Veintitrés planes reguladores se aprobaron antes del año 2000, según estadísticas del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Entre los cantones que aparecen en la lista facilitada por la institución destacan Mora (1993), Santa Ana (1991), Coronado (1998), Curridabat (1990), Pérez Zeledón (1984), San Carlos (1982), La Unión (1992), Oreamuno (1991), Belén (1997), Liberia (1983), Nicoya (1983), Santa Cruz (1983), Cañas (1980), Tilarán (1985), Puntarenas (1981), Buenos Aires (1984), Osa (1984), Golfito (1992), Coto Brus (1981), Parrita (1982), Corredores (1982), Limón (1993) y Pococí (1982).
Algunos de ellos fueron modificados o actualizados hace más de una década, por lo que las autoridades dedicadas a la vivienda y el urbanismo hicieron el llamado a los gobiernos locales de prestar atención a esos rubros.
El plan regulador es una herramienta básica que permite hacer eficiente la inversión pública y garantizar la seguridad de los habitantes dentro de una comunidad.
COSTOSO
Tomás Martínez, presidente ejecutivo del INVU, argumentó que el costo del plan regulador depende del área de cobertura de la población y sus características, aunque detalló que rondaría entre ¢120 millones y ¢300 millones.
Indicó que el componente más costoso para desarrollar las radiografías comunales son los estudios ambientales.
“Hay una asimetría y un contraste entre una herramienta que es muy vieja y una dinámica territorial que presione. Muchas veces, al ser procesos costosos, al ser procesos lentos, al tener que pasar por varias instituciones a la vez, muchos municipios desistieron en el camino”, expresó.
El jerarca comentó que las intenciones de las autoridades comprenden reactivar los procesos garantizándoles a los municipios que tienen acceso a los cuatro elementos básicos para un plan regulador: información, procedimiento, acompañamiento y financiamiento.
IMPACTOS
Detalló que el decreto 39150 permite a los gobiernos locales trabajar con la información que ya existe y no necesariamente deban pagar o contratar estudios hidrogeológicos de muy alto costo que permitirán la reducción de hasta un 40% en la tarifa.
El jerarca del INVU detalló a DIARIO EXTRA que un plan regulador desactualizado podría generar un impacto que puede manifestarse desde afectaciones ambientales por desarrollos en áreas que no son aptas, costos altos en infraestructura y servicios.
También detalló que el impulso a la inversión pública sería poco eficiente por medio de presas, congestionamiento, dificultades en movilidad y que se traduce en un deterioro en la calidad de vida.
• Alberto Cole, Osa
“El costo es elevado, pero, más que el costo, es la tramitología. Este país está muy centralizado y una institución que debería ser rectora, que debería tener como objetivo número uno sacar los planes reguladores del territorio es el INVU y realmente ha quedado debiendo. Últimamente han hecho algún esfuerzo, pero ese esfuerzo es sumamente mínimo, a pesar de que las Municipalidades hemos estado desde el 2004 haciendo un plan regulador integral, pero aparecieron los índices de fragilidad ambiental que vinieron a complicar prácticamente todo”.
• Luis Gerardo Castañeda, Liberia
“El plan regulador me cuesta ¢150 millones. Estamos haciendo números para buscar un plan regulador porque el que tenemos se hizo en 1983 y actualmente está obsoleto, mucha liberación para la construcción y queremos tomar el control de construcciones de residenciales y otros proyectos de interés”.
• Gerardo Oviedo, Santa Ana
“El plan regulador fue aprobado por Setena a principios de diciembre. Para el 16 de enero tenemos una audiencia de prueba virtual para ya programar la audiencia definitiva que sería a mediados de febrero y luego aprobar ya definitivamente el plan regulador y enviarlo al INVU que contará con tres meses para aprobarlo. Se prevé contar con el instrumento aprobado para finales de julio”.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Fotos: Francisco Herrera
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Martes 29 Diciembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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