Los tres sindicatos del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) denunciaron ayer que esa institución compró dos propiedades, pese a tener una valoración de la comisión técnica. Las fincas (La Urraca y Los Jilgueros) tuvieron para esa institución un costo de ¢3 mil millones.
Francisco Cruz, de la Unión de Empleados; Walter Quesada, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP); y Marcos Sandoval, del Sindicato de Profesionales, dieron a conocer esos casos y otras dos situaciones que consideran anómalas en esa institución, que son del conocimiento de la Fiscalía y la Contraloría General de la República.
Quesada agregó que en el caso de las fincas los estudios revelan que una no tiene recurso hídrico, por lo cual no es conveniente para proyectos productivos; se adquirió y ahora está en abandono. En la otra el agua solo se podría obtener mediante pozos, que harían costoso cualquier proyecto.
Los sindicalistas consideran que existen sospechas de eventuales irregularidades y por tal razón plantean los cuestionamientos para que sean el ente contralor y los fiscales quienes investiguen el asunto.
Otro caso que dio a conocer Quesada es el pago supuestamente irregular del rubro de prohibición al proveedor de esa institución.
El último aspecto denunciado es que un chofer del Inder se pensionó con un salario de ¢400 mil y pocos días después fue recontratado con un sueldo de ¢1.100.000.
El Inder negó que se hayan presentado irregularidades. “Compra de la finca 'Los Jilgueros' fue tramitada bajo el Expediente 3437-2012 y pertenecía a Agropecuaria Los Jilgueros, ubicada en Nandayure, Guanacaste. El informe técnico presentado mediante oficio DRCH-356-2012 por la Dirección Regional Chorotega concluye que presenta condiciones agronómicas y agroecológicas adecuadas para la producción agrícola”, se lee en el comunicado.
Sobre La Urraca esa institución indicó: “En este caso, la Comisión de Compra de Fincas evaluó mediante acta 09-2013 y se calificó a la misma con un puntaje global superior al requerido por ley. De la misma forma, la finca superó el puntaje mínimo requerido para las 'Clases de Tierras', y la misma no superó el porcentaje máximo permitido de áreas protegidas, por lo que superó todos los requerimientos reglamentarios para ser aprobada. La finca no fue recomendada por la Comisión debido a que la misma no contaba con suficiente agua superficial”.
