
La Sala Constitucional reaccionó a las declaraciones de la presidenta Laura Fernández sobre que el accionar del Poder Judicial al Congreso es un “Golpe de Estado”.
La Sala Constitucional emitió un comunicado oficial reafirmando su “inquebrantable compromiso con los derechos de las personas y la democracia”. El tribunal aclaró que su fallo responde exclusivamente al mandato constitucional de proteger a la ciudadanía ante la falta de suplentes, actuando con plena independencia y apego a la ley.
Asimismo, el tribunal lamentó las declaraciones del Ejecutivo por considerarlas “desproporcionadas y alejadas del respeto que debe prevalecer entre los poderes del Estado”.
El magistrado Jorge Araya García, uno de los señalados por el Congreso, rechazó categóricamente las acusaciones de golpe de Estado. “El concepto utilizado… no tiene ningún asidero, ni en la doctrina clásica ni contemporánea”, afirmó Araya, explicando que un golpe de Estado es una ruptura ilegítima del orden, mientras que la Sala busca precisamente lo contrario: restablecer el orden constitucional a nivel jurisdiccional.
Araya señaló que la reacción de la presidenta Fernández ha sido “prematura” e instó al Gobierno a conocer la sentencia integral antes de emitir juicios. “La justicia constitucional es para todos los costarricenses… ahora el Tribunal va a poder resolver temas de salud y materias sociales que estaban estancados”, añadió el magistrado, haciendo un llamado a la paz y la unidad: “Es tiempo de luz, no de confrontación”.
Mientras el bloque de oposición en el Congreso ya ha comenzado a reaccionar ante las declaraciones de la presidenta, el país aguarda el desenlace de esta pugna de poderes que pone a prueba la solidez del Estado de Derecho en Costa Rica.
La controversia estalló tras la resolución de un recurso de amparo interpuesto contra la Asamblea Legislativa por la omisión en el nombramiento de magistraturas suplentes. Ante esta situación, la Sala IV ordenó una prórroga de emergencia para evitar la parálisis del sistema judicial y asegurar que el tribunal pueda seguir resolviendo casos ciudadanos.
Sin embargo, en una conferencia de prensa de última hora desde Casa Presidencial, la mandataria Fernández, acompañada por la bancada oficialista, arremetió contra la medida. “No podemos dejar pasar la decisión de la Sala IV de prorrogar de manera ilegal e inconstitucional el nombramiento de magistrados suplentes… Esto es ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”, sentenció la presidenta.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, respaldó la postura del Ejecutivo y anunció que el próximo lunes interpondrán una querella por prevaricato contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García. Según Jiménez, estos jueces habrían actuado de forma arbitraria al dictar la prórroga.