En un análisis realizado por la Contraloría General de la República (CGR) a 17 centros de cuido y desarrollo infantil (Cecudi), a cargo de las municipalidades de Bagaces, Cañas, Cartago, Los Chiles, Tilarán y Upala, se concluyó que hubo falta de planificación.
Según dicho análisis, los ayuntamientos no elaboraron informes o estudios sobre la viabilidad técnica, financiera y administrativa de establecer estos nuevos centros. No se incorporaron datos puntuales que permitieran concluir cuáles eran las necesidades reales de contar con una alternativa de cuido en esas comunidades.
Producto de la auditoría realizada, la Contraloría detectó, entre otros, que los gobiernos locales antes indicados no consideraron la demanda del servicio en el cantón, la posibilidad de contar con opciones en cuanto a operadores calificados en la atención de los menores, la oferta disponible de centros de cuido que ya se encontraran operando, ni la existencia de políticas de empleo y de desarrollo productivo y educativo para aquellos jefes de hogar que opten por el servicio.
“Estas debilidades inciden en que las comunidades aún no sean provistas del servicio, o bien, que la oferta disponible sea superior a lo requerido y por ello, la capacidad instalada y los recursos invertidos no son aprovechados al máximo”, detalla el informe DFOE-DL-IF-00011-2017.
PROBLEMAS
PUNTUALES
Según se desprende del documento, las municipalidades de Los Chiles y Tilarán pese a tener la infraestructura desde hace 5 y 3 años respectivamente, no han iniciado la prestación del servicio de cuido y desarrollo infantil.
En el caso de los gobiernos locales de Bagaces y Upala, transcurrieron cerca de 18 meses a partir del momento que fue construido el centro para que las comunidades recibieran el servicio de cuido y desarrollo infantil.
“Los gobiernos locales de Bagaces, Cañas, Los Chiles y Tilarán no contemplaron el establecimiento y operación de los centros de cuido y desarrollo infantil (Cecudi) en sus planes de largo y mediano plazo, por lo cual carecieron de una visión integral sobre el desarrollo del servicio de cuido infantil municipal”.
Asimismo, se determinó la existencia de casos en los cuales no se verifica el estado de la infraestructura y los activos adquiridos para los centros de cuido. Además, algunos de los expedientes del personal que labora en los Cecudi están incompletos y existen debilidades en la documentación que consigna los registros de asistencia de los menores.
A criterio del ente fiscalizador del Estado, dicha información es requerida para sustentar el financiamiento que reciben los centros, el cual, en las municipalidades de Cañas, Cartago y Upala fue de ¢1.246 millones en el 2016.
Por otro lado, en lo que respecta al análisis de la capacidad instalada del Cecudi de la municipalidad de Cañas, se concluyó que, en enero 2016 y junio 2017, operó con una capacidad entre 76% y 88% del cupo disponible, respectivamente.
Por su parte, entre julio 2016 y junio 2017, en 6 centros en operación por la Municipalidad de Cartago la ocupación ha oscilado entre un 46% y un 81%, con lo cual se han desaprovechado en promedio 256 espacios disponibles en centros infantiles de esas municipalidades.
“La condición antes descrita, se explica por el hecho de que las autoridades municipales de Cañas y Cartago no han hecho efectiva una disposición establecida en sus reglamentos internos de operación del servicio de cuido y desarrollo infantil, la cual les permite incorporar en los Cecudi niños que no son beneficiarios del subsidio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y así incrementar los usuarios de los centros.
Aunado a lo anterior, el IMAS demora varios meses en aplicar la Ficha de Información Social (FIS) para calificar a las familias de los menores y determinar su derecho a un subsidio que les permita asistir a un Cecudi. Al 30 de junio de 2017, aún estaba pendiente la valoración del 41% de familias solicitantes en Cañas y un 91% de las solicitantes en Cartago,16 de las cuales tramitaron dichas solicitudes ante el IMAS desde inicios del 2016 y hasta mayo de 2017”, añade el informe contralor.
Para la Contraloría, el reto para los gobiernos locales contempla la implementación y el fortalecimiento de los procesos de control y supervisión, para que garanticen razonablemente a los beneficiarios la prestación del servicio y la protección de la inversión realizada, acorde con los parámetros exigidos por la legislación vigente. Esto a fin de promover los beneficios en educación, nutrición y desarrollo psicosocial de los menores de edad y el fortalecimiento económico, de las posibilidades laborales y educativas que se generan para la población beneficiaria.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Jueves 04 Enero, 2018
HORA: 12:00 AM
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