La lucha empezó en 2008, cuando León Montoya, agremiado al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, interpuso una causa para usar un fondo creado en 1963 bajo la Ley 3245, la cual establece en su artículo 3 que el fondo se crea para que los abogados tengan una pensión.
Montoya comenzó su lucha, pero lamentablemente no la terminó y falleció en 2020. Sus familiares y varios abogados no conformes siguen luchando para que se haga justicia.
Don León fue solo uno de miles de agremiados que al día de hoy y con edad avanzada no tienen cómo cubrir sus gastos, pues no reciben una pensión.
Desde 2014 el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) dictó una sentencia, pero el Colegio de Abogados no la acató e interpuso un recurso de inconstitucionalidad para no repartir el dinero, pues alega que no está en sus manos hacerlo.
Después de una intensa lucha de más de 15 años se reunieron nuevamente en el TCA, ubicado en Calle Blancos. Después de dos horas de deliberar, la jueza decidió otorgar tres meses más para que el Colegio definiera si el fondo era para pensión o para jubilación porque indica que son normas diferentes.
Por su parte, la abogada Yaneth Lizano dijo: “Estamos en la lucha desde el 2008, cuando León Montoya presentó el proceso para exigir su pensión. Tenemos una sentencia favorable desde el 2013, se emitió otra donde se le exigía (al Colegio) la ejecución de la sentencia y hasta el día de hoy sigue dándole largas al asunto para no cumplir.
Recusaron a la jueza, presentaron una acción de inconstitucionalidad y siguen dándole largas a la implementación del fondo de pensión, tal como lo establece el artículo 3 de la Ley 3245, que se creó desde el año 1963. Hace tres días se cumplieron 60 años de la creación de esa ley”, indicó.
“Cerca de un 15% a un 20% de asociados el 2 de diciembre, cuando fueron las elecciones, llegaron a emitir su voto y dentro de esos un gran número de adultos mayores, algunos en silla de ruedas, otros en muletas, otros acompañados de un familiar para emitir su voto asistido, por cuanto no podían ni sostener un bolígrafo, confiados en que se iba a dar un cambio de junta directiva y confiados en que van a recibir muy pronto su pensión”, agregó.
SE DIJERON LAS VERDADES
Los abogados coadyuvantes no aguantaron nada y se les fueron encima a los miembros de la junta administrativa del Colegio de Abogados al pedirles explicaciones de por qué no se ha entregado el dinero.
Incluso citaron informes de mal uso de los recursos, como el gasto de ¢26 millones en licores.
Entre los coadyuvantes estaba una mujer de apellido Ávila, quien micrófono en mano dijo: “Yo soy una adulta mayor, en mi caso no recibo pensión y yo sí necesito el dinero”.
Otra de apellido Anchía solicitó al TCA que si el fallo sería a favor del Colegio se dijera de una vez, pues era demasiado el tiempo para saber si esto llegaría a su fin.
Además, clamó por sus compañeros adultos mayores que viven en malas condiciones y que necesitan el dinero de ese fondo.
“Esta es una lucha que tiene ya muchos años. Como pudo ver, se cumplieron 60 años de una ley que no se ha cumplido y esperamos que hoy la jueza en la fase de ejecución de sentencia diga alguna situación para ver cómo se solventa esta falencia tan grande que ha habido, así que todos los agremiados debemos estar atentos a ver qué resolverá la señora jueza”, expresó Didier Carranza, abogado de Montoya.
COLEGIO SE DEFIENDE
DIARIO EXTRA también conversó con Arnold Segura, director legal del Colegio de Abogados.
“La contraparte, que era la representante de la parte demandante y las coadyuvancias, por un lado solicitando la ejecución del fallo, básicamente deduciendo que lo que hubo era algún tipo de omisión del Colegio en ese sentido, y nosotros con nuestra parte explicándole a la señora jueza que efectivamente no había operado esa desidia del Colegio, sino que lo que había operado era una imposibilidad de hacer más allá de lo que se había hecho porque la junta directiva no tiene la potestad de aprobar el reglamento”, comentó.
“Se habían hecho dos proposiciones del reglamento que se le habían aportado a la asamblea general, que es el órgano máximo del Colegio y quien decide la aprobación o no de normas, y pues que no había tenido fructificación y se habían rechazado, entonces desde ese punto de vista está atada de manos para ser jurídicamente algo más.
Entonces desde el año 2018 le había sugerido al Tribunal que le pidiera colaboración al Poder Ejecutivo a los efectos de que fuera entonces el Poder Ejecutivo el que editara el reglamento y básicamente eso fue lo que se resolvió aquí”, agregó.
ABOGADOS QUEDARON CON SINSABOR
Tras finalizar la audiencia, El Periódico de Más Venta en Costa Rica conversó con Julio Bustos, un abogado de 89 años que no tiene pensión.
“Lamentablemente tengo que reconocer que la ley no se cumple. Un fondo que no se sabe su destino, se le pide que decida y se decide que el Colegio debe presentar un plan.
Llegamos al día de hoy, en que debió presentarse ese plan, y lo único que se ha hecho es exactamente igual a lo que nos pasa en el fútbol cuando jugadores están frente al marco, en lugar de patear a marco, tiran la bola para adelante a ver quién la patea.
En esas condiciones sencillamente vamos dilatando una resolución que la retórica no reemplaza. Eso sería lo único que puedo decir porque es doloroso, tiene que reconocer que sigue dando plazo a quienes incumplen con la ley, o sea, que incurren en el delito conocido como desobediencia”, denunció.
En tres meses el Colegio de Abogados y los demandantes deberán verse la cara nuevamente para saber si se llegará al acuerdo. Durante ese tiempo el primero deberá presentar a la Superintendencia de Pensiones (Supen) el plan que defina si el fondo será de pensión o de jubilación.
