Una empresa costarricense denunció al viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Olman Elizondo, en calidad de presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), así como a los demás miembros de dicho grupo por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
La demanda penal se tramita en la Fiscalía Adjunta de San José bajo el expediente 21-000423-283-PE.
En ella se denuncia a Elizondo, así como a Eduardo Montero González, Roberto Arce Garita, Tatiana Pérez Peña, Juan Chaves Noguera, William Rodríguez López, Daniel Araya Barquero, Karla Barahona Muñoz, Sofía García Gómez, Gonzalo Coto Fernández y Gustavo Segura Sancho.
De acuerdo con la denuncia, en la sesión ordinaria 73-2013 de Cetac, en el artículo décimo, se aprobó el permiso de uso de precario que autorizaba a la empresa costarricense a utilizar un hangar en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños.
La intención de este permiso era que brindara servicios de aviación agrícola con aeronaves de ala rotativa y ala fija por todo Costa Rica.
Además, en el artículo sexto de la sesión ordinaria 02-2014 de dicho Consejo, celebrada el 7 de enero del 2014, se otorgó el uso de otro hangar para el resguardo de las aeronaves que utilizan en los servicios que brindan.
Pese a este otorgamiento de permisos, los miembros del Cetac dictaron las resoluciones 220-2017 del 27 de octubre del 2017 y 227-2020 del 21 diciembre del 2020, en las cuales aprobaron desalojar varios hangares. En apariencia fue por intereses empresariales.
Esto pese al cumplimiento de los requisitos exigidos y la actuación conforme a derecho de los ocupantes.
SUSPENDERÍAN DESALOJO
Por este motivo, el Ministerio Público solicitó que se dictara la suspensión del desalojo de los hangares, medida cautelar respaldada en un documento emitido por la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José.
El ente fiscal considera que existen suficientes elementos para que el Juzgado Penal de Hacienda ordene esa medida de manera urgente.
De no dictarse esta medida cautelar y continuar con el desalojo, la compañía costarricense que presentó la demanda tendría que despedir a sus más de 100 colaboradores, lo cual significaría un importante daño económico.
Este es el motivo por el cual la empresa espera que el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública del II Circuito Judicial de San José dicte la medida cautelar y frene la ejecución del desalojo, que la Dirección General de Aviación Civil programó para el 10 de noviembre próximo, acorde con el oficio DGAC-DA-AITBP-OF-0475-2021.
Para emitir estas órdenes de desalojo, en los informes de inspección realizados se indica que los hangares se destinan a taller o bodega, o la actividad respectiva.
No obstante, quien hace dicha inspección no menciona que se trata de talleres o bodegas destinadas a aviones, por lo cual consideran que se dio una mala fe en la ejecución de dichos informes que promovió la orden de desalojo que tiene en ascuas a más de 100 personas.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
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Jueves 21 Octubre, 2021
HORA: 12:00 AM
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