El Partido Liberación Nacional (PLN) despotricó contra el Gobierno y el Partido Acción Ciudadana (PAC) por la suma de irregularidades en sobrepagos a viceministras de la República.
El caso explotó después de que ayer trascendiera la acusación del supuesto pago ilegal de ¢30 millones a la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, por el concepto de plus de prohibición.
Zúñiga estaría incapacitada para recibir el pago pues no tiene el grado de licenciatura en derecho.
Su caso se suma al de las viceministras de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz, y de Vivienda, Ana Cristina Trejos. La primera recibió ¢11 millones y la segunda ¢8 millones sin cumplir con el título universitario.
Estas dos últimas aceptaron el error y se comprometieron a devolver el dinero.
Sin embargo, Zúñiga se empeña en señalar que hay fundamentos legales para que en su caso sí cuente con el pago. Tal es el caso del artículo 5 de la Ley de Compensación por pago de prohibición.
Sus argumentos no son de recibo para la exministra de Trabajo y diputada, Sandra Piszk, quien alega que el Gobierno debe sentar responsabilidades.
“No es posible que por tercera vez el país esté presenciando una falta de esta naturaleza por lo que deben sentarse las responsabilidades políticas, y administrativas para todas las personas involucradas”, sostuvo Piszk.
La fracción legislativa, solicitó a la Procuraduría de la Ética, y a la Contraloría General de la República actuar de oficio.
“Me llama la atención que guarden silencio por parte del Partido Acción Ciudadana y también del Frente Amplio y el gobierno, porque cuando ustedes denuncian cualquier situación son extremistas y saben ¿cómo lo llaman? Ustedes tienen el concepto que han engañado al pueblo, se llama cuando ustedes denuncian corrupción”, criticó la diputada Karla Prendas.
Sin embargo, horas más tarde, el diputado del PAC Ottón Solís se unió junto a Prendas para enviar una carta a la contralora Marta Acosta, solicitándole inicie una investigación sobre el pago a la Viceministra de la Presidencia.
Mientras tanto en la Presidencia de la República aducen que el pago es legal, pues la viceministra es egresada de la licenciatura en derecho y aunque no es graduada ni ejerce como abogada porque no ha terminado lo que exige tal grado académico, la Procuraduría emitió un criterio respecto al tema de prohibición, que le impide recibir ese pago.
