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Opinión

Ferguson: la criminalización del color

¿Ha llegado Estados Unidos a un punto de no retorno respecto a la necesidad urgente de realizar cambios relacionados con la discriminación racial en el marco del mantenimiento del orden y de la igualdad ante la ley?


Hace unos días el fiscal Robert McCulloch anunciaba frente a millones de pantallas televisivas el veredicto del gran jurado constituido para analizar el caso de la muerte del joven afroamericano Michael Brown a manos del oficial de policía Darren Wilson, en Ferguson, Missouri, en agosto pasado, a pesar de que el primero se encontraba aparentemente desarmado y con las manos en alto.


El gran jurado -constituido por nueve jueces blancos y tres de raza negra- consideró que no existía evidencia suficiente para presentar cargos contra el oficial mencionado, quien había disparado doce tiros en supuesta defensa propia. Luego de cuestionamientos realizados en diferentes momentos respecto a la constitución del gran jurado, el proceder y discrecionalidad de la fiscalía, y el orden de presentación de los testigos, entre otras cosas, el anuncio del veredicto ha exacerbado las protestas producidas días atrás en Ferguson y posteriormente en múltiples ciudades de Estados Unidos.


Dichas protestas traducen el descontento de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, que denuncian vehementemente el abuso de la fuerza policial en una cadena de actos contra la vida y los derechos civiles de las personas de color.


Si se toma como punto de partida el veredicto del gran jurado, es difícil pensar que los hechos de violencia policial recientes han servido para generar cambios significativos en la manera de mantener el orden e impartir justicia con el objetivo de garantizar una mayor igualdad ante la ley. Sin embargo, las trágicas muertes y el creciente descontento generado que las trasciende han valido para exponer la crisis del sistema policial y de justicia norteamericanos en su relación con las minorías.


Tendencia alarmante. Tal y como lo señala Amnistía Internacional, el veredicto del gran jurado no niega que la muerte de Brown es parte de una tendencia nacional alarmante que pone en evidencia el uso excesivo de la fuerza contra personas de color por parte de los departamentos de policía, que son difícilmente sometidos a mecanismos de rendición de cuentas. De acuerdo con datos de ProPublica, un sitio web de periodismo investigativo estadounidense, entre 2010 y 2012 los hombres jóvenes de color estuvieron 21 veces más en riesgo de ser asesinados por la policía que los hombres jóvenes blancos.


Ha surgido como resultado un mayor interés de diversos sectores por iniciar un diálogo inaplazable sobre estos temas, elaborar diagnósticos de la situación y evaluar las posibles soluciones.


El presidente Obama designó al Fiscal General, Eric Holder, para iniciar acciones dirigidas a la construcción del diálogo en diversas comunidades respecto a las relaciones raciales, la discriminación y la elaboración de perfiles delictivos basados en raza o etnia. Se ha propuesto también la discusión sobre el problema de la militarización de la policía y sobre la necesidad o no de que los policías porten cámaras en sus cuerpos. Además, el Departamento de Justicia inició ya una investigación sobre la muerte de Brown y otra sobre eventuales procedimientos inconstitucionales por parte de la policía de Ferguson. Asimismo, el gobernador de Missouri, Jay Nixon, constituyó una comisión encargada de examinar los procedimientos policiales y las relaciones comunitarias en Ferguson.


Pero no podrá hablarse de cambios propios de un punto de no retorno en este tema si no se aborda la desconexión crítica entre los cuerpos policiales (fundamentalmente locales), los sistemas de impartir justicia y las comunidades conformadas particularmente por minorías. En Ferguson, el 67% de los habitantes es de raza negra y, sin embargo, existen solamente 3 policías de color por cada 53 policías blancos. Si se observa el número de detenciones de automóviles, según The Economist, el 86 % de las mismas fueron realizadas a habitantes de color.


Respecto a lo anterior, cabe señalar que en esta ciudad la segunda entrada de recursos locales proviene de multas por infracciones de tránsito, donde el profiling juega un rol esencial al convertir a un individuo en sospechoso, básicamente por razones de su raza u origen. La desconexión mencionada se materializa, desafortunadamente, en varios niveles y en distintas zonas de los Estados Unidos, por lo que debe actuarse en una justa representación de dichas comunidades en sus propias instituciones y en la reversión de la tendencia a criminalizar, no solo el color, sino las raíces y en muchos casos hasta el estrato socio-económico.

 

*Politóloga

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Martes 09 Diciembre, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Tatiana Benavides Santos

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