La Contraloría General de la República (CGR) acogió una solicitud de 17 diputados para investigar la forma en que se asignaron más de 40 contratos de Radiográfica Costarricense (Racsa) y otras instituciones públicas.
También el ente contralor estudia los acuerdos realizados por Racsa con un grupo de empresas por medios diferentes a la licitación.
La solicitud de ingreso de la Contraloría se conoce bajo el número 27765-2023, según un oficio en poder de DIARIO EXTRA.
Los congresistas denunciantes cuestionan la utilización, primeramente, de la figura de contratación entre instituciones, pero además cómo un grupo de empresas terminan quedándose con contratos de Racsa, utilizando figuras como el socio internacional y el consorcio.
Cabe señalar que, este viernes, El Periódico de Más Venta en Costa Rica dio a conocer que la Fiscalía General de la República abrió una indagación por presuntas anomalías en contratos y licitaciones de Radiográfica.
Este medio obtuvo información donde la Fiscalía General remite el caso a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) con el fin de que pueda indagar las presuntas anomalías. La Fiscalía dio el número de expediente SICE FGR-1778-2023.
Cabe señalar que la Procuraduría de la Ética es la única institución a la cual se remitió este caso que al día de hoy no se ha pronunciado.
MÁS SOLICITUDES
Más allá de lo administrativo, en sedes judiciales o de la Contraloría, lo cierto es que la Asamblea Legislativa solicitó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Dirección Nacional de Tributación Directa que intervengan a las empresas que están ganando las licitaciones con Radiográfica.
Mediante distintos oficios, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Francisco Nicolás solicitó que se indague si este grupo de compañías beneficiadas se encuentran al día con seguridad social y el pago de impuestos en el país.
RESPUESTA DE RACSA
DIARIO EXTRA se dio a la tarea de consultar la posición de la empresa estatal y el gerente general de Racsa Mauricio Barrantes contestó en un mensaje de WhatsApp.
“La vocación de Racsa es ofrecer soluciones digitales al país utilizando las facultades que le posibilita la Ley 8660, por lo cual es totalmente normal ejecutar diversos modelos de negocio, así como tener acuerdos con fabricantes que le permitan mantener la operación en marcha”, señaló a este medio.
“De lo contrario no podría ejecutar su rol en un mercado en competencia. El trámite sobre el que nos consulta, es parte del proceso normal de este tipo de denuncias y estamos en la mejor disposición de colaborar y aportar la información necesaria a las autoridades competentes”, afirma Barrantes.
¿QUÉ SE INDAGA?
De acuerdo con la denuncia presentada por los diputados, distintos funcionarios de Racsa pudieron haber cometido los delitos de incumplimiento de deberes, influencia contra la hacienda pública, sobreprecio irregular, fraude de ley en función administrativa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Asimismo, se señalan lesiones a los deberes de probidad, transparencia e Independencia, posible lesión y debilitamiento al Sistema de Control Interno y violación a la Ley General de Contratación Pública, además de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y controles internos.
De acuerdo con la relación de hechos presentada por los legisladores, se han realizado presuntas adjudicaciones millonarias “sin concurso y adjudicadas a dedo” abusando de las figuras de consorcio y socio internacional.
Los denunciantes afirman además que el Ministerio de Justicia habría establecido dos contratos para la adquisición de tobilleras electrónicas.
El primero era un contrato de emergencia para suplir la vigilancia a personas con el beneficio carcelario, mientras que se realizaba la licitación. El costo de la licitación por emergencia era de $9,61 diarios por tobillera.
El segundo contrato establecía un precio de $5,99 diarios, no obstante, a pesar de esta en firme, el Ministerio de Justicia y Racsa insisten en pagar los $9,61, afirman los denunciantes.
Finalmente, se acusa de un presunto entramado de relaciones familiares, negocios y amistades entre personeros y expersoneros de Racsa con representantes de las compañías adjudicatarias.
En el caso de la licitación de una de estas empresas, hay una relación familiar entre una alta funcionaria para Centroamérica, quien presumiblemente es la madre delhijo de un exfuncionario de alto nivel de Racsa.
En este punto, también intervendrían otros altos mandos de Racsa, quienes tienen relaciones cercanas con la Territory Manager de la empresa beneficiada de la relación comercial. Todo esto lo afirma el documento enviado por los diputados a la Fiscalía.
Un caso adicional es el de otra compañía más, pues, de acuerdo con la denuncia, altos funcionarios de la compañía estatal tienen relaciones cercanas con altos funcionarios de la empresa adjudicataria de contratos con el Estado.
RACSA NO DARÁ MÁS DECLARACIONES
Al cierre de edición, DIARIO EXTRA recibió una notificación oficial de Racsa en la que afirman que, debido a la judicialización del tema, no se referirán más al tema.
“Por este medio la Gerencia General se permite indicar que Racsa es respetuosa del ordenamiento jurídico cumpliendo con la normativa aplicable, no obstante, en razón de que existe un proceso investigativo, no se van a emitir criterios ni remitir información relacionada con las investigaciones y la empresa se pone a disposición de las autoridades para atender, en cualquier momento, requerimientos o solicitudes sobre todo lo actuado en el marco de sus competencias”, afirmaron desde la oficina de prensa de Racsa.
PERIODISTA: Emmanuel Miranda Pérez
EMAIL: [email protected]
Sábado 16 de Diciembre, 2023
HORA: 12:00 AM
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