¿El Estado laico es una urgencia?

Editorial

María Vita Monge, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien presentó desde comienzos de esta legislatura una reforma de ley a la Constitución Política para poner sobre la mesa de nuevo el debate respecto a convertir el país en un Estado laico, está pidiendo una audiencia al papa Francisco para conversar del tema.

La solicitud de la legisladora se da a raíz de un pronunciamiento del Sumo Pontífice con fecha de mayo de 2016, donde manifestó que un Estado debe ser laico porque los Estados confesionales terminan mal.

La propuesta de la congresista trata de modificar el artículo 75 que establece la fe católica como la religión oficial de Costa Rica y desde hace ya 10 años la idea ha tomado más fuerza, pero no se concretan acciones.

El objetivo con esta reforma, de acuerdo con la exposición de motivos en la Asamblea, consiste en procurar seguridad jurídica para la pluralidad de religiones, así como el reconocimiento del derecho humano de la libertad de pensamiento y conciencia, ya que actualmente existe un trato diferenciado en favor del catolicismo.

Pero pese a que en años anteriores la propia Iglesia Católica mostró un interés por avanzar en este tema, DIARIO EXTRA informó justamente este jueves que esas reformas no son convenientes en este momento. La postura fue respaldada por la Alianza Evangélica.

Y es que existe un temor intrínseco en que el tema del Estado laico envuelva nuevamente al país en un caos social como sucedió durante las elecciones anteriores, cuando el tema de las uniones de personas del mismo sexo desató casi que una guerra frontal entre los costarricenses.

Este tópico no es nuevo, ronda el Congreso desde el siglo anterior, con varias propuestas que no consiguen votos.

Costa Rica destaca como el único en Latinoamérica que mantiene tal modalidad confesional. No obstante, para el momento en que esta normativa se creó la realidad nacional era muy distinta; la mayoría de los ticos profesaba esta religión y gran parte de las decisiones de los gobiernos se tomaban con base en los preceptos cristianos.

Pero, ¿qué implica ser un Estado laico y no confesional, como históricamente hemos sido? Primero, un Estado laico es neutral en materia de religión, no ejerce apoyo ni oposición explícita o implícita a ninguna organización ni confesión religiosa.

Una reforma de este tipo no significa bajo ninguna circunstancia que será un Estado ateo, como se ha querido tergiversar.

Esto implica que el Estado deberá ser neutral respecto a la religión que legalmente apoyará, dándoles el mismo peso a todas. No podrá otorgar privilegios a ninguna en particular ni tampoco permitir que influyan sobre la política nacional.

En un Estado laico la libertad religiosa y de culto mantienen su máxima expresión y, aunque en el país no está prohibido profesar algún credo, las distorsiones a nivel jurídico obligan a este o futuros gobiernos a dar dicho paso en la búsqueda de la igualdad religiosa, sin que se presente ningún tipo de discriminación.

Pero este tipo de reformas trae a colación demasiadas interrogantes: ¿Qué pasa si se logra modificar la Constitución? ¿Se eliminan los juramentos de funcionarios públicos que mencionan a Dios?

¿Será prohibido hablar de religión en los centros educativos públicos y privados? ¿Podría un docente ser sancionado si hace algún tipo de referencia a algún credo como ha sucedido en otros países?

¿Qué pasará con las escuelas y colegios católicos subvencionados por el Estado costarricense? ¿Se eliminarían las capillas católicas en entidades públicas y deberán irse los sacerdotes? Finalmente, ¿cómo impactará esta reforma a las donaciones que hace el Estado a la Iglesia?

Esta última pregunta justamente reviste de gran importancia, pues, según datos del Ministerio de Hacienda, de 2010 a 2015 el Gobierno otorgó ¢3.500 millones a las temporalidades de la Iglesia Católica y además donó ¢148 millones para la conservación del archivo de la Arquidiócesis de San José.

Según un estudio realizado por la Escuela Ecuménica de las Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional (UNA), el cual data de 2013-2014, las religiones vienen sufriendo una importante pérdida de seguidores, las personas no necesariamente dejan de profesar la fe en que nacieron y un 45% de los encuestados opina que debe eliminarse todo vínculo entre religión y política.

No resulta sencillo abordar este asunto y con sobrada razón la Iglesia Católica y la Evangélica están renuentes a retomarlo, pues la sociedad costarricense parece no tener aún la madurez para discutir estos temas y tampoco existe una intención de provocar nuevamente una discusión.

No es que no sea importante abordar esas reformas, claro que el credo religioso y su resguardo deben ser una prioridad, pero jamás ser usado como un caballo de batalla de cara a nuevos procesos electorales pues todos debimos haber aprendido la lección.

Ojalá el momento en que el país decida darles curso a estas trasformaciones la sociedad pueda debatir con respeto, tolerancia y ante todo con la inteligencia racional y emocional en sus justas dimensiones.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Viernes 12 Junio, 2020

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