Sigue causando vergüenza el caso UPAD

EDITORIAL

Vergüenza debería darle al Gobierno seguir hablando de transparencia en la función pública cuando por otro lado se ocultan a la ciudadanía las recomendaciones al presidente Carlos Alvarado en relación con el escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

No puede ser de recibo que el jerarca Rodolfo Méndez Mata, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) haya simplemente decidido no informar a la ciudadanía respecto a sus conclusiones sobre uno de los casos más polémicos de los últimos tiempos y que ha generado desconfianza en la mayoría de los costarricenses.

Cabe recordar que el mandatario le encomendó a Méndez Mata el pasado 4 de marzo “ordenar la casa”, tras los allanamientos en Casa Presidencial el 28 de febrero por parte del Ministerio Público.

Pese a que Alvarado señaló que el ministro de Obras Públicas y Transportes debía tener listo un reporte en dos meses, es decir, hasta mayo, el jerarca prefirió escudarse en no ventilar dichas recomendaciones sobre la gobernanza en Casa Presidencial.

Méndez Mata indicó que no harán informes por escrito, sino que se trata de aspectos de recomendación al funcionamiento y manejo político del Gobierno.

El ministro se limitó a señalar que “son cosas que no tienen razón de ventilarse públicamente”, y que las han discutido con el mandatario y el nuevo ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez, lo que a su parecer es más que suficiente.

Pero no es así, don Rodolfo. Una gran mayoría de los ciudadanos esperábamos que con su intervención no solo la transparencia que se ha ido diluyendo se notara, sino que de una vez por todas principios como la rendición de cuentas de la que siempre se jactan en Zapote empezara a practicarse.

No debemos olvidar que la polémica en torno a esta Unidad surgió luego de que el Gobierno ordenara su creación vía decreto, esto en octubre de 2019.

La pretensión del Ejecutivo acabó en un allanamiento a Casa Presidencial y al despacho del mandatario Carlos Alvarado, hecho sin precedentes en la historia del país.

La UPAD, que funcionó como una instancia asesora del presidente Carlos Alvarado Quesada para la toma de decisiones políticas, disponía para su constitución de facilidades en el acceso a la información del Gobierno Central e instituciones autónomas, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.

Asimismo, se ordenaba la facilitación del acceso a los datos y la información de carácter confidencial de los ciudadanos cuando fuera necesario.

Estas atribuciones fueron motivo de una lluvia de críticas de distintos sectores políticos y sociales; además, provocaron que el caso fuera elevado hasta instancias judiciales.

Luego de recibir tres denuncias penales se abrieron los expedientes 20-005433-0042-PE por los aparentes delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

En la lista figuran como sospechosos el presidente Alvarado; Víctor Morales Mora, exministro de la Presidencia; Daniel Soto Castro, ex viceministro de Planificación; Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero, Luis Salazar Muñoz, Andrés Villalobos y Felly Salas Hernández, exasesores de la Presidencia.

Debido a las causas penales, el viernes 28 de febrero la fiscala general Emilia Navas Aparicio, acompañada de 50 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, fiscales, magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales allanaron Casa Presidencial, donde decomisaron computadoras personales, portátiles y celulares.

Paralelo a la intervención en Zapote, las autoridades judiciales dirigieron 10 allanamientos. Las diligencias también se realizaron en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).

Aún falta mucha tela que cortar en cuanto a las intenciones y planes del Gobierno en la creación de la UPAD.

Tampoco se debe olvidar que, según la propia Casa Presidencial, el Gobierno planeaba que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiara dicha unidad espía.

Ese era uno de los motivos por los cuales el decreto que daba figura jurídica a la UPAD fue declarado de interés público.

En el Gobierno también buscaban plata del Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente conocido como la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Aún quedan más preguntas que respuestas y, pese a la coyuntura actual, en que la pandemia de Covid-19 se roba los principales titulares y la atención de la ciudadanía, hechos como este deben permanecer en la memoria de los ticos.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Sábado 30 Mayo, 2020

HORA: 12:00 AM