PANI y la denuncia ciudadana

EDITORIAL

El allanamiento ocurrido esta semana en las oficinas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en San José y Alajuela, para buscar evidencias en el caso de un menor de 5 años que aparentemente murió asesinado por sus padres fue justo y necesario.

¿Y por qué justo y necesario? La respuesta no deja espacio para dudas, el Patronato lleva años en la picota, se cuestiona su forma de trabajo con los menores en riesgo, la inoperancia de muchos de sus colaboradores para atender llamados de emergencia, el mal estado de algunos albergues, la falta de contención en estos sitios y el tema de las adopciones.

Pero más allá de estos señalamientos, el PANI ha quedado expuesto ante la opinión pública por la muerte al menos de tres niños a manos de sus progenitores.

Uno de los primeros casos ocurrió en una cuartería en San José, donde un bebé fue asesinado por su madre, una joven adicta y habitual de la zona roja. Parece ser que apagaban en su cuerpo chingas de cigarrillos y lo dejaban sin comer por días.

Algunos vecinos hicieron las denuncias, pero la entidad no respondió con celeridad, lo hizo al percatarse de la noticia de la muerte.

El niño de 13 días de nacido en Alajuelita parece haber corrido la misma suerte, una llamada de alerta de varias vecinas de la localidad sobre una supuesta negligencia de los padres no fue atendida en el tiempo justo y el resultado fue la muerte también hace apenas un mes en promedio.

Y la gota que derramó el vaso es lo ocurrido con el niño vecino de Alajuela de apenas 5 añitos, desnutrido y sin cabello. Los lugareños avisaron al PANI de la zona, pero tampoco se apersonaron a tiempo para salvarlo.

Qué bien que la Fiscalía y la policía judicial decidieron dar este paso trascendental, pues ya la población se cansa de respuestas incoherentes de las autoridades a cargo del Patronato, cada vez que cometen un error.

El descargo de Patricia Vega a los medios de comunicación tras verse en el ojo del huracán por no atender el caso de Alajuela, es un cliché, sacado de la manga por su puesto, pues una jerarca jamás podría permitirse semejante omisión del personal a su cargo. Sin duda eso sucede, los errores son de humanos, pero esta conducta es más frecuente de lo pensado.

Que los personeros del PANI no atiendan las llamadas de emergencias para resguardar la integridad de niños y niñas deja mucho que desear. Ojalá la autoridad judicial pueda sentar responsabilidades sobre aquellos que omitieron sus obligaciones y dejaron casi que morir a un pequeño inocente.

Pero acá hay otro tema importante y es la denuncia ciudadana, las personas deben saber que se les atenderán sus demandas, deben sentirse satisfechos con la información que brindaron a las autoridades y cuerpos de socorro, ya que esperan que de verdad actúen.

Pues no hay nada más desestimulante que ser ignorado e invisibilizado, situación muy usual con las instituciones del Estado, que se hacen las ciegas, sordas y mudas. Alegan exceso de trabajo, ponen trámites engorrosos y vulneran a los recurrentes.

La denuncia ciudadana tiene poder, es contundente y muy necesaria para desenmascarar la corrupción, el caos, las irregularidades del gobierno y del sistema como tal, que se mira aplastante en muchas ocasiones ante la desgracia o la desdicha de unos pocos.

¿Quién iba a imaginarse que funcionarios del PANI prefirieron irse de días libres que atender una agresión a un niño? Eso jamás podría justificarse. Sin embargo, este tipo de situaciones pasan en la vida cotidiana y por más dolorosas que sean se repiten.

Todos estamos llamados a ser vigilantes, cada día los ciudadanos vemos, oímos y vivimos cosas que se salen de lo moral y lo ético, pero además sobrepasan las leyes, somos los testigos de lo que no anda bien, aunque la mayoría de las ocasiones callamos por apatía, por miedo o conformismo.

Los grandes casos del mundo han sido detectados por denuncias de ciudadanos, en tiempo o destiempo, eso no importa, pero conscientes del valor de esa acción.

La denuncia pública no tiene límites en un país como Costa Rica, que se nutre de las libertades y los derechos de las personas que lo habitan, denunciar es un acto que puede calificarse como de responsabilidad y honestidad individual.

Los ciudadanos poseen los mecanismos para acercarse a los medios de comunicación y hacer de conocimiento público actos irregulares que se cometen no solo en la función estatal, sino también el ámbito privado y más si afectan la seguridad y la salud del colectivo.

Está demostrado que la denuncia ciudadana es un mecanismo de control y fiscalización que habilita la democracia para los representados y casi que el único instrumento por medio del cual pueden verse descubiertos los asuntos que sobrepasan las normas.

No en vano las mismas instituciones del Estado para el caso en particular han creado oficinas contraloras, receptoras de denuncias o bien buzones de sugerencias y quejas, que en un principio sirven para evaluar el desempeño de los servidores.

Sin embargo, estas no han sido experiencias del todo satisfactorias, pues en buena parte son ignoradas por el mismo sistema, acostumbrado a aletargar el malestar o ineficiente para dar respuestas que comprometan a su propio personal.

Están también las dependencias judiciales, en este caso la Sala Constitucional, que hoy representa la tabla de salvación para muchos ciudadanos que ven violentadas sus garantías, que se sienten desplazados o incapaces de ser atendidos por el Estado. Acá las denuncias ciudadanas tomaron poder.

Y están los medios de comunicación que son y seguirán siendo el foro idóneo y por excelencia para la denuncia pública, es decir, los costarricenses deben comprender que las puertas están abiertas y los oídos atentos para escuchar su voz.

Guardar silencio no es la opción.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Jueves 30 Mayo, 2019

HORA: 12:00 AM