El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) mantiene en el cargo y como jefa de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) a María Lucía Fernández, pese a que iría a juicio por supuesto incumplimiento de deberes en funciones propias del puesto que ostenta.
Tras estallar el escándalo, la Sugeval debió cerrar el Puesto de Bolsa y retirar los permisos a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Grupo Aldesa.
Para nadie es un secreto que los inversionistas se preguntan cómo el regulador no pudo detectar que algo andaba mal y que las acciones no se vieron hasta que la prensa dio a conocer las denuncias por supuesta estafa.
Para el fiscal general a.i., Warner Molina, es claro que la Sugeval “no hizo el trabajo que le correspondía”. Así lo señaló este lunes durante la sesión de Corte Plena.
De este modo, justificó la presentación de una denuncia por incumplimiento de deberes contra Fernández y otros cinco funcionarios de alto rango en la Sugeval.
“No cumplieron con la función que debían, siendo la entidad llamada a controlar y supervisar e incluso autorizar las operaciones de algunos intermediarios bursátiles. Encontramos elementos suficientes para considerar que la Sugeval no hizo el trabajo que le correspondía, empezando desde la propia superintendente”, dijo.
La causa se separó de la principal porque el incumplimiento de deberes tiene una pena menor y la prescripción es diferente. Según Molina, lo que pretenden es que esta no caduque, lo cual sucedería si se incluye en un expediente más complejo.
Este caso estaría por ir a audiencia preliminar. El fiscal expresó que con la acusación se interrumpe el plazo de prescripción. Se encuentra en el Juzgado Penal de Hacienda y la solicitud de apertura a juicio se dio desde noviembre de 2019.
CASOS ASÍ PUEDEN TOMAR HASTA SIETE AÑOS
El jefe del Ministerio Público acudió a Corte Plena por considerar que son injustos los reclamos de los inversionistas sobre la tardanza en la evolución del caso.
En sus palabras van a buen ritmo con casos que pueden tomar hasta siete años en resolverse. Esta última apreciación se refiere al expediente principal donde el imputado es Javier Chaves, presidente de Aldesa Corporación de Inversiones.
Confirmó que la investigación arrancó en 2019, y es por presunta estafa y administración fraudulenta. “Se hicieron los allanamientos y hay una persona con medidas cautelares, es demasiada evidencia que se está procesando”, manifestó.
PRUEBA EN DIGITAL DIFICULTA PROCESO
Parte del problema es que Aldesa era un puesto de bolsa que tenía mucho respaldo en versión digital y eso Molina lo calificó como uno de los grandes retos.
“Tenemos 20 denuncias, inversionistas que se apersonaron al proceso y algunas aportaron sus respaldos”, destacó. No obstante, hay otros que no presentaron los documentos requeridos y se les ha tenido que hacer prevenciones.
“Eso nos ha obligado a tener que verificar las inversiones revisando la evidencia decomisada en el Grupo Aldesa y otros lugares, pero el no contar con los documentos retrasa la verificación. Lo más viable sería que el propio ofendido aporte los documentos para guiarnos mejor, para hacer las solicitudes de los peritajes”, replicó.
ALDESA ENFRENTA CUATRO PROCESOS JUDICIALES
Molina aclaró que el caso Aldesa no es solo un expediente, sino que conlleva cuatro procesos, tres penales y uno civil. “Lo que ha sucedido con gestiones que han hecho algunas personas es una mezcla de situaciones. Había también una solicitud de desestimación para un proyecto de inversión concreta de 2012, pero para la Fiscalía es un caso resuelto”, enfatizó.
Esta última declaración se referiría a Monte del Barco, el cual se iba a financiar con aportes de inversionistas a la SAFI de Aldesa y que recientemente el interventor del caso declaró en quiebra técnica. Pasaron más de 9 años sin que las personas vieran el proyecto y su dinero.
TRIBUTACIÓN TODAVÍA NO RECLAMASUPUESTO FRAUDE FISCAL
DIARIO EXTRA dio a conocer en setiembre de 2018 que la Corporación Aldesa aparecía debiendo al fisco unos ¢809 millones por concepto de impuesto sobre la renta. Sin embargo, al día de hoy no ha presentado ningún proceso por defraudación o fraude tributario.
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, señaló que en su criterio es responsabilidad del Poder Ejecutivo determinar esto. Molina, por su parte, acotó que para ahorrar recursos esperan que Tributación mande el supuesto impuesto evadido para proceder con el caso.
“Con eso nos ahorramos una prevención o notificación de traslado”, recalcó.
Algo importante es que el Ministerio Público todavía no ha entrado a ahondar si es verdad que hubo retenciones de impuestos que no se trasladaron al fisco como lo aseguran algunos inversionistas.
El jefe de la Fiscalía recordó que con base en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios hay aspectos a considerar como el umbral definido para considerar la constitución del delito y que si el contribuyente se pone al día antes de recibir la notificación queda exento del delito.
INCUMPLIMIENTO DE DEBERES
Artículo 339. “Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo".
“EL DESPOJO MÁS GRANDE DEL PAÍS”
• Flora Fernández
Inversionista
“Tres años y tres meses del caso, no veo cómo puede estar avanzando, para mí es inminente el riesgo de fuga y es que no solo habría un responsable, son varios. Yo quisiera saber dónde está la ruta del dinero, a dónde fue a parar. Este es el despojo más grande del país, es inexplicable cómo mantienen en el cargo a la jefa de la Sugeval, debería renunciar”.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Fotos: Archivo
EMAIL: [email protected]
Martes 19 Julio, 2022
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA