Al darse la votación para la escogencia del Directorio legislativo, este 1° de mayo, significa cambios en la conformación de las Comisiones Legislativas.
Uno de estos órganos del Congreso que actualmente está bajo el escrutinio público, debido a la alta ola de criminalidad y violencia que se vive en el país, es la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, actualmente presidida por Gloria Navas.
Sin embargo, según mencionó el politólogo Fabio Masís, es muy difícil que los proyectos de ley que ya están asignados a dicha comisión plenaria sean cambiados, porque existe toda una legislación para evitar que, con las variaciones que pueda sufrir uno de estos órganos legislativos, los proyectos queden botados.
“El tema de la variación en la Comisión, independientemente de si varía la Presidencia y la Secretaría o no, o si varían todos los miembros o no, ya hay una serie de proyectos asignados a la Comisión de Seguridad, los cuales deben ser conocidos y transmitidos en esta Comisión. Luego del voto de la Sala Constitucional, en la Ley de Jornadas Excepcionales, la Sala fue muy tajante en que los proyectos deben ser conocidos por la Comisión a la que fueron asignados, y no pueden trasladarse tan fácilmente. Entonces, es muy difícil que vaya a variar la agenda, lo que sí es cierto es que estos próximos cuatro meses el Ejecutivo es el que transmite los proyectos de ley”, aseguró Masís.
ANTECEDENTES
Debemos recordar que los congresistas de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, junto con el Poder Ejecutivo, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial, han mantenido una serie de reuniones para crear iniciativas de ley con el fin de mitigar la ola de violencia y de criminalidad que viene enfrentando Costa Rica. De dichas reuniones resultaron 10 proyectos de ley, los cuales de momento únicamente dos han sido aprobados en segundo debate por el Plenario.
PRÉSTAMOS GOTA A GOTA
Uno de los proyectos aprobados por la Asamblea Legislativa referente al tema de seguridad es el castigo de los préstamos gota a gota.
Dicha ley interpone cuatro años de prisión a quien, mediante la intimidación o amenazas por cualquier medio, obligue a otra persona a pagar una deuda u obligación crediticia.
Pero, además de esto, la pena se agravaría si la víctima es menor de edad, persona adulta mayor o con alguna situación de discapacidad. En estos casos, la pena de cárcel pasaría a ser de cinco a 10 años.
De igual manera, si llegaran a existir amenazas por parte de dos personas o más o agresiones tanto físicas como psicológicas y se utilizaran armas o se causaran daños a la propiedad, la pena de prisión podría aumentarse de 8 a 15 años.
FORTALECER TRIBUNALES DE FLAGRANCIA
Otra de las iniciativas que salieron de estas reuniones y actualmente ya es Ley de la República consiste en el proyecto de fortalecimiento de los tribunales de flagrancia.
Este pretende agilizar los procesos en que una persona sea aprehendida cometiendo un delito fraganti o, dicho de otro modo, que las autoridades la atrapen cometiendo el delito.
Con la nueva legislación, se pretende que exista un proceso prácticamente inmediato de enjuiciamiento de las personas sospechosas de ser autoras o partícipes de un delito, por el hecho de haber sido sorprendidas y aprehendidas en circunstancias que hacen sumamente evidente que cometieron un hecho delictivo.
Pero existen otros proyectos de ley que aún no han sido aprobados en la Asamblea. Por ejemplo, la ley para el fortalecimiento del marco sancionatorio de los delitos cometidos con armas de fuego prohibidas, reforma de la Ley de Armas y Explosivos.
Asimismo, la ley para regular el beneficio del arresto domiciliario con brazaletes electrónicos y la ley para fortalecer el registro judicial con el fin de evitar la impunidad, entre otras.
PERIODISTA: Andrés Ulloa
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Jueves 02 Mayo, 2024
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