Editorial
Fue el mismo director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Francisco Segura, el que se vio obligado a interponer un Recurso de Amparo y otro de Habeas Corpus en favor de más de un centenar de privados de libertad, casi dos semanas encerrados en las celdas de la institución.
La razón de lo anterior es la falta de espacios en el sistema penitenciario y la orden de la Corte Suprema de Justicia de no hacer más ingresos a seis cárceles del país pues están abarrotadas.
Para las autoridades judiciales el hacinamiento carcelario raya con los derechos humanos y se convierte en un arma de doble filo para los propios internos. Pero esta situación no es nueva, en los últimos años la Sala IV ha ordenado la prohibición de ingresos a centros penales por la misma causa y pese a las medidas empleadas por la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia el caos persiste y cada vez con mayor intensidad.
Bien lo ha dicho el ministro de la cartera, Fernando Ferraro, el sistema carcelario enfrenta una crisis que debe ser subsanada cuanto antes, pero no es tan sencillo pues más que un asunto de voluntad política, hay un tema presupuestario importante y eso lleva tiempo pues no hay dinero para estos fines específicos.
El caos, que una vez más enfrenta el sistema, no puede achacarse a los actuales jerarcas y tampoco a la administración Chinchilla, el asunto data de al menos dos décadas y obedece a una falta clarísima de planificación.
Es más claro que el agua, el país se ha visto obligado ante el incremento de la criminalidad, a poner en marcha normativas tendientes a la privación de libertad y así la ciudadanía también hace demandas tras sentirse perseguida y en riesgo.
Algunos jueces, pese a conocer la situación vigente, prefieren en una buena parte de los casos no exponerse a la cuestión pública y con el fundamento suficiente deciden dictar prisión preventiva a los sospechosos de la comisión de ilícitos. Eso se respeta pues es mera razón judicial.
Empero, aunado a esto, surge con muy buen incidente la ley de Flagrancia, que pone en cuestión de horas a los malhechores tras las rejas sin mucho rodeo y eso le satisface a la ciudadanía. Se le suma además la Ley de Tránsito que buena cuota aporta.
Sin embargo, lo que las autoridades nacionales no han analizado, y menos planificado a lo largo de los años, es el crecimiento paralelo de los centros de detención. Es decir, hay más leyes con penas de cárcel y eso no está mal, pero los espacios penales no crecieron al ritmo requerido.
En dos platos, hay un desface que hoy pasa facturas elevadísimas pues no es solamente un asunto de recursos, existe un riesgo inminente en la población que podría desencadenar en fugas, crímenes a lo interno y hasta la proliferación ya detectada de bandas dedicadas al crimen organizado operando rejas adentro.
Para darse una idea de la situación, según datos de Adaptación Social, actualmente la población recluida es de 13.418, cuando el cupo real debería ser de 9.828 personas. Lo anterior representa un 36% de sobrepoblación, lo que desde ya se convierte en una clara violación a los derechos humanos pues la misma Sala Constitucional, en sus pronunciamientos, establece como un número permitido cerca del 20%, lo equivalente a unos 2 mil internos.
Existe otro problema, el crecimiento carcelario es desmedido. Desde el 2005 a la fecha se habla de incremento del 80%, situación que a todas luces parece imposible de controlar y que pone en jaque las políticas penitenciarias pues al cabo de los años se han desarrollado medidas alternativas a las privativas de libertad y parece que acá muy poco hacen eco.
Urge modernizar las normas carcelarias y adecuarse a los tiempos. El tema concierne a las autoridades judiciales entiéndase jueces, policías, fiscales, al aparato legislativo, al ministerio de justicia y sin falta el Ejecutivo. El caos en los reclusorios podría ser una bomba que estalle en nuestra propia cara antes de lo imaginado y ahí si que Dios nos agarre confesados.
