Los buseteros del país se encuentran muy molestos con el Consejo de Transporte Público (CTP) debido a que este aprobó un decreto de ley que aseguran pone en peligro su trabajo.
Desde hace tres años, dicha institución busca efectuar cambios en la manera de operar de las busetas que se dedican al transporte de estudiantes, turistas y hasta trabajadores de empresas.
Sin embargo, esto no se había podido por la negativa de una parte importante del sector, que desde hace meses pide al CTP ejecutar cambios en algunos de sus puntos.
Así lo explicó Jesús Campos, representante de la Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios de Transporte, quien dijo que el nuevo decreto se ratificó el martes en la noche sin su aprobación.
“La junta directiva aprobó el decreto sin haber sido consensuado con las cámaras, estuvimos en varias reuniones tratando de ponernos de acuerdo, pero la junta del CTP informó que ya lo aprobaron”, externó.
“Entre lo que más nos preocupa y nos perjudica es el cambio en la vida útil de los vehículos, lo cambiaron de 20 años a 15 años, solo en eso se deja a más de 4 mil pequeños empresarios fuera del ring”, continuó.
Campos comentó que les parece inaudita la aprobación del decreto de dicha manera, en especial cuando se les prometió no someterlo a votación hasta que todas las partes estuvieran de acuerdo.
También subrayó que ahora se les quiere cambiar las reglas con las que han trabajado durante años, provocando la extinción de los pequeños transportistas de estudiantes y trabajadores, que suman unas 14 mil unidades.
Según el vocero de los buseteros, hay varios puntos que los mantienen preocupados, como el hecho de que deban cumplir con los Estudios de Calidad a cargo de organizaciones designadas por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) y el alto costo económico para elaborarlos.
Asimismo, reclaman el que no se pueda utilizar la unidad más que para lo que está estipulado dentro del proceso de concesión que se les otorgó, por ejemplo, si la buseta dice “Transporte de Estudiantes”, no tienen potestad de usarla para excursiones.
Es decir, no sería posible dar utilidad a estas busetas fuera de los 200 días lectivos, por lo que los dueños de dichas unidades perderían los ingresos que obtienen al efectuar servicios en las vacaciones, diciembre y enero.
Por último, Campos aseveró que buscarán la manera de externar su malestar a las autoridades del Poder Ejecutivo, para que se detenga este proceso que, sostiene, será nefasto para quienes se dedican a este tipo de labores.
