Los conflictos familiares y laborales son de los problemas más comunes en la sociedad. Algunos casos deben resolverse en los tribunales de justicia y cuando una de las partes no está de acuerdo con la sentencia, este se eleva para que lo valore la Sala II, la cual tiene la última palabra al respecto.
Sobre el trabajo que se realiza en esta última instancia judicial es lo que llegó a conversar el presidente de la Sala, Orlando Aguirre, con Iary Gómez, gerente general de Grupo Extra, y Paola Hernández, subdirectora de DIARIO EXTRA. A continuación un extracto de esta entrevista.
¿Cuál es el mecanismo para acudir a la Sala II?
-Nosotros conocemos en la Sala solo asuntos que pasan a Casación, en procesos ordinarios o abreviados de familia, laborales o que tienen que ver con quiebras. Un proceso de divorcio o de separación judicial, tiene una primera instancia que se tramita ante un juez de familia y segunda instancia ante un tribunal de familia. La sentencia del tribunal de familia puede ser objeto de impugnación, o sea que la persona no esté de acuerdo con la misma y decida ir a la instancia superior. Este recurso de casación lo que permite es alegar violaciones a leyes, de manera que en un caso en donde se le haya impuesto una sanción a una persona incorrectamente.
¿Cuántos casos recibe anualmente la Sala?
-Nosotros resolvemos al año unos 1.300 casos aproximadamente. Siendo lo más frecuente lo laboral, seguido por el tema de familia.
¿Se escucha con frecuencia quejas de los hombres, que existen muchas leyes para proteger a las mujeres y nada para ellos?
-Lo que sucede es que en este tema de las mujeres y de las personas mayores, se ha visibilizado. Por decirlo así, están hechas para proteger a estos sectores más vulnerables, ante situaciones que existían en la realidad.
Lo que se busca es un mejor nivel de vida para ellas.
¿Por qué cuando hay un pleito por pensión alimenticia, no se obliga a la mujer a salir a buscar trabajo, pero el hombre sí debe mantenerla?
-Aquí se presentan varias situaciones que es lo que hace que se justifique el marido tenga que pagarle una pensión a su esposa. La primera de ellas es que la exesposa durante toda la vida estuvo en su casa dedicada al cuido de sus hijos y de pronto el esposo la deja y ella nunca ha estado en el mercado laboral. Entonces hay que protegerla, sobre todo dependiendo de la edad que tenga en ese momento.
¿Y por qué es que entonces tantos hombres se quejan de que los “maltratan” en los juzgados cuando les ponen la pensión?
-A veces en los procesos, lo que sucede es que el hombre no se defiende bien y es por eso que al final le queda una sentencia en donde se ve obligado a darle una pensión alimentaria a un cónyuge que no lo necesita.
Nosotros hemos visto casos de mujeres que son profesionales y en donde se establece una pensión alimentaria a favor del marido.
¿En algún momento ustedes tendrán que ver el tema de los matrimonios entre parejas del mismo sexo?
-Creo que es poco probable. Porque el matrimonio es un acto administrativo y no jurisdiccional. Eso quiere decir que un cura puede casar, un notario también. Entonces lo que ha sucedido es que llega un hombre y le pide a un juez que los case, entonces este tiene que verificar la idoneidad de la pareja, lo que ha sucedido es que ningún juez ha admitido este tipo de matrimonios. Si un notario o un juez, dice que no los casa eso ya no tiene recursos, por ser un trámite de naturaleza administrativa.
¿Y qué pasa en el caso de los trabajadores, por qué hay tantos casos en la Sala?
-Aquí también estos se encuentran en un nivel de desventaja. Por eso es que las leyes laborales se basan en un principio protector que lo que trata es de no de hacer trampa a los empleadores, sino para dar las pautas para que los trabajadores puedan defender sus derechos de la mejor forma. Estamos en una época de cambio para buscar mejores condiciones para las personas que están en estado de vulnerabilidad. Incluso el derecho de familia está evolucionando todo hacia eso.
¿Están conformes con este trabajo?
-Sabemos que falta mucho por hacer, pero hemos logrado ir haciendo esos cambios para proteger a esos sectores más vulnerables.
¿Qué sucede en el caso de los trabajadores migrantes?
-Nosotros estamos debiendo, no solo en el tema desde el punto de vista de controles prácticos, sino también desde los normativos. Para nosotros en la jurisdicción laboral todas las reclamaciones las aceptamos, el trabajador no tiene ningún problema, puede llegar al juzgado a presentar una demanda. Lo que pasa es que la mayoría de estos trabajadores no conocen bien el sistema y además tienen un temor de acercarse a los Tribunales porque no saben que si van ahí los van a recibir bien. Claro que nosotros no le vamos a hacer algún daño porque no somos autoridades de migración.
Y le digo que estamos en deuda con ellos porque no tenemos recursos para darles asistencia legal a este tipo de trabajadores.
¿Cuál ha sido el principal inconveniente?
-En el caso de la materia laboral no se necesita siquiera que el interesado llegue acompañado por un abogado, pero ahí tenemos un problema porque entonces el interesado es quien tiene que presentar el juicio y darle seguimiento. Mientras que la contraparte, o sea el empleador, sí lleva su asesor legal. Entonces es ahí donde vemos a un trabajador de la construcción presentando su caso en una audiencia oral y viene el juez y le dice que arme las conclusiones y el pobre no sabe de lo que se le está hablando.
¿Existe alguna instancia que le pueda ayudar como en los casos penales?
-No existe una figura como el defensor público en materia laboral. Por eso es que digo que estamos en deuda con los trabajadores más humildes, como es el caso de los migrantes.
¿Hay estadísticas de la población migrantes que recurre a la Sala?
-No, no existe. Eso es lo que se le ha llamado conflictos invisibilidados. Pero el día en que pongamos abogados en Limón, San Carlos, Guanacaste e incluso aquí en el Valle Central, que atiendan a esta población más pobre, van a surgir muchas sorpresas.
¿Cuáles son las principales causales de los juicios laborales?
-Tenemos dos tipos: los del sector público y los del privado. En el caso de los del sector privado casi todos son por despidos, horas extras y en algunos casos por diferencias salariales. En el caso de las horas extra nos hemos encontrado muchos juicios, principalmente contra las empresas de vigilancia, porque ellos contratan en unas jornadas que no son legales. Entonces los trabajadores están ahí dos o tres años porque necesita el trabajo y cuando lo despiden se va a reclamar el pago de horas extra y los tribunales se los reconocen. El otro caso donde llegan juicios laborales es por el sector público, ahí son muchos los motivos que van desde pago de anualidades, lesiones, porque los pasan indebidamente de puestos.
¿Están acondicionadas las leyes actuales para las situaciones de esta época?
-En Costa Rica antiguamente no había jurisdicción contencioso administrativa, pero sí había una jurisdicción laboral que fue elevada a rango constitucional, La Carta Magna dice que hay una condición especial irrenunciable para que los trabajadores puedan resolver sus conflictos, el Código dice que la norma se aplica igual para el sector público y privado.
¿Cuándo se acude a un juzgado de trabajo o a un contencioso administrativo?
-Si un empleado del sector público lo despiden y no le pagan lo que le corresponde a la liquidación, eso debe resolverse en un juzgado laboral. Pero en el caso de que sea una persona que usted considera que no tiene legalmente el poder para prescindir de sus servicios, ese caso lo tiene que llevar un tribunal contencioso administrativo. Pero si la persona dice que fue despedida sin razón suficiente, entonces en ese caso de falta de justicia se dice que se tiene que ver en la zona laboral.
¿Qué le falta al país en materia laboral?
-Eso es muy relativo. Desde el punto de vista de la adjudicatura le puedo decir que a mí me parece que se debe contar con procesos judiciales más expeditos, que no tengan tantas audiencias en alzada, como hasta ahora que tenemos tres instancias que los hace larguísimos. De manera que necesitamos contar con procesos que nos permitan dirimir conflictos económicos y sociales para resolverlos más rápidamente.
