Décimo aniversario del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios
Gloria Bejarano Almada
El Sinirube cumple 10 años de ser Ley de la República, un proyecto que presentamos a la Asamblea Legislativa con el fin de darle al programa de identificación de beneficiarios un rango superior y de cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones. Pero ¿cómo llegamos a este punto y qué es el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado?
Durante la campaña de 1990 constaté, durante mis recorridos por el país, que las cosas no habían cambiado mucho desde la campaña anterior y la pobreza se ensañaba en los hogares de los costarricense, especialmente en las zonas rurales, indígenas y urbano marginales. Convocamos entonces un grupo de especialistas que se dio a la tarea, mediante seminarios y consultas a las instituciones, de presentar un primer diagnóstico de la realidad nacional y el desempeño de las instituciones abocadas a la erradicación de la pobreza. En 1990, ya como primera dama, solicité a las instituciones respectivas se hiciera una investigación que nos permitiera dimensionar el estado real de la pobreza en Costa Rica que rondaba el 22%.
Los números sin rostro se tornaban impersonales y era urgente saber no solo cuantos eran, sino quiénes eran, dónde estaban y si recibían algún tipo de ayuda por parte del Estado. Así surgió el Sistema de Identificación y Seguimiento de Beneficiarios del Estado, Sisben. El presupuesto de inversión social no era nada despreciable y sin embargo la pobreza seguía azotando los hogares de miles de familias. En mis recorridos por el país había comprobado que los más pobres de los pobres, especialmente adultos mayores, nunca habían solicitado ayuda al IMAS o a cualquier otra institución, mientras que otros habían aprendido el camino hasta las ventanillas públicas.
Con la ayuda de organismos internacionales realizamos dos censos a nivel nacional, que nos permitió primero ubicar a las familias más pobres en todo el territorio nacional y segundo, para evitar subjetividad en la evaluación del nivel de pobreza, se establecieron de antemano los puntajes que se otorgarían a las características con que se mediría el nivel de pobreza de los entrevistado y poder así dirigir las ayudas prioritariamente a esos hogares, sin que las hubieran requerido.
Se creó un sofisticado y novedoso sistema de cómputo el cual nos permitía mantener una base de datos actualizados. El sistema nos permitía el registro de las familias en su lugar de vivienda y la ficha de estratificación con 48 variables como el número de miembros de la familia, la escolaridad, el ingreso total, el material de construcción de la vivienda, si contaban con electrodomésticos, la condición y ubicación del servicio sanitario, la situación laboral y la salud, entre otros muchos. Es lógico que quien tiene una vivienda con piso de cemento está en mejor condición que aquella que está sobre tierra. Cada variable permitía ubicar el verdadero nivel de necesidad y pobreza de los beneficiarios.
En febrero de 1993 entra en ejecución el programa, aunque ya desde el 90 se había iniciado, por parte del IMAS, la confección de fichas con la información socioeconómica de las 2.000 personas registradas en la institución. Entre 1990 y 1993, gracias a este sistema único en América en ese momento, fueron focalizadas las 110 mil familias más pobres. Más adelante Chile y Colombia, entre otros países, pusieron en ejecución sistemas similares. El Sisben sentó las bases de la despolitización de la ayuda social y contribuyó junto con otras medidas, a que en 1994 se registrara el porcentaje más bajo de pobreza en la historia del país.
El sistema evolucionó dentro del IMAS, el Sistema de Información de la Población Objetivo, SIPO continuó siendo la herramienta para priorizar y seleccionar la Población Objetivo de los proyectos de asistencia y desarrollo social del IMAS, pero hacía falta institucionalizar la coordinación con otras instancias públicas y privadas del sector social de Costa Rica. En el 2012, como diputada al Congreso presentó el proyecto de creación del Sinirube, hoy Ley 9.137, para consolidar esta herramienta que permite identificar de forma transparente a los actuales y potenciales beneficiarios de los programas sociales, reducir odiosas exclusiones, facilitar la relación entre los usuarios, ejercer un control cruzado de todas las instancias de ayuda social, así como evitar abusos, duplicidad, desperdicio, politización y la garantía para los ciudadanos que los presupuestos destinados a combatir la pobreza cumplan su propósito. La herramienta está ahí y es motivo de celebración.
En el 2020 la Organización de Estados Americanos, OEA, premió al país con el “Premio Interamericano para la Gestión Publica Efectiva”, por el Sinirube, en la categoría de Innovación en Gobierno Inteligente, el propósito de esta distinción es reconocer, sistematizar y promocionar aquellas herramientas innovadoras que ayudan a que la gestión pública sea más transparente, efectiva y con participación ciudadana. La correcta implementación del Sinirube nos permite atender, con eficiencia y justicia, las necesidades de quienes hoy más lo necesitan.
