Diario Extra - Máximos fiscales se apartan de Cochinilla

El caso Cochinilla, escándalo por presunta corrupción en la adjudicación de contratos para obras viales entre empresarios y funcionarios públicos, no contará con la participación de los dos máximos fiscales de la República.
Emilia Navas Aparicio, fiscal general, y Warner Molina Ruiz, fiscal subrogante, se inhibirán del proceso por vínculos o parentesco con implicados en el caso.
En el caso de Navas la decisión obedece a que Francisco Campos Aguilar, esposo de la fiscal, es representante legal de algunas de las empresas investigadas por el escándalo de aparente corrupción.
El fiscal subrogante es aquel que puede sustituir a la fiscal general por ausencias temporales o inhibitorias.
Sin embargo Warner Molina Ruiz, quien también es fiscal adjunto de legitimación de capitales y capitales emergentes, es cuñado de Elsie Carmona Rivas, funcionaria del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y una de las imputadas en el caso Cochinilla.
El Ministerio Público y la sección Anticorrupción del OIJ investigan presuntos delitos de peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos y tráfico de influencias.
Actualmente 33 personas se encuentran imputadas, no obstante se espera que el número de investigados por la presunta red de cuido del Conavi, que le costó al país ¢78 mil millones, ascienda a más de 70.

INHIBITORIA

La inhibitoria de Navas se conoció el pasado lunes, día en que se produjeron los 57 allanamientos en diferentes puntos del territorio nacional, que generaron la detención de 30 personas.
La de Molina se dio a conocer este miércoles. Solicitó apartarse del proceso ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
De acuerdo con la oficina de prensa del Ministerio Público, la solicitud la hizo como fiscal y no como subrogante porque en este cargo su nombramiento empieza el 18 de junio.
“El motivo de la inhibitoria es por causal de parentesco con una de las personas investigadas. Precisamente el Código Procesal Penal, en su artículo 66, establece la excusa y recusación aplicable a funcionarios del Ministerio Público, cuyos motivos establecidos son los mismos que aplican para jueces de la República. La Ley Orgánica del Ministerio Público también regula la excusa de sus funcionarios”, detalló la oficina de prensa.

DETALLES

El Ministerio Público enfatizó en que el caso 19-000025-1218-PE lo investiga la Fiscalía Anticorrupción y que hasta el momento no se requiere que la Fiscalía General de la República conozca el expediente.
Detallaron que no existe ninguna persona con fuero especial o inmunidad, entre ellas presidente, ministros, diputados o magistrados, que estén implicados en los hechos.
Eso sí, enfatizaron que si en el futuro la Fiscalía General de la República debe tramitar un expediente paralelo al que se citó antes porque figura una persona con fuero especial, se deberá aplicar el Protocolo para la prevención, identificación y gestión de los conflictos de interés de la Fiscalía General a Fiscal General del Ministerio Público, que se creó en 2019.

ANUNCIAN MEDIDAS

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) anunció una serie de medidas para colaborar con las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Algunas de ellas son las siguientes.

   •   Ordenar a la Auditoría Interna de Conavi efectuar investigaciones preliminares sobre los funcionarios involucrados en el caso Cochinilla.
   •   Ordenar a la Auditoría Interna una investigación en relación con las empresas involucradas en los contratos administrados por el Conavi por los aparentes hechos de corrupción.
   •   Investigar si se sustrajeron recursos financieros del Conavi, determinar el modus operandi y el destino final de los recursos, además del monto sustraído.
   •   Instruir a los funcionarios del Conavi que faciliten la información que requiera el Ministerio Público, las auditorías internas y demás instituciones de control.
   •   Promover una evaluación del sistema de control interno institucional para detectar debilidades y deficiencias que facilitaron las presuntas irregularidades denunciadas.
   •   Investigar cualquier otro asunto contrario al deber de probidad en la función pública por los supuestos hechos de corrupción.
   •   Informar a la Contraloría General de la República sobre el proceso penal para ejercer las competencias establecidas por ley sobre la tutela y protección de recursos públicos.

Fuente: Conavi.