La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo interpuesto por Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), contra Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, por el caso Hivos.
Sánchez recurrió al máximo tribunal el 10 de marzo para denunciar que supuestamente Crespo les negó información relacionada con la salida de la Defensoría de los Habitantes del convenio marco con el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (Hivos).
Dicho convenio es el del proyecto país “Costa Rica un Modelo Sostenible de Prevención Combinada y Atención a la Población de Hombres que tienen Sexo con Hombres y Trans Femenina”, lo anterior para la atención de las poblaciones con VIH-Sida.
Sánchez envió una serie de consultas al órgano defensor, sin embargo argumentó que la respuesta nunca llegó dentro del plazo de ley, lo cual violentaría el derecho de acceso a la información pública.
Dentro de la información solicitada por Sánchez se encuentra la del presupuesto que la Defensoría de los Habitantes destina a la iniciativa y la negativa a recibir $160.000 para ejecutar proyectos a favor de la población.
También solicitó que se diera una justificación sustentable para promocionar y divulgar los derechos humanos de los habitantes.
“La Defensora debió, por su propia cuenta, responder a todos los cuestionamientos que ha generado la renuncia al Proyecto VIH-Costa Rica. Con sus actos ha dañado la imagen y la credibilidad de la DHR, cuyo fin es velar por la protección de los derechos humanos de todos los habitantes”, dijo Sánchez.
NO HAY LESIÓN
Por medio de la resolución No.2021006962 la Sala Constitucional señaló que la Defensoría de los Habitantes respondió a la parte accionante el 10 de marzo de 2021.
En las respuestas se detalló que el proyecto conocido como Hivos manejó $6,5 millones de 2016 a la fecha y que en los próximos años recibirá $2,4 millones.
“La existencia de una denuncia penal interpuesta por la propia Defensoría y el criterio legal para no ser juez y parte en dicho proyecto pesaron al momento en que se dio la decisión de decretar oficialmente la salida formal del proyecto”, indicó Crespo.
“La Sala Constitucional no constata lesión alguna a los derechos fundamentales del amparado, pues en la especie se verifica que la respuesta a la gestión de marras fue remitida al recurrente el 10 de marzo de 2021, sea, con anterioridad a que la autoridad accionada fuera notificada de la tramitación de este recurso”, apuntó la Sala.
La Defensoría de los Habitantes argumentó que parte de su salida se debía a cuestiones presupuestarias y también porque la institución se constituiría en juez y parte al conocer denuncias contra el funcionamiento del proyecto.
EL CASO
La Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José confirmó la apertura de la investigación contra Jeannette Carrillo Madrigal, directora de Promoción y Divulgación de la Defensoría de los Habitantes, y su hija Yaruma Vásquez Carrillo.
La información fue confirmada a DIARIO EXTRA por la Oficina de Comunicación del Ministerio Público, quien detalló que el presunto delito que investigan es tráfico de influencias.
El caso se tramita bajo el expediente 21-000119-0619-PE y se encuentra específicamente en la etapa de recolección y análisis de prueba.
Carrillo Madrigal, siendo funcionaria responsable del convenio marco entre el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (Hivos), autorizó que el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI) fuera el subreceptor 05.
La organización recibió $204.720 de los $2,8 millones del proyecto que se destinan al país, según un informe financiero auditado al 31 de diciembre de 2017.
El FDI se encuentra integrado por una serie de organizaciones, entre ellas Acciones Estratégicas por los Derechos Humanos (Acceder), entidad donde Vásquez Carrillo, hija de Carrillo Madrigal, fungió como asesora legal.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Herbert Arley
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Miércoles 14 Abril, 2021
HORA: 12:00 AM
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