Una propuesta de ley exoneraría del cobro del impuesto al valor agregado (IVA) los productos de la canasta básica tributaria (CBT) y toda su cadena de producción y comercialización.
Adicionalmente una segunda propuesta pretende exonerar por un periodo de tres años a las universidades privadas.
Estas iniciativas las impulsan la diputada Sofía Guillén y el legislador Ariel Robles, ambos del Frente Amplio (FA).
CANASTA BÁSICA
La primera propuesta, tramitada bajo el expediente 23.285, sostiene que para la ciudadanía es cada vez más difícil acceder a los alimentos que conforman la CBT.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), constituyen la CBT los alimentos que satisfacen las necesidades de calorías de un hogar promedio.
Ante tal situación y considerando la escalada de precios, producto del alza de la inflación interanual (variación de precios entre un año y otro), se debe considerar la exoneración del IVA para las ventas de la CBT, así como las importaciones de los bienes agropecuarios, incluyendo las transacciones de semovientes vivos, la maquinaria, equipo, materias primas, servicios e insumos necesarios, en toda la cadena de producción, y hasta su puesta a disposición del consumidor final.
En forma adicional se establece que de lo recaudado por los cobros correspondientes al 13% del IVA se giren recursos para 3.500 nuevas pensiones del régimen no contributivo.
Actualmente dichos recursos salen del IVA que se aplica a la CBT.
Datos del INEC revelan que la inflación en Costa Rica entre julio de 2021 y junio de 2022 fue de un 10,6%, la mayor desde 2009, cuando registró un 11,75%.
Po lo anterior el costo de la canasta básica alimentaria mensual para una sola persona pasó de costar ¢51.324 en enero a ¢55.988 en junio.
“El aumento de la canasta básica alimentaria tiene un impacto en la canasta básica tributaria debido a que forma parte de esta”, comentó Guillén.
UNIVERSIDADES
El segundo proyecto impulsado por el diputado Robles pretende que las universidades privadas sean exoneradas de pagar el IVA.
Dicha exoneración sería por un periodo de 3 años cuando la ley entre en vigencia.
El proyecto de ley justifica que la educación es un servicio que debe ser garantizado por el Estado y en el caso de los centros privados son servicios sometidos al régimen de derecho público, por lo cual se debe considerar el bienestar para los usuarios que opten por dicha modalidad educativa.
Cabe señalar que las universidades privadas pagan apenas un 2% del IVA.
“Las presiones inflacionarias estructuralmente vinculadas el sector externo afectarán las finanzas personales y familiares de los costarricenses, lo que resta del 2022 y todo el 2023, pero debido al historial inflacionario del país, la novedad de este fenómeno para el régimen cambiario actual, y por la prolongación de los conflictos armados internacionales, la persistencia inflacionaria podría prolongarse hasta por los próximos 3 años”, indica el texto.
“Es importante considerar que si la inflación sigue en aumento y las tarifas o montos a cancelar siempre van por encima de esta, deben aliviarse dichos montos finales del impuesto de valor agregado asignado a dicho rubro, debe interrumpirse en un lapso de tiempo razonable y proporcional para una exención de mínimo tres años, pues la medida resultaría necesaria desde la perspectiva actual para contrarrestar el aumento en el costo de la vida de los y las costarricenses”, añadió Robles.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Rectores (Conare), el cual se basa en reportes de las propias universidades estatales y del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), en Costa Rica existen 53 universidades privadas y 5 públicas.
En 2020, de cada 10 títulos, 6 se entregaron en centros privados; los demás los otorgaron ya sea la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia o la Universidad Técnica Nacional.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
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Lunes 15 Agosto, 2022
HORA: 12:00 AM
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