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Opinión

RETOS DEL SOLIDARISMO 2017

Dr. Juan Rafael Espinoza Esquivel*

El 15 de setiembre de 1947, el Lic. Alberto Martén Chavarría inició las conversaciones para dar a conocer su Plan de Capitalización Universal, conocido como Plan Martén, que constituye el fundamento doctrinario del solidarismo. Hoy este Plan, desarrollado con imaginación y creatividad, es un valioso producto de exportación a otras latitudes del hemisferio. A partir de las ideas de don Alberto, se inició la constitución de asociaciones solidaristas en algunas de las más importantes empresas del país. 

Don Alberto Martén fue el segundo Comandante del Ejército de Liberación Nacional e integrante destacado de la Junta Fundadora de la Segunda República que presidió Don José Figueres Ferrer. Por su aporte a la fundación del solidarismo, al Lic. Martén Chavarría se le reconoció en el 2009, como Benemérito de la Patria. Luego de más de 69 años de su lanzamiento, el sector solidarista está compuesto en la actualidad por 1.445 asociaciones y por más de 450.000 personas, que contribuyen a la armonía entre trabajadores y empresarios, a la paz y la justicia social, y al desarrollo integral de las y los asociados y sus familias. Colaborando, constructivamente, en la ampliación y profundización del Estado de Bienestar.

En este año se conmemora el setenta aniversario de la fundación del solidarismo. Esta celebración debe servir para plantear los que son, a nuestro juicio, los principales retos del movimiento solidarista.

1. Por la importancia que ha adquirido el solidarismo y por sus altruistas reivindicaciones, es preciso que sus principios, valores, normativa y sus notables logros sean considerados como objeto de estudio e investigación en la educación costarricense. 

2. Que las instituciones públicas propicien, en aquellos entes en que no existan, la constitución y desarrollo de asociaciones solidaristas, de modo que el solidarismo se consolide en todo el sector público. 

3. Fortalecer financieramente, de manera gradual, a las organizaciones solidaristas existentes en el sector público, mediante la homologación de la contribución del Estado como patrono, hasta alcanzar el 5,33% del salario de cada funcionario. 

4. Mediante la reforma a la Ley de Asociaciones Solidaristas, se deben ampliar los fines y las facultades de estas organizaciones, para que se les permita, expresamente y con las previsiones que el caso amerita, incursionar en nuevos rumbos, tales como adquirir empresas, participar en la gestión y copropiedad de éstas, cogestionar y fusionarse con otras entidades privadas o públicas, así como participar en la copropiedad y en el accionariado de los medios de trabajo y de producción de diversa naturaleza. 

5. Incrementar sustancialmente la participación solidarista en la Red Nacional de Cuido y favorecer así, a miles de personas y propiciar el desarrollo integral de sus hijos. 

6. Obtener el acceso directo de las asociaciones solidaristas al bono de la vivienda, para incrementar su gestión en este campo clave. Teniendo presente que el solidarismo ha coadyuvado en más de 25.000 soluciones de vivienda, lo que constituye una promesa hecha realidad. 

7. Hacer cumplir estrictamente la reforma al artículo 64 de la Constitución Política que otorga el manejo exclusivo del auxilio de cesantía a las asociaciones solidaristas. Evitando las intromisiones en este ámbito que quebrantan, asimismo, las estipulaciones del artículo 8 de la Ley de Asociaciones Solidaristas. 

8. Asimismo, es obligación de las asociaciones solidaristas procurar la implementación efectiva de las estipulaciones constitucionales y legales referentes al solidarismo. Porque la reforma a la Carta Magna que constitucionalizó al solidarismo, implica una acción y una actitud propositiva, diligente, del Estado y de las instituciones públicas, de conformidad con el principio de legalidad. Entonces es compromiso ineludible de todo el sector solidarista, luchar por el respeto irrestricto de las disposiciones consagradas en la normativa del artículo 64, en asocio de las reglas y principios que se han trasladado a la Constitución Política, con la modificación a este artículo, al decir de la Sala Constitucional, en su Resolución N° 2010-009927. Este voto del tribunal más importante del país debe ser de conocimiento de todo buen solidarista que se precie de tal.

9. Se juzga importante bajar el número de afiliados para constituir una asociación solidarista de 12 trabajadores (requeridos ahora por la ley) a 5 socios. Esta aspiración se fundamenta en la opinión de múltiples científicos sociales, de que la asociación solidarista por haber sido ideada en Costa Rica, por un eximio costarricense en apego a nuestra realidad, responde mejor a las más elevadas aspiraciones de justicia social de la colectividad y debería extenderse a la inmensa mayoría de las entidades patronales. Según la Caja Costarricense de Seguro Social en Costa Rica existen 65.538 empresas. Si hay 1.445 asociaciones solidaristas, significa que cuentan con este tipo de organización, únicamente el 2,20 % de las empresas y no la tienen el 97,80 % de ellas (o sea 64.038). Esto obedece principalmente a la dimensión de las empresas ticas. Por ejemplo: A. Las microempresas (1 a 5 trabajadores) constituyen el 72,66 % de las empresas, para un total de 47.621 En ninguna de estas puede crearse una asociación solidarista. B. Las pequeñas (de 6 a 30 asalariados), son el 23% de las empresas, con un total de 14.011. En las empresas que tienen 6 o más trabajadores, pero menos de 12, tampoco pueden fundarse asociaciones solidaristas. Lo anterior conspira negativamente contra el solidarismo y sus logros, por lo que se propone que 5 trabajadores sea el número mínimo para conformar una asociación solidarista. Así sería factible extender el solidarismo y sus beneficios a muchas más empresas e instituciones.

Según la CCSS, el 99% de las empresas privadas inscritas como patronos en el Régimen de Salud son micro, pequeñas y medianas empresas (datos del 2012). Obviamente este hecho fija una barrera para el nacimiento y desarrollo del solidarismo. 

10. Asimismo, debe hacerse un emplazamiento formal a la dirigencia política del país. 2017 es un año electoral. Este hecho debe ser aprovechado por el sector solidarista para realizar un serio emplazamiento público a los partidos políticos, así como a los candidatos presidenciales, por varias razones: A. Los políticos costarricenses, de acuerdo con sus palabras, son más solidaristas que el propio Don Alberto Martén. No obstante, sus acciones no corresponden con su retórica. B. Prestan más atención a los dirigentes laborales que propician el conflicto social y la lucha de clases, antes que al liderazgo solidarista. C. Desconocen qué es el solidarismo, su filosofía, y sus innumerables conquistas. D. No respetan la representación de los líderes solidaristas y conceden una mayor representatividad a dirigentes de sectores claramente minoritarios.

El emplazamiento debe ser acerca de aquellos aspectos que interesan a los solidaristas y no a los candidatos. Me ha tocado ver largas disertaciones y promesas que terminan en nada, o lo peor, en propuestas gubernamentales que más bien contradicen los compromisos electorales adquiridos frente a la dirigencia solidarista. Esto debe acabarse y el sector solidarista tiene que darse a respetar. No se puede esperar 4 años más, hasta las elecciones del 2022, en que se va a presentar de nuevo la oportunidad.

11. Por último, pero no por ello menos importante, se debe procurar con creatividad e imaginación, la unidad del sector solidarista. Debe conseguirse como mínimo, la unidad de acción del solidarismo y todos sus dirigentes deben privilegiar los intereses generales del sector. Este el primer paso indiscutible para hacerse respetar por los políticos, los partidos y los jerarcas públicos. De lo contrario, el accionar de buena parte de los políticos y autoridades estatales continuará muy alejado de los intereses solidaristas.

De lograrse los anteriores objetivos, se otorgaría contenido al desiderátum de construir una patria de propietarios y no de proletarios, y de fortalecer a los sectores medios. Además, la democracia social, económica y laboral de Costa Rica se elevará a nuevos y superiores planos.

 

*abogado

 

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Miércoles 11 Enero, 2017

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