El Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) fue notificado por la Inspección Judicial sobre la denuncia que presentaron contra la jueza Sharon Adriana Chinchilla Villalta.
A ella se le abrió un proceso de investigación por presuntamente firmar una orden de apremio contra Andrés, un joven al que le rebajan automáticamente la pensión alimentaria.
Al parecer sin haber cotejado la información, la jueza simplemente mandó a detenerlo por no pagar.
“La Inspección Judicial le notifica al Sinae que acoge la denuncia e inicia el proceso de investigación y le pide a la Sala Constitucional copia certificada del hábeas corpus, aunque nosotros se lo aportamos para dar inicio con el traslado de cargos contra la jueza, pues está más que demostrado que la jueza violó derechos humanos de nuestro afiliado”, sostuvo José Eduardo Vargas, abogado del Sinae.
Según Vargas, la apelación se fundamenta en el artículo 211 que va en concordancia con el 199 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esta establece que cuando la administración de Justicia comete errores graves en perjuicio de los usuarios tiene que responder.
“En este caso se considera un error grave porque se detiene a una persona que se encontraba al día con la pensión y además se le obligó a pagarla aun estando privado de libertad y estuvo por 2 días privado de libertad y se le obligó a pagar dos veces pese a estar al día”, culminó Vargas.
PERIODISTA: Alexander Méndez
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Viernes 16 Febrero, 2018
HORA: 12:00 AM
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