La atención de la pandemia del Covid-19 en nuestro país hasta este momento le ha demandado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la solicitud de 12 contrataciones directas a la Contraloría General de la República (CGR).
La Caja tuvo que tomar ¢52.105.914.460,5 para destinarlos a la compra, en su gran mayoría, de equipo médico, según consta de un cálculo propio efectuado tras sumar los montos que tienen como primera emisión el 17 de marzo del presente año.
Justamente, en aquella oportunidad el primer monto que se autorizó fue de ¢2.379.626.737 y de acuerdo con la descripción que ofrece el órgano contralor, en la solicitud de autorización de gasto, se mencionó que era para la compra de equipo médico.
Otros montos que aparecen en la autorización son por ¢747.586.395 que la institución destinó para la contratación del transporte aéreo para traer una serie de insumos desde China o los más de ¢30 mil millones que se autorizaron para hacer una modificación de carrocería a las ambulancias.
La última de las autorizaciones es de este jueves 7 de mayo por un monto de ¢5.640.835.567; en la descripción que ofrece la entidad que dio el aval se menciona que el dinero se destinaría a servicios de reparación de techos y canoas del Centro de Atención Covid-19 (Ceaco). (Ver recuadro al final con todas las contrataciones)
Recordemos que el Ceaco es el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare), que recibió una inversión de $14 millones para readecuarlo a los principios y necesidades de atención de la pandemia del Covid-19.
DIARIO EXTRA consultó a las autoridades de la CGR sobre los mecanismos de aprobación de cada una de las partidas presupuestarias mediante compras directas que lleva por ahora la entidad de seguridad social.
“Corresponde indicar que esas gestiones se dan según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa y 140 del reglamento de esa ley, así como lo previsto en el decreto de emergencia dictado para la ocasión número 42227”, respondieron en un correo electrónico con asignación a la División de Contratación Administrativa del órgano contralor.
Además, la entidad manifestó que es la administración financiera de la institución la que debe ejercer un uso de los recursos en apego a la normativa, es decir, como garantía de que será exclusivo para situaciones vinculadas a la emergencia de la pandemia para procurar la continuidad de los servicios, prevenir o atender la enfermedad.
DIPUTADOS VIGILANTES
Asimismo, el Periódico de Más Venta en Costa Rica buscó a diputados de la Asamblea Legislativa para conocer sus opiniones sobre los destinos y presupuestación de la emergencia, considerando que el momento no se presta para cuestionamientos por la atención de la emergencia, sino a futuro con el balance financiero.
En esa orientación algunos legisladores fueron cautos en cuanto al futuro control de estos recursos.
“Estamos preocupados por una oportuna rendición de cuentas, dado que la cantidad de recursos a manejar e invertir en la atención de la pandemia, pues es realmente impresionante. Hablamos de cambio de destino de préstamos que de una u otra manera implican muchos millones de colones y dólares”, expresó la socialcristiana Shirley Díaz.
Uno que fue más vehemente y crítico fue Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), quien afirma que nadie le justificó si en efecto los recursos se requieren así o no.
“Hemos hablado en el tema del Cenare, que el dinero invertido no fue un uso inteligente de recursos porque desprotegimos a un sector que necesitaba del centro, al igual que se descuidaron cirugías y otros temas”, manifestó Múñoz Céspedes.
Teniendo como horizonte la correspondiente rendición de cuentas y transparencia de datos, la subjefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), Ana Karine Niño, también se mostró preocupada por los montos de las compras autorizadas.
“En este momento de premura por la emergencia, por supuesto uno confía en que se harán las cosas de manera correcta, sin embargo, nos preocupa todos estos temas que están saliendo, pero no queremos dejar de lado la institucionalidad, tema que nos tomamos en serio”, dio a entender la legisladora.
Se envió la consulta formal a la CCSS, sin embargo, a cierre de edición no teníamos detalle sobre los mecanismos de control que aplicará la administración.
SINDICATOS OPINAN
Lenín Hernández
Secretario General Sinae
“Hay una erogación económica importante y habrá que emitir los informes para ver el control interno. Ahora, desde el punto de vista técnico, notamos que definitivamente hay aprovechamiento de casas comerciales con relación a los insumos, en particular equipos de protección, donde elevaron precios hasta 3 o 4 veces”
Marta Rodríguez
Secretaria Adjunta Undeca
“La jerarquía institucional debe explicar con absoluta transparencia cómo se efectúan esas compras directas porque con la historia existe un manejo de que muchas compras directas la institución no lo hace como entidad, sino que cada centro pide una autorización de gasto por su parte”.
