La Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) realizó una serie de consultas a finales del 2018 al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), específicamente a la Oficina de Planes y Operaciones (OPO).
Así lo confirmaron en el OIJ ante la consulta de DIARIO EXTRA, donde añadieron que la petición incluía información sensible y de carácter confidencial, la cual se negaron a brindar.
El 4 de diciembre de 2018, Diego Fernández Montero como representante del Ministerio de la Presidencia se reunió con funcionarios de la OPO, específicamente con Randall Zúñiga López, jefe de dicha oficina, y Orlando Corrales Ugalde, jerarca de la Unidad de Análisis Criminal.
En el encuentro también estuvieron los analistas criminales Víctor Fernández Vargas y María del Carmen Vargas Quesada. Ahí se solicitó información puntual sobre las denuncias ingresadas al OIJ, así como la georreferenciación de los sitios en que ocurrieron los delitos mediante coordenadas geográficas.
“Se les explicó que la ubicación geográfica de los sitios específicos en que ocurrieron los delitos no se podía brindar por considerarse datos sensibles y que únicamente era factible aportarles la información genérica e innominada de las denuncias, la cual no contiene datos individualizantes de personas u ofendidos, información que además está disponible para ser consultada vía internet en la página web del OIJ por todos los ciudadanos que tengan interés en ella”, nos confirmó el OIJ.
Cabe resaltar que según lo comentado, tampoco se requiere para tener esta información innominada a disposición de terceras personas en la página web del OIJ, consentimiento informado de los ciudadanos denunciantes, ni tampoco para entregar directamente esta información a terceras personas, en virtud de que estos datos no permiten identificar a persona alguna en particular, ni se constituyen en datos sensibles de ningún denunciante”, explicaron.
SOLICITUD ESPECÍFICA
El miércoles 5 de diciembre del 2018 el OIJ recibió un correo electrónico de Diego Fernández donde pedía, por solicitud del mandatario Carlos Alvarado, información puntual y sensible sobre femicidios.
Incluso solicitaba la base de datos de delitos desde enero de 2015 hasta noviembre de 2018 incluyendo delito, subdelito, fecha, hora, víctima, subvíctima, tipo de arma, edad, género, nacionalidad, provincia, cantón, distrito.
En el correo electrónico pedían la respuesta a la mayor brevedad, pues esperaban que el ministro de Seguridad Michael Soto diera un informe el martes 11 en Consejo de Gobierno basado en esa información confidencial.
El 7 de diciembre de 2018 la analista criminal María del Carmen Vargas Quesada envió en un archivo adjunto de Excel información estadística innominada, es decir, sin nombres, direcciones u otros datos.
“Si bien la solicitud pretendía el suministro de otros datos requeridos en el mapa vectorial, la información que se brindó fue una cuadrícula de todo el país, en donde se puede mostrar mediante colores cuál cuadrante de 500 metros por 500 metros (250 mil metros cuadrados) tiene más concentración de delitos y cuál tiene menos, tal y como aparece en la actualidad en la página web de estadísticas policiales de OIJ”, indicaron.
En el correo enviado por Fernández a las autoridades judiciales de la OPO les ofreció apoyarlos en la gestión de recursos humanos en cualquier proyecto de minería de datos que deseen implementar “con el fin de mejorar la toma de decisiones en el área”.
“Sobre el ofrecimiento por parte de la UPAD de brindar al personal del OIJ capacitación en minería de datos ni siquiera se contempló, puesto que la herramienta que utilizaba el señor Fernández Montero para trabajar su información es la denominada ‘Tableau’, la cual es totalmente diferente a la que se utiliza en el Organismo de Investigación Judicial, motivo por el cual esto no fue más que un simple ofrecimiento no aceptado”, confirmaron.
NUEVA PETICIÓN
El 1º de abril del 2019, Alejandro Madrigal Rivas envió una solicitud a la analista criminal Vargas Quesada donde solicitaba la actualización de la información contenida en el archivo de Excel que se había remitido a Fernández cuatro meses antes.
El 5 de abril las autoridades judiciales remitieron la actualización de la información, la cual no incluía ningún dato sensible que permitiera identificar a alguna de las víctimas de un delito.
En el OIJ aclararon que si bien los datos facilitados a la UPAD se pueden descargar en la página web, la sentencia 18-002155-0007-CO de la Sala Constitucional emitido el 13 de abril del 2018 los obliga a que si la solicitud se recibe de manera formal, ellos deben responder por la misma vía.
“Contrario a toda lógica democrática, Casa Presidencial le pidió al OIJ que le compartiera su base de datos sobre femicidios, delitos, víctimas y geolocalización, información sensible que podía comprometer la integridad de la gente.
Lo solicitó su unidad ilegalmente constituida (UPAD) para una supuesta presentación del ministro de Seguridad ante el Consejo de Gobierno, como si Michael Soto no pudiera pedir los datos por sí mismo o su ministerio no fuera capaz de recabarlos”, señaló el legislador Jonathan Prendas al enterarse de lo solicitado por Presidencia al OIJ.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
EMAIL: [email protected]
Martes 10 Marzo, 2020
HORA: 12:00 AM
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