La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ayer un documento mediante el cual busca que el levantamiento al veto a la reforma procesal laboral, realizado en diciembre anterior por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, sea inconstitucional.
El escrito fue entregado minutos después de las 4 de la tarde en la Sala Constitucional y fue firmado por la procuradora Ana Lorena Brenes. En él, se incentiva a los magistrados a aprobar las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por diputados de oposición como el partido Liberación Nacional.
En el texto se señala además que el levantamiento realizado en 2013 por la exmandataria Laura Chinchilla, también es inconstitucional, debido a que no se observó el proceso que ordena el artículo 128 de la Carta Magna y por falta de votación.
Esto, además de una violación a la separación de poderes, es lo que la Procuraduría argumentó para que los magistrados decidan sobre el futuro del veto a la reforma procesal laboral, sin embargo, el escrito no es de acatamiento obligatorio.
En la asamblea
Los diputados del partido Frente Amplio apoyaron al presidente Solís para que levantara el veto a un día de que el expediente fuera archivado.
Los liberacionistas, por su parte, han sido de los mayores opositores al proyecto, junto con los diputados socialcristianos y libertarios.
La polémica que ha traído la reforma, tanto a políticos como a empresarios, gira en torno a la posibilidad que abre de realizar huelgas en servicios esenciales y al aumento de los números de participación en estas.
Mientras, otro aspecto positivo para los sindicalistas es la reducción del tiempo que duran los juicios laborales.
Nacimiento
La Reforma Procesal Laboral nació en 2005 como respuesta a la necesidad de actualizar el código que regula este ámbito, vigente desde hace más de siete décadas. El Poder Judicial fue quien lo impulsó.
El 9 de octubre de 2012 la expresidenta Laura Chinchilla vetó dicha reforma alegando inconstitucionalidad, luego de que fuera aprobada por los diputados ese mismo año.
El 14 de diciembre anterior, el mandatario Luis Guillermo Solís levantó el veto que pesaba sobre el escrito y dijo en conferencia de prensa que había aspectos, como las huelgas en servicios básicos, que se debían ajustar.
