Un naufragio...
Opinión
La “lucha contra la corrupción” fue una de las principales razones que definieron la campaña electoral de 2022.
Pero al día de hoy, y ante la contundencia irrebatible de los hechos, si algo está claro ante el país es que todo fue una manipulación planeada de comunicación política, una gran mentira, y que el naufragio de las principales figuras políticas de la actual Administración es la realidad con la que terminamos el año 2023.
En un Estado de Derecho, como lo es Costa Rica, ese naufragio no se quedará, en absoluto, en el plano abstracto de los valores y la ética o de los criterios subjetivos y variables de la opinión pública. Ni siquiera se quedará solo en el plano de la política electoral. Es un naufragio de muy graves y serias consecuencias legales que son de naturaleza objetiva. En dos frentes:
1.- En el del Código Electoral, por las limitaciones que impone la ley y que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene la obligación ineludible de proteger, en relación directa al financiamiento de las campañas electorales.
2.- En el de las limitaciones y sanciones que el Código Penal impone al ejercicio de la función pública por los funcionarios públicos, individualizados, en el ejercicio de sus cargos públicos, por las “grabaciones de Zapote”.
Sobre la primera, la Asamblea Legislativa amplió por seis meses más el trabajo de la Comisión sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos. Lo que sigue es la “crónica de una muerte anunciada”. Lo único que falta es el dictamen correspondiente con la enunciación de los delitos electorales cometidos y el señalamiento exacto de los responsables de esas violaciones contundentes al Código Electoral. Luego, o incluso antes, la acusación del Ministerio Público ante los Tribunales de Justicia.
Sobre lo segundo, las grabaciones de la exministra Patricia Navarro y lo que estas mismas revelan, son de tal gravedad penal que, igualmente, lo único que falta es la determinación precisa de los delitos cometidos por parte del Ministerio Público y la denuncia correspondiente de los responsables ante los tribunales de justicia. Todos ellos en el ejercicio de altas funciones públicas y con inmunidad. Una inmunidad que podría ser levantada por votación calificada de la Asamblea Legislativa a requerimiento de la Sala Tercera del Poder Judicial y por una solicitud expresa del Ministerio Público.
Todo ese proceso será, al final y como debe ser, un tema judicial, pero la enorme y gran lección de este naufragio, es que en Costa Rica el “poder es transitorio”, tiene plazos fijos y el Estado de Derecho es la norma suprema y no solo por razones constitucionales y legales, sino también por razones éticas y POLÍTICAS.
Esa es la enorme y abismal diferencia de nuestro sistema democrático frente al autoritarismo y la dictadura como sistema de vida. No lo olvidemos nunca.
...Y USTED QUÉ OPINA???
