La compra de dos terrenos por un monto aproximado de ¢294 millones por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), los cuales no cumplen con la idoneidad llevó al allanamiento de la institución.
Se trató de seis operativos realizados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), quienes investigan a dos personas, funcionarias del MEP, por presuntamente cometer los delitos de enriquecimiento ilícito e influencia en contra de la hacienda pública.
El operativo se realizó en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El personal de la Fapta decomisó prueba documental en las oficinas centrales del MEP, específicamente en la Dirección de Tecnología, Dirección Financiera, Departamento de Gestión de Trámites y Servicios de la Dirección de Recursos Humanos.
La Fiscalía también allanó la empresa Geocad S.A. En los recintos del MEP y en la compañía allanaron los despachos de los imputados.
“No es posible brindar el nombre de los investigados, ya que, por política de la Fapta, solo se podrá hacer cuando las personas hayan sido indagadas; sin embargo, la investigación en su contra continúa en desarrollo”, confirmaron en el Ministerio Público.
HECHOS
Los hechos que llevaron a estos seis allanamientos tienen relación con la presunta compra de dos terrenos para la construcción del Liceo de Copey y la Escuela de Las Vueltas de Tucurrique.
Al parecer, los terrenos fueron adquiridos pese a que tenían un impedimento legal para usarse en su totalidad.
El caso se puso en conocimiento de la Fapta este año, por medio de una denuncia, por la cual se abrió la causa 19-000264-1218-PE.
MEP RESPONDE
Por medio de un comunicado, en el MEP afirmaron que el Despacho Ministerial y la asesoría jurídica se pusieron a las órdenes de la investigación.
Añadieron que la ministra de Educación, Guiselle Cruz, el mes pasado remitió el oficio DMS-1439-2019 al auditor institucional, Edier Navarro, con el objetivo de solicitar un análisis de las cuestionadas acciones de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE).
En ese oficio la jerarca advierte de la necesidad de investigar todo lo que cause daño a la comunidad educativa y el erario público.
“Dado que pueden existir otras situaciones similares, solicito considerar la posibilidad de programar una investigación más amplia, que permita determinar si existen anomalías similares en otras adquisiciones en un periodo de cinco años”, cita el oficio de la ministra.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
CRÉDITOS: Foto: Isaac Villalta
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Martes 17 Diciembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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