El Poder Judicial ha mostrado señales de mejora, pero no es suficiente aún
Felipe Guadamuz Flores
Bastaba con conectarse a las redes sociales y leer los comentarios de las personas cuando ni siquiera las noticias habían salido aún: Las casas de Juan Carlos Bolaños y Mario Barrenechea eran allanadas, en tanto que uno de los abogados hacía un berrinche frente a las cámaras y el show mediático comenzaba a despegar. Emilia Navas ha sido calificada de ostentosa por sus detractores, pero no es un show el que ella ha llevado a cabo, es, más bien, la labor de un verdadero órgano protector del interés público. Pese a la diligencia de la Fiscal General, el Poder Judicial no ha logrado todavía engendrar confianza en la ciudadanía, por lo que somos nosotros quienes debemos de vigilar qué están haciendo jueces y magistrados.
La prisión preventiva no es una pena anticipada, no se le impone a una persona por que se le condenó por el delito sin haber habido juicio sino como una forma de prevenir que entorpezca el proceso o se dé a la fuga y no lo afronte. Hizo bien el Ministerio Público en pedir prisión preventiva para los imputados, especialmente por el dinero que hay de por medio, que está en los millones de dólares, la prensa es la que debe de ser más cauta y explicarle al público que los imputados no han sido aún condenados.
En segundo lugar, el actuar del Organismo de Investigación Judicial con don Walter Espinoza al frente ha sido ejemplar, a pesar de que muchos grupos de interés quieran desmerecerle porque no están a gusto con una Policía Judicial eficiente. El deambular por las calles de Atenas a deshoras de la madrugada era un indicio muy fuerte para la detención de Juan Carlos Bolaños y esto desató lo demás, sin embargo, la pregunta que hay que hacerse es: ¿Por qué Juan Carlos Bolaños decidió llevarse esos documentos y qué pensaba hacer con ellos?
En tercer lugar, no se puede dejar de lado la labor fundamental que tuvieron los sindicatos de investigadores y de jueces en denunciar las irregularidades ante las dependencias correspondientes, aspectos que fueron clave para la suspensión tanto de Jorge Chavarría como de Celso Gamboa, a los cuales se les han abierto procedimientos administrativos con el fin de determinar si cometieron las faltas que se les achacan o no.
Pese a lo anterior, no es bueno dejar llevarse por el circo mediático y la sed de las masas que se guían más por el morbo y emociones que por la razón. Una sociedad crítica con ciudadanos comprometidos con la protección de la democracia no pedirá a gritos prisión preventiva solo por la sed de venganza, sino que lo hará para que no haya posibles fugas u obstrucciones al proceso. Llevan razón los abogados defensores de estas personas en que aún no se han probado los hechos sobre los cuales se acusan a sus clientes, sin embargo, de haber habido más transparencia en las declaraciones ante la Asamblea Legislativa y no menciones constantes de no acordarse de las cosas, de no poder oír, entre todas las otras situaciones observadas durante las comparecencias ante la comisión legislativa que investiga el caso del cemento chino, la ciudadanía habría estado más tranquila y quizás ni habría habido necesidad de imponer prisión preventiva.
Es evidente que se necesita una mejora sustancial en el Poder Judicial desde hace mucho tiempo y esto comienza con regular el tema desde el ámbito universitario, empezando por cerrar las universidades de garaje que gradúan titulados en derecho sin los conocimientos técnicos necesarios, que luego interponen demandas temerarias y están dispuestos a hacer lo que sea para poder sobrevivir, incluyendo el competir de manera desleal, sin respetar el decreto de honorarios del Colegio de Abogados y, dado que no cuentan con las destrezas suficientes para asesorar a sus clientes, pierden los casos y saturan al Poder Judicial con procesos mal hechos pero que no obstante deben de ser resueltos por los jueces.
El sector de la educación pública universitaria debe de comenzar a rendir cuentas serias con respecto a la utilización del FEES y la señora Ministra de Educación debería de escuchar las propuestas realizadas desde el sector empresarial para mejorar el tema de la educación universitaria privada y no permitir a los garajes operar. Parte del problema que existe con el tema del cemento chino es que tiene antecedentes muy complejos pero que se centran en lo mismo: Una élite política que controla los poderes de la República y, aparte de eso, un desconocimiento del costarricense promedio sobre el problema pese a haber asistido a una universidad, pues no tiene las destrezas de pensamiento crítico para analizar el problema de forma integral y compleja.
Para evitar temas como el Cementazo, el Poder Judicial debe de mejorar, pero para ello la ciudadanía debe de fiscalizarlo y, para poder lograrse esto, se debe de comenzar por educar a las personas. Las universidades públicas no han demostrado ser lo que se jactan de ser: No hay indicadores serios que demuestren cuántos estudiantes se gradúan de ellas versus los que ingresan, de qué carreras lo hacen, cuántos de ellos se encuentran empleados y, cuánto están ganando, pues es dudoso que en la mayoría de carreras de poca demanda laboral las personas estén ganando salarios dignos, y esto lleva a la población a preocuparse por el precio de una lata de atún: No tendrá tiempo para analizar a profundidad los indicios divulgados por la prensa.
La labor del Poder Judicial da un soplo de aliento a su mancillada imagen, pero no es suficiente. Sin embargo, es a nosotros como ciudadanos que nos corresponde fiscalizar su labor. Para ello necesitamos pensar y no lo lograremos en tanto haya universidades de garaje y las públicas no rindan cuentas serias a la ciudadanía de cómo se están invirtiendo los recursos públicos en la educación universitaria pública y cuáles indicadores están realmente demostrando su éxito.
