Evitar una crisis dentro de otra crisis: Propuestas para garantizar la seguridad alimentaria
Carlos Alberto Bolaños Céspedes* / Está Legal
Asistimos hoy a la mayor crisis sanitaria de la humanidad en más de cien años. Lamentablemente, aparejada a la crisis sanitaria, vienen otras consecuencias de similar magnitud: la crisis económica y la crisis alimentaria.
Ya se ha hablado de la pérdida de millones de empleos en el mundo y de la recesión para América Latina que anuncia la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
No obstante, tan grave o peor es la alerta que lanzan organizaciones como la FAO (Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación) y el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) sobre la escasez de alimentos que se puede presentar a escala global en los próximos meses y las nefastas consecuencias para la alimentación y nutrición de millones de personas en el mundo.
No es que no existiera hambre en el mundo antes del Covid-19, pues la FAO reporta persistentemente desde hace años más de 800 millones de personas en el mundo con hambre. Aun así, lo que ahora se nos presenta es la globalización de la escasez de alimentos, independientemente del estrato social al que pertenezcamos, pero con catastróficas consecuencias para las poblaciones más vulnerables.
Ya se registran por parte de FAO signos de política alimentaria mundial que recuerdan la crisis financiera de 2008. Van dirigidas a garantizar la seguridad alimentaria de cada país. Así, Vietnam dejó de firmar contratos de exportación de arroz; los países del área de influencia de Rusia han implementado medidas para asegurar sus suministros, Argentina revisa tasas de impuestos a la exportación de productos y China, Pakistán, México y Brasil están aumentando los precios que se pagan a sus productores agrícolas por el trigo, arroz o maíz.
En 2008 la crisis financiera mundial tuvo tal profundidad que algunos contingentes de productos agrícolas se convirtieron en commodities negociables en el mercado y varios países cerraron sus exportaciones. En algún momento se informó que las existencias mundiales de arroz eran solo de sesenta días.
En ese marco las amenazas no pueden ser más claras y tenemos que prepararnos, al igual que lo hemos hecho en materia de salud, parar afrontar el reto de garantizar la seguridad alimentaria, a través de la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos de nuestra dieta básica y a toda la población. Los más afectados van a ser primero las poblaciones vulnerables por los altos precios que van a darse, pero también la generalidad de la población con capacidad de compra, pues se va a ver afectada la disponibilidad.
Nuestro país tiene fortalezas y debilidades en este campo. Actualmente solo producimos alrededor del 50% del arroz y el 25% de los frijoles, se importan papas y otros productos hortícolas básicos. Aun así, tenemos una base productiva de pequeños y medianos productores que con el adecuado apoyo pueden incrementar rápidamente la producción para el consumo nacional.
Contamos con una institucionalidad agropecuaria que puede, al igual que en otros momentos, generar la respuesta necesaria, que esperamos surja de la Mesa Agroalimentaria del Gobierno, para garantizar nuestra seguridad alimentaria, con medidas a corto y mediano plazos para garantizar el aumento de producción, mantener y fortalecer las cadenas de distribución, conjurar la especulación de los precios y sobre todo garantizar los alimentos a poblaciones empobrecidas.
En ese contexto nos parece importante: 1) Implementar una Red de Alimentos para poblaciones vulnerables, llamada en otros países Bancos de Alimentos. Se trata de aprovechar antes de su caducidad los productos que no aprovechan supermercados y restaurantes y establecer una red de recolección y mantenimiento de los mismos para distribuir a comunidades en condiciones de vulnerabilidad, con el apoyo de organizaciones públicas y privadas. Estas redes ya existen en otros países, aprobadas mediante leyes que penalizan el desperdicio, como es el caso de Francia y Argentina.
2) Urge un Plan Nacional de Alimentos que incremente la producción de granos básicos y su distribución a través del PAI (Programa de Abastecimiento Institucional del CNP). 3) Es indispensable que el Inder (Instituto de Desarrollo Rural) active un programa de estímulo a la siembra para autoconsumo y comercialización en los asentamientos campesinos y territorios rurales, aplicando sus facultades para dotar de paquetes tecnológicos (semillas, insumos, herramientas y crédito) a los productores rurales. El artículo 15 inciso l) de su ley lo autoriza a hacerlo.
4) Finalmente, es necesario que la Asamblea Legislativa se aboque a conocer y aprobar una ley para la reactivación social, económica y productiva del sector agropecuario, que contemple aspectos como condonación de deudas, acceso a la tecnología a los productores, creación de fondos para la adaptación al cambio climático y el apoyo a la creación de empresas agrarias, sobre todo con crédito diferenciado y seguros a los productores agropecuarios. En ese sentido existen varias propuestas desde los sectores campesinos y productivos del país.
A diferencia de otras crisis alimentarias, en este caso debe mejorarse la capacidad de producir en condiciones de mayor sanidad e inocuidad.
Hay que entender finalmente, aunque no lo queramos, que la globalización y el multilateralismo están en un franco deterioro, esperemos temporal, por las políticas aislacionistas de países y bloques económicos, por ello, al igual que se ha planteado para el tema de los suministros médicos, tenemos que diseñar respuestas nacionales. Cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán los efectos negativos.
*Profesor UCR
Cátedra de Desarrollo Rural Sostenible, Posgrado en Derecho Agrario y Ambiental, Coordinador Comisión de Derecho Agrario
Las opiniones antes expresadas corresponden al autor y no representan la posición oficial del Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica.
