El informe final de la Comisión Legislativa que investigó la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) recomienda al Ministerio Público investigar penalmente a la ministra de Planificación Pilar Garrido, y al ministro de Seguridad Pública, Michael Soto.
DIARIO EXTRA tuvo acceso a las recomendaciones del informe que se dará a conocer hoy jueves en conferencia de prensa.
En el caso de Garrido, la comisión concluye que la jerarca emitió un falso testimonio al alegar desconocimiento del decreto que creó la UPAD. Por ello piden sea investigada por el presunto delito de perjurio.
Según los diputados miembros de esta comisión, existe prueba documental suficiente para demostrar que Garrido sí sabía del decreto.
Cuando la ministra compareció, el 25 de noviembre del 2020, los diputados la cuestionaron por un correo electrónico que ella recibió en abril del 2019, donde se habla de la creación de la Dirección de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial (DADIA), que luego se transformó en la Unidad Presidencial de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial (Upadia), y finalmente en la UPAD.
Para los legisladores, aunque los nombres eran distintos, el fin era el mismo, el acceso y uso de datos confidenciales, y que Garrido lo sabía desde el comienzo.
Ella no firmó el decreto de la UPAD porque para el 7 de febrero del 2020 (fecha de la firma) se encontraba fuera del país y en su lugar lo suscribió el entonces viceministro de Mideplan Daniel Soto Castro.
TRASLADO DE INFORMACIÓN
En el caso del jerarca de Seguridad, se pide al Ministerio Público investigar el traslado de información sensible que Soto entregó al entonces asesor de Casa Presidencial Santiago Álvarez Ovares.
Soto compareció el 12 de agosto de 2020 ante este foro legislativo donde explicó que en noviembre del 2019 y de forma verbal, luego de una reunión de Consejo de Gobierno, el asesor Álvarez le solicitó la base de datos de los aprehendidos de Fuerza Pública para un cruce de información que se pretendía realizar.
Esa información que se entregó a Casa Presidencial el 18 de diciembre del 2019, incluyó el nombre de las personas detenidas, tipo de aprehensión (es decir por qué se detuvo a la persona), el lugar, y la fecha del hecho.
Los diputados cuestionaron bajo cuál convenio el ministro ordenó entregar esa información.
El jerarca justificó en ese momento que el presidente Alvarado “ejerce el mando supremo de la Fuerza Pública”, según lo indica el artículo 139 de la Constitución Política.
Además, que su actuar se sustenta en las excepciones que contempla la Ley 8968 de Protección de Datos Personales en su artículo 8.
Y que lo entregó al asesor Álvarez porque es una figura de gran peso en Presidencia, al punto de no poner en duda su solicitud.
Dijo que el propio Carlos Alvarado le indicó que Álvarez era la persona con la que debía coordinar temas de seguridad personal del mandatario.
“Tengo la certeza de que lo que pide Santiago viene directamente con el Presidente y es el enlace de seguridad desde hace bastante tiempo”, mencionó el ministro.
Luego agregó: “es decir lo que me pide Santiago me lo pide el Presidente”.
DATOS DEL SINIRUBE
El informe también pide que se investigue otro traslado de información que hizo la exdirectora ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y exembajadora de Costa Rica en Colombia, María Fullmen Salazar, también al asesor Álvarez.
Fullmen ordenó entregar de datos personales del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) al asesor de Casa Presidencial.
Esto a pesar que la Ley 9137 del 30 de abril de 2013, que creó el Sinirube, no contempla la transferencia de esa información a entidades públicas o privadas.
En noviembre del 2018, el IMAS por medio del Sinirube entregó datos socioeconómicos y sociodemográficos de población entre 18 a 44 años.
Ese informe incluyó: tipo de vivienda, ubicación, estado de la vivienda (piso, techo, paredes, cielo raso), empresa proveedora de electricidad y de agua, y si tienen internet.
También se les entregó información sobre los ocupantes de la vivienda, estado civil, sexo, edad, nacionalidad, nivel educativo, si son asegurados, si tienen empleo, de qué tipo, cantidad de ingresos y si hay antecedentes de violencia doméstica, o si hay personas con alguna discapacidad.
Además, se solicitó la información de los beneficios sociales que estas personas reciben, quién lo recibe, de cual programa social y cuánto dinero se les gira.
Los datos se solicitaron sin el nombre o número de cédula de las personas, y según el oficio se indica: “Esto para analizar una solicitud explícita de la Presidencia de la República referente al tema de una estrategia de empleabilidad sobre esta población”.
INDEPENDENCIA DE LA PRODHAB
El informe incluye también la solicitud para que la Fiscalía investigue a la actual directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), Elizabeth Mora Elizondo, por el presunto incumplimiento de deberes.
Cuando Mora asistió a la comisión se le cuestionó su diligencia e independencia en este caso, luego que reconoció que ella solicitó detener una investigación a lo interno de la Prodhab sobre el actuar de la UPAD “hasta que no se resuelva en estrados judiciales lo que corresponda sobre el tema”.
“Se suma la necesidad de dotar de independencia necesaria a la Prodhab, la cual fue seriamente cuestionada y quedó debiendo en esta coyuntura, en cuando a modificar que el nombramiento de su dirección ya no sea responsabilidad del Ministerio de Justicia y Paz para así eficientemente cumplir con su llamado hacia las garantías y derechos para la protección de datos personales sin ningún tipo de interferencia política”, reza el informe.
Las recomendaciones incluyen trasladar el informe como prueba documental en el marco de la investigación que ya realiza el Ministerio Público contra el presidente Alvarado, al diputado y exministro de la Presidencia Víctor Morales Mora, y al exministro de Mideplan, Luis Daniel Soto.
De igual forma que este expediente sirva como prueba en la investigación en curso a Eriksson Álvarez Cologne, director del Sinirube por el traslado de información.
Al igual que en los casos del asesor Álvarez Ovares, y a los exasesores de Presidencia Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos, Diego Fernández Montero, Felly Salas Hernández y Luis Salazar Muñoz, redactor del decreto que creó la UPAD.
ANTECEDENTES CASO UPAD
24 de febrero del 2020: Diputados crean comisión especial para investigar caso UPAD. Juan Diego Castro denuncia al Presidente por los delitos de violación de datos personales y de prevaricato.
25 de febrero del 2020: Fiscalía abre investigación por caso UPAD. Además, trasciende que el entonces comisionado para asuntos LGTBI, Luis Salazar, fue quien ideó el decreto que dio vida a la unidad espía.
26 de febrero del 2020: El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirma que Felly Salas, entonces jefa de despacho del presidente Carlos Alvarado, movía los datos de la UPAD.
28 de febrero del 2020: Fiscalía allana Casa Presidencial. Defensoría confirma que Presidencia hurgó en datos sensibles de costarricenses.
2 de marzo del 2020: Víctor Morales, entonces ministro de la Presidencia, es interpelado por este caso. También trasciende que a Alvarado lo asesoran varios jóvenes inexpertos llamado el Grupo de Apoyo Legal Presidencial (GALP).
3 de marzo del 2020: Renuncia Juan Alfaro, viceministro de Hacienda, luego de que apareciera una carta con su nombre en un plan de convenio de intercambio de información con la Sugef y la UPAD. Ese día también renunció Luis Daniel Soto como viceministro de Planificación. Además, trasciende que Víctor Morales, entonces ministro de la Presidencia, firmó decreto de unidad espía sin leerlo.
4 de marzo del 2020: Renuncia Víctor Morales como ministro de la Presidencia. También se anuncia que Rodolfo Méndez encabezaría el grupo para llevar gobernabilidad a Casa Presidencial.
9 de marzo del 2020: Fiscalía allana datacenter del ICE por caso de unidad espía.
12 de marzo del 2020: Despiden a los entonces asesores Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos por el caso UPAD.
5 de noviembre del 2020: Corte Suprema autoriza revisar dispositivos electrónicos del presidente Alvarado.
CONCLUSIONES DEL INFORME
“Fue evidente que un grupo de funcionarios, liderados por el presidente Carlos Alvarado, excedió los poderes y facultades que les otorgan sus puestos y la misma Constitución Política, violentaron el debido proceso y torcieron las normas administrativas a su conveniencia”
“Los testimonios e informaciones recabadas por esta comisión permiten determinar que Casa Presidencial violó el derecho de todas y todos los costarricenses de mantener privada y resguardada su información personal”
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Jueves 29 Abril, 2021
HORA: 12:00 AM
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