El presidente y su pensión
Fernando Berrocal / ...¿Y usted qué opina?
La ética y la coherencia entre lo que se dice y se hace son una condición esencial de la política. Esos valores fundamentales se deterioraron muchísimo, especialmente cuando el PAC los transformó en uno de sus pilares electorales y, después, en su financiamiento electoral y en los actos de gobierno, negó en los hechos sus severas críticas al PLN y el PUSC. Una gravísima contradicción.
En diciembre, en una decisión que ha provocado toda clase de comentarios, buenos y malos, don Carlos Alvarado anunció que, al concluir su mandato el 8 de mayo de 2022, no se acogerá a su pensión de expresidente de la República. Opino que esa decisión merece un aplauso y el pleno apoyo de la ciudadanía.
Este anuncio presidencial se produce en el contexto de una fuerte y legítima reacción nacional contra las desproporcionadas y desvergonzadas pensiones de lujo de la alta burocracia pública y académica, vía ciertas leyes específicas.
La pensión a los expresidentes es una pensión de honor. No es una pensión de lujo. En otros países, incluso, a quienes han ejercido la Jefatura del Estado se le asigna presupuesto para que, con un pequeño equipo asesor y de apoyo, le sigan sirviendo al país con su gran y positiva experiencia acumulada.
Tres o cuatro exfuncionarios públicos de alto nivel también han renunciado a su derecho por ley de acogerse a regímenes especiales de pensión y han optado por acogerse a la pensión normal que otorga cotizar a la CCSS. Ahora se une a esa corta lista don Carlos Alvarado. Eso es lo ético y coherente.
También hay que reconocer la lucha ciudadana en redes sociales, encabezada por Luis Loría Rojas y su valiente Petición Ciudadana para acabar con esta sinvergüenzada de exdiputados, exministros, exacadémicos y ex altos funcionarios públicos de acogerse a leyes especiales con cargo al Presupuesto Nacional e inflar por esa vía lo que, realmente, cotizaron en su vida laboral.
El año pasado se avanzó, pero todavía falta y, en este período de sesiones extraordinarias, la Asamblea Legislativa debería terminar un esfuerzo legal integral y establecer, en todo el sector público y sin excepciones de ninguna naturaleza para el Poder Judicial, las universidades públicas o el Magisterio Nacional, un tope máximo igual al máximo monto de pensión otorgado por la CCSS, bajo la máxima incuestionable de que la pensión debe responder, nada más, a lo realmente cotizado durante los años de trabajo en el servicio público.
Lograr la integración de los distintos regímenes de pensión será más difícil y puede que no sea necesario, si todos los regímenes se administran con buenas prácticas de control y, sobre todo, con austeridad, ética y responsabilidad.
Lo que sí se debe hacer es acabar, cuanto antes, con esa figura censurable y abusiva de los pensionados de lujo y establecer un tope máximo igual al de la CCSS, sin excepciones, aplicable también a los expresidentes de la República.
...¿Y usted qué opina?
