Abogado de Boris Merchegiani sobre deuda millonaria: “Aquí no hay ningún escudo judicial”

A raíz de los cuestionamientos surgidos en la Asamblea Legislativa por la millonaria deuda que mantiene con el Banco Nacional (BN) una empresa vinculada con el embajador de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Boris Merchegiani, su abogado, Gerardo Bouzid Jiménez, aseguró que el origen de la obligación se debió a una crisis sistémica y no a la “mala fe”.

Según una investigación del diario La Nación, el Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A. acumula 12 años sin pagar la millonaria deuda con el BN.

En entrevista con Grupo Extra, Bouzid señaló que no existe un escudo judicial para evitar el pago de los más de $8 millones y que el convenio preventivo no constituye un privilegio ni un “compadrazgo”.

“Desde mi punto de vista jurídico le puedo asegurar que el crédito cumplió con los requisitos de ley, fue otorgado dentro de la ley para fines y con un plan de inversión totalmente definido y que fue cumplido. Ahí está el edificio, construido”, señaló Bouzid.

“Crisis sistémica”

Bouzid sostiene que el préstamo fue 100% legítimo y que la totalidad de los fondos se invirtió en la construcción del Hotel Gaia. Atribuye el incumplimiento de pago a las estadísticas oficiales de turismo desactualizadas de la época, las cuales provocaron que la banca otorgara créditos en exceso y se generara una sobreoferta de habitaciones.

Según Bouzid, cuando estalló la crisis inmobiliaria mundial de 2008, el flujo de turistas estadounidenses cayó casi un 70%, lo que llevó al incumplimiento de pago a cientos de empresarios hoteleros que se encontraban en condiciones similares.

“Gracias a información de ese entonces de un instituto de turismo que no leyó la crisis que había en Estados Unidos, al haber sobreoferta de habitaciones y escasa cantidad de turistas norteamericanos, eso cayó”, señaló.

Bouzid aseguró que Merchegiani pagó la deuda durante varios años y que este tipo de situación afectó a “un centenar” de empresarios.

“La Asamblea Legislativa debería enfocarse en resolver qué soluciones se les pueden dar a empresarios que tienen convenios preventivos a empresarios desde hace 15 años”, señaló.

Inexistencia de un “escudo judicial”

Bouzid rechazó categóricamente que el convenio preventivo constituya un privilegio o un “compadrazgo”. Atribuyó los 12 años de impago a la inoperancia y lentitud de los antiguos juzgados civiles, bajo una legislación procesal actualmente derogada.

Explicó que, al encontrarse la empresa bajo un convenio preventivo, el sistema le impedía realizar abonos parciales directamente en ventanilla o abrir cuentas judiciales de capitalización. Esto provocó que los intereses moratorios continuaran acumulándose como una “bola de nieve”, convirtiendo al deudor, según su criterio, en el principal perjudicado por la inercia judicial.

Bouzid aseguró que se presentó un proceso para establecer el convenio preventivo, lo que, a criterio del abogado, mantiene a la empresa libre de embargos, pero, al mismo tiempo, impide que se realicen abonos.

Un convenio preventivo, también descrito como un proceso preconcursal, es un trámite judicial diseñado para empresas con problemas de solvencia. Su principal objetivo es preservar la actividad económica para evitar el cierre del negocio y el despido de trabajadores.

Según Bouzid, Merchegiani presentó en 2014 tres propuestas formales para pagar la deuda, pero el juzgado nunca las sometió a votación de los acreedores.

“Aquí no hay ningún escudo. Lo que ha ocurrido aquí es que ante una falta al deber traumatológico de los juzgados civiles de entonces, bajo una ley derogada, más bien el perjudicado aquí es el deudor”, refirió.

Asistiría a la Asamblea

El 16 de julio, cuatro diputados del partido oficialista rechazaron una moción para que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público investigara la deuda de Merchegiani.

La moción fue presentada por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Salvador Padilla.

El legislador solicitó una investigación de “emergencia” ante el nombramiento del empresario, así como su comparecencia y la de otros integrantes de la sociedad. También pidió convocar al gerente general y al auditor interno del Banco Nacional.

Bouzid aseguró que está “a la orden” para comparecer ante alguna comisión legislativa. Sin embargo, afirmó que los diputados rechazaron la investigación “correctamente” y consideró que las solicitudes de algunos legisladores tienen tintes políticos.

“Don Boris forma parte de un grupo fuerte de empresarios que sería importantísimo que los recibieran en la Asamblea Legislativa. Son como 500 aproximadamente y todos pidieron un préstamo”, señaló Bouzid.

“Como abogado de don Boris, considero que el control político es el control político, pero realmente no se van a encontrar nada irregular. Todo fue claro, todo fue correcto. Pudiera ser que esto sea más otra cosa subjetiva. No es la opinión de mi cliente, pero yo considero que aquí no hay ningún caso, porque no se ha negado la deuda ni es un delito en Costa Rica tener deudas”, dijo Bouzid.