Manuel Francisco Jiménez Echeverría, Carlos González Jiménez (ex viceministro de Hacienda) y Javier León Longhi, todos de la Junta directiva del Grupo Nación, están cerca de sentarse en el banquillo de los acusados, por dos delitos de defraudación fiscal tributaria.
Aunque ayer se debería haber realizado una audiencia donde los abogados de la defensa iban a insistir en la anulación de una prueba que les permita bajarle el perfil al proceso judicial, eso no sucedió por cuanto el Tribunal Penal de Hacienda resolvió suspenderla.
“En relación con su consulta, la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios indicó que la audiencia se iba a realizar el día de ayer, pero fue suspendida por solicitud de uno de los defensores y el procurador. Además, señaló que la jueza del proceso decidió la no realización de la audiencia en la fase preparatoria del proceso, en virtud de que se presentó la acusación; por lo tanto, lo pertinente es que se conozca en la etapa intermedia, en la audiencia preliminar”, observó la oficina de prensa de la Fiscalía.
De esta manera, la jueza dio por sentado que culminó la fase preliminar, es decir, la etapa de investigación. Ahora quedará pendiente la realización de la audiencia preliminar, donde se decidirá si el caso va a juicio y se sentará a los imputados en el banquillo de los acusados.
Este caso, uno de los más sonados en la historia del país por ser un medio de comunicación el acusado de un delito fiscal, lleva ocho años en la etapa inicial; lo cual marca récord en la lentitud de la justicia costarricense.
Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, el monto principal más los intereses supera la suma de ¢1.918 millones.
El caso fue elevado al Ministerio Público en el 2004 por Tributación Directa. Este ente se dio cuenta de que la empresa La Nación S.A. habría fingido la venta de dos rotativas a la sociedad Capital Leasing Corporation, por un monto de $2 millones.
Capital Leasing Corporation de Belice, a su vez, habría simulado la venta de la misma rotativa a la Arrendadora Interfin S.A. por la suma de $5 millones; con lo cual, se generó una ganancia de $3 millones a la compañía de Belice.
Esos $3 millones lo pierden en apariencia los demás accionistas de La Nación. No obstante, el gran perdedor es el Ministerio de Hacienda, por los impuestos no pagados por la utilidad generada por ese extrañísimo negocio.
Sin embargo, los abogados de La Nación haciendo uso de todos los portillos legales, han solicitado una y otra vez prescripción, trataron de acercarse al Gobierno para tener una arreglo conciliatorio y pretendieron anular todas las pruebas ofrecidas por la fiscalía. Esto ha hecho que el caso sea lento y complejo.
DIARIO EXTRA intentó conversar con Carlos Tiffer, abogado del Grupo Nación; sin embargo, su secretaria informó que estaba fuera de la oficina y le daría el mensaje para que devolviera la llamada, lo cual, al cierre de la presente edición, no sucedió.
