera, que ya habría pactado con las fuerzas de autodefensa colombianas.
En Colombia llegaron a la conclusión de que los exdirectivos ahora acusados sabían de los pagos y que se les había indicado que estos eran ilegales, según la legislación de los Estados Unidos.
ARMAS
De acuerdo con la indagación de los norteamericanos, el 5 de noviembre de 2001 la compañía en Colombia intermedió en el recibo y envío de un cargamento de armas para las fuerzas paramilitares.
El embarque ingresó por vía marítima en el puerto de Turbo en Antioquia y se menciona que las armas se negociaron con los Gobiernos de Guatemala y Nicaragua, pero terminaron en las manos de paramilitares colombianos.
El año anterior, la Fiscalía externó que el financiamiento de grupos ilegales es considerado un crimen de lesa humanidad y a partir de allí el caso no prescribió, de modo que se pudo acusar a las partes.
DIARIO EXTRA ha intentado establecer contacto con el empresario costarricense, pero no se logra contar con su posición, pese a constantes llamadas telefónicas a los números registrados a su nombre.
Asimismo, altos mandos de la multinacional compartieron un comunicado, mediante el cual aducen la inocencia de los empresarios y destacan la colaboración brindada a las autoridades.
“Todo el proceso legal en Colombia comenzó hace más de una década, algunas de estas personas estaban asociadas a las actividades de una de las filiales de la compañía en Colombia. Chiquita asegura que estas personas son inocentes de los crímenes que se les acusa de cometer y continuaremos apoyándolos en la defensa hasta que se demuestre su inocencia”, recalcaron.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Viernes 07 Septiembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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