Nota roja en atención de tráfico humano

Las autoridades nacionales dieron un golpe certero a una organización nacional dedicada al tráfico de personas, principalmente cubanos, que deseaban llegar a los Estados Unidos. Cayeron nueve integrantes del grupo criminal en la Zona Sur, Puntarenas y La Cruz, Guanacaste.

Tenían también un tarifario, cobraban $400 por los movimientos a lo interno del territorio nacional y $2.000, casi ¢1,2 millones, por pasarlos por Centroamérica y México.

Costa Rica es un territorio vulnerable, un punto estratégico en el continente americano para el crimen organizado. Las drogas, las armas, las almas y el dinero sucio pasan por aquí.

Nos hemos convertido en la base de operaciones de organizaciones delictivas que se sienten cómodas por varios factores, como la estabilidad política, la ausencia de ejército, el Estado de derecho y muchas garantías procesales, penas relativamente bajas en comparación con los demás países del área, por mencionar algunas.

El tráfico y la trata de personas no son nuevos. Esporádicamente se reporta la desarticulación de estos grupos, pero han sido acciones fortuitas, basadas en denuncias, no en una labor de inteligencia continua.

De hecho, no hay unidades policiales robustas que se dediquen exclusivamente a trabajar en esta modalidad, tampoco recursos tecnológicos y menos económicos. El recurso humano también es escaso.

El Informe de Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 2019, cuyas conclusiones se encuentran en Internet, hace manifestaciones fuertes y directas ante la lentitud gubernamental.

“El Gobierno de Costa Rica no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata… no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave”, cita el documento.

Otra de las conclusiones es que “el desembolso de los recursos financiados para abordar la trata de personas no alcanzó las metas asignadas y siguió siendo insuficiente en términos generales”.

Por su parte, “las organizaciones de la sociedad civil informaron que las autoridades no siempre implementaron mecanismos de referencia de manera efectiva u oportuna o en coordinación con ellos”.

Las autoridades estadounidenses perfilaron también a los tratantes que operan aquí y sus víctimas. Los datos son realmente inquietantes y merecen inmediata intervención:

• El turismo sexual con niños es un problema grave, los turistas sexuales en búsqueda de niños llegan al país principalmente de Estados Unidos y Europa.

• Los tratantes someten a las mujeres y niños costarricenses a la trata sexual dentro del país.

• Quienes viven en las zonas costeras del Pacífico Norte y Central son particularmente vulnerables.

• Adultos usan niños para transportar o vender drogas; algunos de estos pueden ser víctimas de trata también.

• Las personas LGBTI, particularmente los costarricenses transexuales, son vulnerables.

• Mujeres y niñas de Nicaragua, República Dominicana y otros países latinoamericanos han sido identificadas en Costa Rica como víctimas de trata sexual y servidumbre doméstica.

• Los tratantes someten a los hombres, mujeres y niños migrantes, principalmente de Nicaragua, además al trabajo forzoso en la agricultura y los panameños indígenas también.

En cifras, la oficina del Ministerio Público informó al departamento de Estado que en el periodo anterior investigó un total de 74 casos, de los cuales 45 son de trata sexual, 18 de proxenetismo agravado y 11 de trabajo o servicios forzados. En 2018 la estadística revelaba 64 casos denunciados y en 2017 un total de 62.

Lo anterior demuestra que las víctimas no alertan a las autoridades al verse presas de este flagelo.

Fuentes oficiales indican que hubo 12 enjuiciamientos y 10 tratantes condenados, con penas de entre 5 y 60 años de prisión.

Pero esto no es suficiente, se deben articular estrategias más agresivas. La porosidad de las fronteras y el escaso personal nos convierten en uno de los sitios más apetecidos por el crimen organizado.

Deben las autoridades investigar de oficio la operación de estos grupos. El territorio es pequeño y permite movilizarse para llevar a cabo investigaciones.

Urge impactar a la población con campañas informativas para así incentivar y empoderar a las víctimas, que las personas tengan el potencial de discernir cuando están frente a este tipo de delitos y riesgos.

Es evidente que estas situaciones ocurren al amparo de funcionarios de Estado, que facilitan trámites y omiten sus responsabilidades, que reciben dádivas, por eso deben ser castigados con mano dura.

Un factor fundamental es la capacitación. Los cuerpos policiales y las organizaciones sociales que atienden a grupos vulnerables deben conocer los detalles del delito y realizar talleres o mesas redondas donde se discutan los riesgos y las consecuencias.

Denominada la esclavitud del siglo XXI, esta ilícita actividad representa ganancias al crimen organizado de entre $32.000 millones y $36.000 millones anuales, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, y a su paso deja víctimas con secuelas terribles, así como saldos de muerte.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Miércoles 26 Febrero, 2020

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