Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), conversó con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Paola Hernández, directora de DIARIO EXTRA, sobre cómo encontró la institución cuando asumió, hace poco más de un año.
Entre las muchas falencias encontró pendientes de emergencias anteriores, tales como el terremoto de Nicoya en 2012, el huracán Otto en 2016 y la tormenta tropical Nate en 2017.
También se refirió a las trabas que enfrentan, los conflictos con las municipalidades, el presupuesto de la CNE, las órdenes sanitarias en sus edificios y la más reciente emergencia por las lluvias en Golfito, situaciones que se exponen en la siguiente entrevista.
¿Cómo encontró la institución?
-Con pendientes muy fuertes después de Otto y Nate, con el arrastre de la sequía de 2014 a 2016 y un evento de lluvias que había afectado el Caribe, y sin plata. Para 2019 se incorporaron ¢45.000 millones aproximadamente para obras, entre las que se incluye la reconstrucción del Dique de Térraba, que está superdañado, prácticamente desapareció con la tormenta tropical Nate, y aproximadamente ¢36.000 millones que se destinaron para el resto de obras, que es como un 10% de lo que tenemos que reconstruir porque más o menos en pendientes de reconstrucción andamos por ¢300.000 millones.
¿Qué hacen las unidades ejecutoras?
-El mecanismo del Fondo Nacional de Emergencias implica que las unidades ejecutoras hacen un plan de inversión. Uno de los temas más complicados ha sido mover a las unidades ejecutoras porque llegamos y nos encontramos con que prácticamente desde marzo-abril de 2018 se giró una indicación de que no se tramitaban proyectos porque no había disponible. Conforme logramos la reactivación del Fondo hubo que empezar a reactivar a las municipalidades para gestionar los proyectos. Ese es uno de los temas más complejos porque los gobiernos locales tardan mucho en gestionarlos.
¿Qué encontró con rezago?
-Pendiente de reconstrucción del sismo de 2012 algunas infraestructuras de parques nacionales y algunas escuelas. Aquí es importante mencionar que la infraestructura educativa no entró en el decreto porque el Ministerio de Educación Pública (MEP) dijo que la reconstruiría con sus propios recursos, en la mayoría de los casos no la incluye en el decreto. De hecho, en Otto y Nate la CNE tampoco tiene infraestructura educativa, excepto unas pocas escuelas que se van a reconstruir con recursos donados en campañas. Con Otto (dos años después del huracán) no había ni un diseño, entonces nos abocamos a eso y a temas de vivienda y escuelas.
¿Por qué los atrasos en vivienda?
-Otto dañó más o menos 400 viviendas, de los cuales más de 100 calificaban. A ese tema de calificación hay que ponerle atención porque por la legislación actual no se puede reponer vivienda en caso de emergencia a alguien que no esté dentro de la línea de pobreza y que no cumpla con los requisitos para otorgarle un bono de vivienda.
¿Qué cambios se requieren para asignar viviendas por una emergencia?
-Tenemos un proyecto de ley para reformar la Ley del Sistema Financiero de Vivienda que nos permita en caso de emergencias manejar en forma diferenciada los topes. En teoría la línea de bonos de vivienda y la de emergencias no deberían cruzarse, pero en la práctica todo se va por la vía de emergencia y vivienda va por la vía ordinaria, pero no entra en lugar prioritario y se atrasa. La línea de bonos de vivienda se maneja a través de un desarrollador, la mayoría fundaciones dedicadas a eso. Entonces si tenemos un precario o una población que requiere vivienda, siempre viene alguien que aglutina a todas esas personas, les hace los trámites, prepara los expedientes y los lleva a los entes financieros, donde se califica y formaliza para pasarlos al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). En una emergencia no hay quién haga eso. Estamos proponiendo una reforma de ley que permita en caso de emergencia trabajar con requisitos diferenciados.
¿Qué siente al ver la lentitud en los procesos?
-Es terriblemente frustrante para alguien como yo, acostumbrado a atender emergencias, ver que las cosas no se mueven, pero todo mundo demanda que se hagan. Nos hemos abocado a empezar a concientizar a los alcaldes y las unidades técnicas de gestión vial de las municipalidades, que deben moverse. Vamos a apoyar, pero deben moverse. Lo que hicimos fue reforzar el equipo que va a la municipalidad y se trae los proyectos. La comunidad no tiene por qué pagar la poca proactividad del funcionario público.
¿Cómo impulsar la inclusión y uso de planes reguladores?
-Estamos trabajando bajo el liderazgo de la primera dama en un proyecto relacionado con el tema de planes reguladores. Hay un proyecto donde hemos tomado 20 municipalidades piloto, el cual se financia con recursos del Fondo Verde, para apoyarlas en el desarrollo de actividades orientadas a fortalecer los estudios, a actualizar la información. En Guanacaste hicimos el lanzamiento con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) de la estrategia municipal, que es de gestión de riesgo. Buscamos generar el compromiso de los ayuntamientos en incidencia política en temas como planes reguladores y fortalecimiento, que puedan verse no solo con el alcalde, sino también con los regidores y el Concejo Municipal.
¿Existe algún mecanismo para obligar a las municipalidades a tener un plan regulador en un plazo?
-No por nuestra parte. La ley nos manda a brindarle la información a los municipios sobre las zonas de riesgo para que estos tomen la acción de regulación. En las zonas donde tengamos condiciones de riesgo no mitigable sí podemos hacer declaratorias a partir de un mecanismo que se llama resoluciones vinculantes sobre el uso del suelo. Hay varios niveles, el primero es el informe técnico de la CNE, que adquiere carácter vinculante, entonces un municipio por su autonomía frente a ese informe puede declarar una zona como de alto riesgo. El otro nivel es cuando hay que tomar una resolución vinculante en una zona más grande, por ejemplo lo que se hizo en el volcán Arenal cuando se declararon las zonas donde no puede haber actividad humana. Sin embargo la CNE, salvo que lo lleve a una resolución vinculante y decir “en este sitio no se puede hacer”, no puede obligar a las municipalidades a definir todo su plan de ordenamiento territorial.
¿Buscarían reformar la CNE?
-Trabajamos a partir de la estrategia de gobierno en redefinir varios temas, entre ellos el modelo de gestión de riesgo, que pasa en primera instancia por revisar el mecanismo financiero. El Fondo Nacional de Emergencias, con cargo al presupuesto nacional, se estableció hace 50 años y fue un modelo visionario. Todavía hay algunos países que no tienen un fondo como el nuestro, pero a todas luces estamos rezagados. En un país como Costa Rica, con una deuda como la que tenemos, la mayor parte del presupuesto viene justo de deuda. Si financiamos el Fondo con presupuesto nacional, lo estamos financiando en gran parte con deuda.
¿Las instituciones pagan a tiempo el tributo a la CNE que establece la ley?
-La prevención y lo que llamamos primeros impactos, que son la atención de emergencias no declaradas, se financian a partir del tributo que establece la Ley de Emergencia, que es un 3% del superávit libre de las instituciones centralizadas y descentralizadas, todas las que generan sus propios tributos. No hemos logrado cuantificar el monto total porque dependemos de la declaración y como ni declaran, entonces no tenemos un estimado. Entre las más rejegas están las universidades y las municipalidades, pero el tema con las universidades es complejísimo porque no pagan y tenemos que darles fondos, equipos y demás a institutos como el Ovsicori y la Red Sismológica Nacional. Mientras que con las municipalidades se trabaja en la opción de que ese dinero no entre a las arcas de la CNE, sino que el propio ayuntamiento lo utilice en obras de prevención y atención de emergencias. Además de las municipalidades y las universidades estatales deben dar recursos de su superávit instituciones como Racsa, Recope, Jasec, AyA, ESPH, Correos de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular, Banhvi, Teatro Nacional, Teatro Melico Salazar, PANI, Senara, Senasa, Sinac, Inamu, INVU, IAFA, IMAS, INA, INEC, Infocoop, IFAM, Inder, ICD, ICT, Incofer, Incop, Incopesca, Inciensa, Icoder, Fonafifo, Fonabe, CNP, Cosevi, Conapam, Conape, Bomberos y museos, entre otras.
¿Cuál es el disponible del Fondo Nacional de Emergencias?
-El Fondo Nacional de Emergencias tiene una cartera de proyectos que están en ejecución y nos encontramos con muchos decretos que no estaban totalmente liquidados, entonces estamos en una fase de liquidación de decretos viejos para restablecer el Fondo.
¿Qué opina de la denuncia del sindicato sobre el mal manejo de los recursos y viajes?
-Los viajes estamos hablando de un periodo de cuatro años. Llego en 2018 y lo primero que hago es girar una directriz para balancear esos viajes. Eso implica que la Comisión de Cooperación recibe las solicitudes, las revisa y en algunos casos -no en todos se puede- se hace una divulgación a todo el personal para que la gente se interese. Hay viajes que son cursos y esos son democráticos, hay viajes relacionados con el puesto específicamente y uno no puede mandar a cualquier persona.
¿Qué piensa de las órdenes sanitarias en la CNE?
-Las giraron en 2011. Hay una parte que está sobre un deslizamiento, cada vez que se mueve un poquito el terreno, el edificio se desalinea un poquito. La otra es una situación grave. En 2009 hay un incendio en la bodega y se pierde la capacidad de almacenamiento. No se reconstruye, pero otra bodega se remodela para albergar a un grupo de gente, aunque estructuralmente no tiene la capacidad de soporte. Eso lo determinaron en 2011, cuando deshabilitan la segunda planta del edificio administrativo y mueven a un grupo de gente al Centro de Operaciones de Emergencia (COE), dejan al país sin el COE.
¿Han pensado en trasladarse?
-Administraciones anteriores han hecho estudios para movilizarse, pero eso tiene implicaciones en términos del gasto. Hemos pensado en un alquiler parcial. Se debe entender que el país no tiene un centro de manejo de emergencias, no tiene un COE, no cuenta con la infraestructura para hacer el manejo de las emergencias. Hemos trabajado en la sala de sesiones, en sedes alternas, entonces hablamos con el presidente Carlos Alvarado, quien instruyó al presidente ejecutivo del INS y a mí para que avanzáramos en la definición del COE.
Extradirecto
n CNE: Solidaridad
n Fondo Nacional de Emergencias: Responsabilidad
n Emergencias: Humanidad
n Municipalidades: Coordinación
n Gestión de riesgo: El reto
n Prevención: El ideal
n Comités comunales de emergencia: Participación
n Reforma o reestructuración de la CNE: Un pendiente
n Cooperación: Obligación
n Simulacros: Práctica
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
CRÉDITOS: Fotos: Jesús Ramírez
EMAIL: [email protected]
Miércoles 02 Octubre, 2019
HORA: 12:00 AM
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