Los familiares de Alejandro Vargas Ramírez, el oficial de Fuerza Pública asesinado la noche del 8 de mayo después de entregar su turno de servicio en Quepos de Puntarenas, comentaron a DIARIO EXTRA que el hombre era testigo clave en un juicio.
“Como siempre luchó por la verdad y la justicia, por eso me lo mataron. Él no tenía problemas con nadie, solo sé que iba a ser testigo en un juicio, nada más”, expresó una allegada.
Hoy su familia llora el homicidio y recuerda que Vargas comentó que en varias ocasiones recibió amenazas de muerte. “Todos los días mi mamá le repetía que algún día algo así le podría pasar, que siempre lo trataban mal, lo amenazaban. Lamentablemente todos los policías tienen ese riesgo, ellos son los que ponen el pecho por los demás. Él era un testigo muy importante en un juicio contra un narcotraficante. El juicio era ayer, pero no se sabe por qué lo suspendieron y lo trasladaron para jueves”, reveló la hermana del fallecido.
Y agregó que el oficial “era una persona maravillosa, amante del fútbol, la mayoría de los domingos se iba a los partidos y jugaba bola. Era alguien sin problemas, sin vicios, él no tenía problemas con nadie. Desde pequeño siempre fue muy activo, siempre luchador”.
Asimismo, otra de las hermanas mencionó muy consternada que al uniformado siempre le gustó ser policía y que “la razón principal por la que se metió a la Fuerza Pública fue para ayudar a mi mamá, porque nosotros somos seis hermanos, él era uno de los mayores y dejó el colegio para ponerle a trabajar y ayudar a mi mamá, entonces se metió a trabajar de oficial”.
NO LO VEÍAN DESDE HACE DÍAS
Los familiares indicaron al Periódico del Pueblo que tenían varios días sin ver a Alejandro porque laboraba en Inmaculada de Quepos, donde también habitaba. “No lo habíamos visto porque nosotros vivimos en Parrita y él vivía en Quepos en donde es policía y teníamos varios días de no verlo. Cuando él tenía un día libre venía a la casa de mi mamá, la última vez que lo vimos fue la semana pasada”, refirieron.
Como el oficial no residía cerca de la casa de su progenitora, se comunicaba con ella vía telefónica.
La hija de Vargas, una menor de 13 años, se encuentra muy afectada, al igual que la mamá y hermanos. “Ella está muy mal, era su papá. Él no vivía con la mamá de su hija, pero a la niña siempre le gustaba venir acá y siempre le gustaba compartir con el papá. Él siempre se la llevaba varios días para su casa, cuando ellos estaban de vacaciones se la llevaba a los partidos”, relató otro pariente.
La familia manifestó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que recibieron la mala noticia por medio de una llamada. “Mi cuñado nos dijo que mi hermano había recibido unos balazos y que estaba en el hospital grave, pero de camino nos enteramos que había fallecido en el lugar, que ni siquiera pudo llegar al hospital”, narró tristemente la hermana.
De igual forma, externaron que ninguna de las autoridades se comunicó con ellos por lo que están haciendo todas las diligencias relacionadas con la funeraria. Además, les enviaron un mensaje pidiendo mayor efectividad ante los casos de homicidios que se presentan en el país.
“Que se endurezcan, Costa Rica se ha manchado, está llena de sangre, cada día está peor, cada día hay más delincuentes, más corrupción, más narcotraficantes. Que endurezcan todo, pero que les den a los policías el derecho de disparar cuando sean atacados (…), que les den un entrenamiento fuerte”, finalizaron.
PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE TESTIGOS
El protocolo de atención de testigos es de gran importancia en juicios contra el narcotráfico, especialmente cuando hay funcionarios públicos involucrados. DIARIO EXTRA habló con Gerardo Castaing, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y criminólogo, para ahondar en el tema.
De acuerdo con el experto, la evolución hacia la violencia, la pérdida de respeto a la policía y a la vida en general, han obligado tanto al Poder Judicial como al OIJ a tomar medidas para buscar la realización firme de un juicio, sobre todo en materia de narcotráfico, además del resguardo de testigos.
“Este tipo de amenazas y acciones han hecho que el sistema haya recurrido a una serie de protección a víctimas y testigos. En el Poder Judicial hay dos oficinas, una es la de protección a víctimas y testigos, la cual coordina el Ministerio Público, y hay otra sección de protección a funcionarios y empleados judiciales”, aclaró.
Según Castaing, en ambos casos lo que se busca es que la amenaza de los delincuentes no vaya a disminuir la capacidad de los testigos o de la víctima de declarar durante el juicio.
POLICÍAS DE TESTIGOS DEBEN TENER MÁXIMA CAPACIDAD
Asimismo, los policías de testigos deben estar muy bien entrenados, pero sobre todo ser moralmente capaces de cumplir con esa función, pues el narcotráfico maneja millones de dólares.
“Los mismos oficiales corren un riesgo grave porque es la parte de contención entre los potenciales agresores y las víctimas. Ellos están en el centro, hay casos sumamente graves donde tienen que ubicar a la persona en un sitio no conocido y es algo de lo que más se usa para que los delincuentes no logren fructificar y no se afecte con esto la calidad de la acusación que se va a ejercer en el Ministerio Público”, expresó el criminólogo.
Para el especialista es muy importante entender que esta protección no es de por vida, sino simplemente mientras hay un juicio, por lo que cree que la Policía Judicial o de Control de Drogas debe apostar por las evidencias físicas para que el fiscal tenga una serie de pruebas contundentes y así se dé una acusación sin que se involucre a la víctima o a testigos con el fin de lograr una sentencia condenatoria.
FALLOS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN
El Periódico del Pueblo conversó con Mario Arias, experto en crimen organizado, y apuntó que la muerte de Vargas ha dejado al descubierto una serie de fallos en el sistema de protección y seguridad de testigos clave en casos de narcotráfico.
“En el ámbito judicial, se espera que haya protocolos establecidos para salvaguardar la integridad de los testigos cruciales, como en el caso del oficial Vargas. Sin embargo, parece que estos protocolos no se activaron correctamente, ya que Vargas no fue sometido a una evaluación de riesgos por un equipo multidisciplinario como debería haber sido. Este proceso habría permitido la solicitud de medidas de protección adecuadas, como cambio de lugar de trabajo, casa de seguridad o protección 24/7 con escoltas”, puntualizó.
Para Arias, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima (OAPVD), perteneciente al Ministerio Público, tiene la responsabilidad de brindar resguardo a las víctimas, testigos y demás participantes en procesos penales.
“Parece que la coordinación entre esta oficina y el Ministerio de Seguridad Pública es insuficiente, ya que el Ministerio carece de protocolos administrativos específicos para proteger a los oficiales que son testigos clave en casos de crimen organizado.
Esta falta de seguimiento y coordinación deja a los testigos vulnerables a amenazas y ataques. El hecho de que los sicarios esperaran a que Vargas terminara su jornada laboral para llevar a cabo el ataque sugiere una planificación meticulosa y una clara intención de eliminar a una figura incómoda para los intereses del crimen organizado”, aseveró.
PERPETRADORES DISPUESTOS A TODO
Por otra parte, este hecho establece un precedente peligroso, ya que muestra que los perpetradores están dispuestos a cruzar cualquier línea para evitar que los testigos lleguen a declarar en el juicio.
“El asesinato del oficial Vargas Ramírez es un trágico recordatorio de la vulnerabilidad de los testigos clave en casos de narcotráfico y la necesidad urgente de mejorar los protocolos de protección y seguridad en el sistema judicial costarricense. La falta de acción coordinada y efectiva por parte de las autoridades competentes ha tenido consecuencias fatales y subraya la urgencia de abordar esta cuestión de manera integral y decisiva”, aseguró.
PROTOCOLOS EFECTIVOS DE PROTECCIÓN
Arias comentó que es crucial que las instituciones pertinentes establezcan y sigan protocolos claros y efectivos para la evaluación de riesgos, así como para la protección de testigos clave en casos de crimen organizado.
Esto incluye la coordinación entre el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad Pública y otras agencias relevantes para garantizar una respuesta integral y rápida ante posibles amenazas.
PERIODISTA: Wilmer Madrigal
CRÉDITOS: Fotos: Daniel Jonhson/ Redes sociales, ilustrativas
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Viernes 10 Mayo, 2024
HORA: 12:00 AM
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