Firmeza contra la discriminación, el racismo y la intolerancia
Piszkas cotidianas / Sandra Piszk Feinzilber*
Los últimos años, y especialmente los últimos meses, han estado marcados por distintas manifestaciones de odio e intolerancia alrededor del mundo. Ya sean manifestaciones que desencadenan en violencia con motivos étnico-raciales como las de Charlottesville en Estados Unidos, atentados terroristas en Europa perpetrados por extremistas yihadistas, agresiones físicas contra personas sexualmente diversas, humillaciones contra personas con algún tipo de discapacidad o intolerancia contra grupos de personas que desean profesar libremente sus creencias religiosas de manera pacífica; lo cierto es que, lejos de avanzar como sociedad, hay sobrados ejemplos de que en distintas partes del mundo retrocedemos hacia la Edad Media.
Costa Rica no está exenta o vacunada contra la violencia, la discriminación, el racismo y el odio. Cada cierto tiempo, somos testigos de algún acto de intolerancia contra personas o grupos de personas por su condición sexual, religiosa, étnico-racial, o condición de discapacidad. Ni qué decir de los abusos de los que son víctimas las mujeres en el ámbito laboral, personas con VIH-Sida, adultos mayores en el transporte público y un largo etcétera de casos que evidencian algunos de los síntomas más graves de una sociedad que requiere cada día más educación y sentido de unidad, sin importar las condiciones particulares de otros seres humanos que merecen respeto y dignidad.
Conscientes de esta realidad, la mayoría de diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa elaboramos, en conjunto con la Defensoría de los Habitantes, una Ley Marco para Prevenir y Sancionar todas las formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia, la cual presentamos a la corriente legislativa desde noviembre del año 2016.
El proyecto constituye el marco legal para garantizar con firmeza el respeto, la protección, así como el cumplimiento y promoción del derecho a la equidad e igualdad de todas las personas en el territorio nacional, a través de la prevención, eliminación y sanción de toda forma de discriminación, racismo e intolerancia, contrarios a la dignidad humana; a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
La iniciativa contempla, además, la creación del Consejo Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, el cual deberá garantizar el derecho a la equidad e igualdad en el ejercicio de derechos y oportunidades para todas las personas en el quehacer del Estado. Asimismo, se plantean reformas sustanciales al Código Penal, acordes con las más altas normativas de derecho internacional en materia de delitos de genocidio, incitación y apología de odio, entre otras.
El expediente legislativo ha sido objeto de un proceso serio, responsable e integral que busca convertirse en un marco jurídico de avanzada en estos importantes temas. De tal manera, el proyecto ha sido enviado a consulta a cientos de instituciones con el fin de recibir los aportes de cada una de ellas, aportes que en muchos de los casos han venido a enriquecer el texto para una mejor aplicación de las normas que se pretende implementar, destacándose los aportes que han realizado la misma Defensoría de los Habitantes, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial, el ICE y el INS, entre otros.
De tal manera, el pasado miércoles 13 de setiembre, finalmente logramos aprobar por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos un texto enriquecido y mucho más integral, el cual esperamos que logre avanzar con prontitud para su aprobación en el Plenario Legislativo como Ley de la República.
A sabiendas de que la legislación no es suficiente y de que se requiere de mayores esfuerzos en materia de educación, formación y convivencia, la iniciativa constituye un gran paso en concordancia con las más altas normas de derecho internacional, buscando subsanar omisiones importantes que presenta nuestro ordenamiento jurídico en relación con la discriminación y el racismo, las cuales han sido reiteradamente señaladas por las órganos creados en virtud de los convenios en materia de derechos humanos, con el fin de corresponder nuestro ordenamiento con la reciente reforma constitucional del artículo primero, que declara a Costa Rica un país multiétnico y pluricultural, libre de violencia, discriminación, racismo e intolerancia de cualquier naturaleza.
*Diputada Partido Liberación Nacional
