Derecho de respuesta: Consultoría al Cun-Limón es legal
Mario José Varela Martínez* Karleny Clark Nelson**
No son ciertas las denuncias de tres sindicalistas de las que informó Diario Extra en una noticia del pasado miércoles 21 de agosto de 2019 titulada “Pagan ¢50 millones por consultoría ‘ilegal’” porque la contratación del licenciado Varela Martínez como consultor del Colegio Universitario de Limón (Cun-Limón) dista mucho de ser ilegal.
Los tres sindicalistas que visitaron el Diario Extra tergiversan la verdad real de los hechos y me difaman como experto de Derecho Laboral, Talento Humano y Negocios, al asegurar que mi contratación fue a dedo y que debo estar inscrito ante el Colegio de Ciencias Económicas. La realidad dista mucho de las falacias sindicales de los entrevistados. El objeto contractual de la consultoría es Derecho por lo tanto el perfil profesional que se solicitó fue el de un abogado, inscrito ante el colegio profesional respectivo, tal y como lo estoy.
Desconocen los sindicalistas a los que este diario les dio voz que el derecho laboral cambió. Con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral, las nuevas tecnologías y la cuarta revolución del empleo, un experto en derecho laboral que no maneje las funciones del Talento Humano y el propósito patronal está obsoleto. Por ello, además de mi licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica, me he capacitado como coach internacional graduado en el Tecnológico de Monterrey; cuento con un diplomado en Administración de Negocios, una especialización de recursos humanos, master en Business Administration y un master en Business Analitycs, todos ellos del Incae Business School.
Las necesidades del Colegio Universitario de Limón, para esta consultoría, se derivan del derecho laboral, pero visto este desde un enfoque integral, como valor agregado, que el consultor conozca temas de talento humano y propuesta de valor, dada la Reforma Laboral promulgada en el 2017 son accesorias pero no indispensables, contrario sensu, un especialista en Recursos Humanos y Negocios no podría realizar los objetivos principales de la contratación en virtud de lo anterior, es que la institución solicitó como profesión base la de ser abogado y no otra profesión.
Mienten los sindicalistas, en el sentido de que la contratación no fue por ¢50 millones y no se ha cancelado dicha suma, el contrato está vigente y en proceso.
Mienten los sindicalistas, en el sentido de que esta contratación fue a dedo, cuando en realidad tal y como se observa en el Sistema de Compras Públicas de la Institución, existieron otros oferentes que cumplieron con los requisitos del cartel y que participaron pero no obtuvieron el puntaje mayor.
*Abogado
**Decana
