Deudas con la niñez y la adolescencia

EDITORIAL

Justamente ayer se cumplieron 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociéndose por primera vez a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.

En este valioso documento se consagran el derecho de los menores a recibir protección de la sociedad y el gobierno, así como el derecho a desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en las decisiones de su país.

Las naciones que ratificaron la convención debían garantizar que las decisiones políticas, sociales, económicas e institucionales se tomaran buscando siempre el bien de los niños y niñas de forma suprema.

Costa Rica fue de los primeros países en suscribirse en 1989 y de las naciones pioneras en ratificarla en 1990.

Así las cosas, por tres décadas el Estado ha venido trabajando fuertemente en procura de cumplir cada detalle de esa norma internacional, pero hace falta mucho por mejorar.

No existe el país perfecto, es evidente que siempre habrá falencias y que ciertos grupos de la sociedad son más vulnerables, como el caso de los menores de edad, pero esto no quiere decir que despeguemos el dedo del renglón, por el contrario, el trabajo por ellos debe ser frecuente y persistente.

Costa Rica ha venido experimentando situaciones que históricamente no eran habituales y que deben verse con extrema preocupación como son las agresiones físicas, verbales, sexuales y psicológicas a menores.

Datos aportados por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que fueron referidos en un comunicado de prensa de Unicef muestran que se presenta “en promedio un total de 55.000 denuncias al año, asociadas con situaciones de violencia y agresiones en los hogares”.

Además, la Encuesta Nacional de Mujeres, Niñez y Adolescencia (EMNA) indica que casi el 50% de niñas y niños menores de 14 años es sujeta de prácticas violentas de crianza y disciplina en sus hogares.

Cuando vemos lo anterior, no podemos dejar de preguntar ¿qué está sucediendo casas adentro?, ¿por qué los padres o encargados de los menores son los perpetradores de estas agresiones?

Desde hace dos administraciones, el país elevó una alerta nacional e internacional por violencia contra los niños y niñas, pero aquello no pasó a más, los números siguen mostrando conductas inapropiadas hacia ellos.

El Hospital Nacional de Niños (HNN) ha confirmado que para finales de septiembre un total de 1.115 infantes agredidos llegaron hasta ese recinto para recibir atención médica.

Considerando dichos datos surgen mil preguntas, ¿cuántos de esos casos ya están denunciados?, ¿cuántos han sido judicializados?, ¿cuál ha sido el accionar del PANI, de la Fiscalía?, ¿y cuántos llegan a una condena?

El bienestar de los niños y las niñas puede medirse según el acceso a la educación, puede evaluarse desde la óptica de la salud, menor mortalidad, aplicación de vacunas, acceso al agua limpia, cuidados antes y después del parto como lo refiere Unicef y no hay duda de que nuestro país da pasos gigantes para lograr leyes y otros instrumentos jurídicos de protección de menores, pero muchos quedan en el papel.

Lo cierto es que cada día hay más menores en estado de pobreza, el mismo organismo da las estadísticas y de verdad que son alarmantes, “34% de niñas, niños y adolescentes vive en pobreza monetaria, de los cuales el 12% en pobreza extrema, lo que incide en el incremento de las violencias, el involucramiento de las niñas y adolescentes en actividades ilícitas, la exclusión educativa y el fracaso escolar, entre otros”.

Da en el clavo Unicef cuando menciona que la falta de oportunidades está lanzando a nuestras generaciones más jóvenes a las garras del crimen organizado, pues los reclutan sin la menor de las contemplaciones dejando a su paso ruina y muerte.

Además, perversamente de ese trabajo ilícito está comiendo una familia que tampoco tiene mayores posibilidades de salir adelante, mayormente jefeada por una mujer sola a la que el mercado laboral le cierra todas las puertas o la subemplea y la explota.

Esos niños y adolescentes que no permanecen en el sistema educativo también están siendo el mercado de consumo de drogas, los carteles no solo se encargan de reclutarlos como peones, sino que también les instruyen para buscar compradores, consumidores de corta edad y fácil convencimiento.

El Estado, por su parte, sigue fallando en su labor de prevención, con programas escasos en escuelas y colegios, mientras el Ministerio de Educación continúa con una malla curricular que apenas y dedica tres clases a un tema tan álgido.

¿Dónde está la inversión en obra deportiva y recreativa? El mismo gobierno y las municipalidades les apuestan a otras áreas que creen de mayor impacto, pero están abandonando lo realmente importante, su población joven.

Hay que ver los centros penales, cerca de un 30% de los internos tienen entre 15 y 30 años de edad, esa población debería estar generando desarrollo, trabajando por el país, llevando sustento a sus hogares, pero no, están tras las rejas desmejorando lo poco que queda de sus familias, obligadas a asistirlos desde afuera, limitados y estigmatizados.

¿Qué hacen el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, el Consejo de la Persona Joven o el Sistema Nacional de Protección Integral? Además, ¿en qué se ha avanzado en términos reales en la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia? Porque la verdad no rinde cuentas públicas de sus avances, uso de presupuestos y resultados.

Bien lo dijo el representante de Unicef en Costa Rica, Gordon Jonathan Lewis, “aunque el país tiene logros importantes, es urgente enfrentar los retos pendientes para lograr el desarrollo y la participación de las niñas, niños y adolescentes en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie se quede atrás”.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Jueves 21 Noviembre, 2019

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