La Contraloría General de la República obligó al alcalde de Limón, Néstor Mattis, a “autoaplicarse” una suspensión de 30 días sin goce salarial al declararlo culpable, en grado de culpa grave, al modificar el contrato de remodelación y reconstrucción del Mercado Municipal de Limón.
De acuerdo con el ente contralor, el jerarca municipal emitió dos resoluciones en las que se modificó la contratación de manera unilateral y se giró la orden de hacer el pago al contratista, hechos ocurridos en 2014.
Además procedió a reconfirmar la sanción emitida contra el funcionario en febrero anterior, pero este la apeló.
Para la entidad fiscalizadora del Estado en dicho proyecto se confirmó la comisión de 4 irregularidades, a saber: modificación contractual del plazo del contrato que fue improcedente; compromiso sin tener el contenido presupuestario correspondiente; presunto reajuste de precios contrario a lo que establece la Ley de Contratación Administrativa; y modificación contractual tanto del plazo como del monto del contrato.
En este sentido se giró la orden correspondiente a diferentes instancias dentro de la Municipalidad de Limón, entre estas la jefatura de Recursos Humanos, en la que se exige a dicha instancia “abstenerse de girar al alcalde municipal la correspondiente remuneración”.
Tras los argumentos esgrimidos por Mattis en su apelación, en el documento DC-0294, emitido por la contralora Marta Acosta, se detalla que se pudo comprobar que se dio un reajuste contractual, que nunca debió entenderse como un reajuste de precios.
Para la Contraloría quedó clara y fehacientemente demostrado que Mattis actuó al margen de la ley “de forma negligente e imprudente”.
“Valga comentar que en este asunto no se cuestiona la buena fe ni el interés público, con que según el apelante actuó el señor Mattis, sin embargo ello no puede justificar las actuaciones contrarias al marco jurídico que rige la contratación administrativa, sin que pueda ser eximente el que no sea profesional en derecho ni cuente con la experiencia en materia de contratación administrativa, pues como alcalde asume personalmente la responsabilidad de sus decisiones, independientemente de la asesoría jurídica que reciba”, detalla el ente contralor.
Además la sanción se extiende a Gustavo Chaves, coordinador de la Unidad Jurídica, a quien se le impusieron 18 días sin goce salarial.
Entre ambos deberán devolverle al gobierno local casi ¢15 millones por las dos modificaciones realizadas de manera irregular, pues para la entidad contralora hubo una afectación al erario municipal, pues se pagó de más por las obras.
“De modo que la situación amerita una sanción fuerte, no pudiendo pensarse en la mera amonestación, tal como lo pretende el apelante y si bien se ha considerado que tampoco procedía en este caso una separación del cargo, sí debe imponerse una suspensión sin goce de salario por el plazo mayor que la normativa utilizada para la sanción permite, a saber 30 días, tal como estableció el órgano decisor e igualmente puede asumir la responsabilidad civil que le corresponda por el pago a la contratista sin que se rebajara lo correspondiente al lucro previsto por ser contratos irregulares, de donde procede declarar sin lugar el recurso y confirmar la resolución impugnada”, resolvió la Contraloría.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Sábado 25 Agosto, 2018
HORA: 12:00 AM
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