El Registro Nacional sancionó a una funcionaria de la oficina regional de Alajuela por trabajar y tramitar los documentos asignados a ella para cumplir con los plazos de ley, con el fin de evitar denuncias de los afectados por el retraso y sanciones legales posteriores.
Roberto Matamoros, asesor legal del Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional (Sitrarena), explicó que el caso de Patricia Rojas, registradora de la institución, se inició con la apertura reciente de un proceso disciplinario, el cual se encuentra en la etapa de apelación.
“Ella fue sancionada por trabajar. En esta institución desde siempre ha existido la cultura de que las personas que hacen registración de documentos en bienes muebles y bienes inmuebles y anotadores, cuando se les hace el reparto durante la semana de los documentos diarios tienen que cumplir con el trabajo, no pueden llevárselo para la casa ni dejarlo para el día siguiente.
La institución tiene un horario y normalmente permite que la personas puedan estar en horario extraordinario porque no logran terminar. La última vez que se hizo un estudio de cargas para ver si el recurso humano cumplía con los requerimientos de la población fue en el año 2010 y desde entonces no se hace para no tener que readecuar el recurso humano”, explicó.
A la carga laboral se deben sumar aquellos que están de vacaciones y los incapacitados.
“La administración ha estado sancionando a los profesionales que han tenido una carrera excelente durante 20 o 25 años al cometer un error registral. Eso lo han estado haciendo hace unos dos o tres años, pero el caso de doña Patricia es muy particular”, añadió.
VACACIONES
Rojas regresaba de vacaciones en febrero-marzo de 2020 y sin tener días de saldo la enviaron nuevamente de vacaciones, justificándose en la emergencia sanitaria.
“La administración tomó acciones ilegales como forzar a los funcionarios a irse de vacaciones cuando no les correspondían porque no tenían el derecho sobrevenido”, explicó Matamoros.
Cuando la administración obligó a Rojas a tomar un segundo periodo de vacaciones sin tener días para hacerlo tenía una gran cantidad de documentos asignados que no podía dejar pendientes, por eso se los llevó para inscribirlos desde su casa.
“Doña Patricia hizo registración durante el periodo extraordinario de vacaciones, entonces le hicieron un proceso para sancionarla. El primer problema es que esas vacaciones no eran legales porque no estaban dentro del derecho que ella ya había utilizado en el mes de febrero, entonces son vacaciones espurias, contrarias a la ley y al Código de Trabajo, y eran vacaciones para que se confinara en su casa”, agregó el asesor legal.
Además destacó que a Rojas debieron enviarla a teletrabajo porque ya no tenía vacaciones. Entre los días de vacaciones y otros en los que le asignaron teletrabajo la funcionaria se puso al día con los documentos pendientes, cumpliendo con los plazos de ley.
“Le abren el procedimiento primero porque había trabajado durante las vacaciones, que ella no pidió y que fueron obligadas e ilegales, entonces la sancionan con 10 días de suspensión sin goce salarial”, denunció.
DOBLE DISCURSO
En Sitrarena insisten en que el Registro Nacional tiene un doble discurso, pues emite memorandos dirigidos a las distintas direcciones refiriéndose a la protección del derecho de las vacaciones de los trabajadores, “pero a espaldas del público desdibuja la figura de la vacación”.
“La ley y los reglamentos que hablan sobre teletrabajo obligan a la administración a circunscribir un acuerdo de teletrabajo para que los funcionarios sepan y entiendan en qué marco jurídico de derechos y obligaciones tienen que manejarse cuando están en sus hogares, a qué hora inician, cada cuánto deben reportarse, cuántos documentos deben registrar ese día. Ese acuerdo se circunscribe a espaldas de doña Patricia Rojas, nunca se le comunica el acuerdo de teletrabajo que la envía a ella a la casa”, agregó Matamoros.
Pese a que no le informaron a la funcionaria sobre el acuerdo de teletrabajo, le imputaron trabajar en vacaciones, así como incumplir las reglas de esa figura laboral.
“En la resolución que emite la Dirección General, que es doña Fabiola Varela Mata, ella dice que debía suponer cuáles eran las normas del acuerdo, aunque no se le hayan notificado, y decir que el acto era válido, a pesar de que no contaba con la firma de la funcionaria”, indicó.
COBROS DEL PASADO
Rojas dijo que en varias ocasiones ha manifestado su disconformidad sobre ciertas irregularidades a las autoridades, pese a que sus compañeros no se atreven a hacerlo, por lo que cree que se trata de una represalia.
“La capacidad que uno tiene es de más o menos 25 documentos al día para tener un funcionario saludable. Yo tengo un historial y siento que estoy siendo víctima de cobros del pasado, de acciones del pasado”, expresó.
Añadió que es una funcionaria comprometida con su trabajo y asegura que en muchas ocasiones no trabaja por dinero, sino que ocupa su salario para vivir, pero está comprometida más allá de su horario.
En esa línea cuenta con una lista certificada por el Departamento de Gestión Informática de al menos 1.000 documentos que ha inscrito desde 2005 hasta ahora fuera de horario, incluyendo fines de semana y feriados, por lo que le parece extraño que esas acciones sean un problema.
“Nunca fue un problema para la administración que yo inscriba esos documentos sábados, domingos y feriados; nunca me han pagado absolutamente nada, ni he recibido tiempo compensatorio por eso, y todo eso estuvo bien, hasta que viene esta situación”, manifestó.
Rojas aseguró que este tipo de acciones de la administración lavan la voluntad a los funcionarios, quienes dejan de hacer un esfuerzo extra en beneficio de los usuarios y se dedican a cumplir horario por las represalias a las que se exponen al dar la milla extra.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
CRÉDITOS: Fotos: David Barrantes
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Lunes 02 Noviembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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