Guiselle Cruz, ministra de Educación, y Catalina Salas, jerarca de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública (MEP), dijeron este martes a los diputados de la Comisión de Juventud que tienen un faltante de ¢120.000 millones para atender las órdenes sanitarias en diversos centros educativos.
Según manifestaron, hay 600 órdenes que se mantienen en un cuello de botella para poder atenderlas, motivo por el cual consideran necesario aplicar metodologías para tratar de agilizarlas, como convenios con las municipalidades.
Por año la DIEE recibe ¢50.000 millones para ejecutarlo, pero hay un faltante de ¢120.000 millones solo en órdenes sanitarias, según manifestó Cruz.
“Debemos buscar más recursos de financiación, no creemos que se requiera más gente, sino que sean más agiles. Estamos hablando con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para ver la posibilidad de un empréstito, estas son medidas que se deben agilizar y evitar que el mantenimiento en las instituciones se acumule”, expresó la ministra.
PERMISO A JUNTAS
Parte de las metodologías aplicadas en el MEP para sacar las órdenes sanitarias es la autorización que otorgaron a las juntas de educación con el fin de que puedan hacer obras menores sin la necesidad de acercarse a la DIEE.
Catalina Salas mencionó que para hacer cambios de canoas, por ejemplo, las juntas debían ir a la DIEE por la autorización, aspecto que ahora se omite para poder ejecutar.
“Con esto también podremos ejecutar los fondos de la caja única del Estado, además a las 280 juntas que hemos detectado que no tienen proyectos por ejecutar, que inviertan el dinero en mantenimientos”, señaló la jerarca de infraestructura.
Aunado a ello, dijo que para obras menores que superen los ¢325 millones, las juntas tendrán que contratar a un profesional en ingeniería por los planos que se deban realizar y que no tengan que pasar por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) al no tener movimientos de tierra mayores a los 300 metros cúbicos ni construcciones mayores a 500 metros cuadrados.
Otro aspecto que ya se implementa son los convenios con municipalidades, donde se presentaron proyectos en que podrían colaborar.
Incluso, Salas aseguró que algunos ayuntamientos han propuesto proyectos, además podrían ayudar con recursos económicos.
Actualmente, según el MEP, están trabajando con la Municipalidad de San Carlos, Moravia, Mora, Escazú, San Pablo de Heredia y Grecia.
PIDEN MÁS PLATA
En el MEP hacen un llamado para aprobar un aumento de $138 millones para realizar reparaciones e instituciones nuevas, monto que sería adicional a los $167,5 millones que se entregaron en 2013 por medio de un fideicomiso con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además quieren que el plazo se extienda más allá del 2020.
La diputada María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión, cuestionó al MEP los motivos para solicitar más dinero.
Con el dinero ya entregado se contemplaba la ejecución de 103 proyectos, de los cuales únicamente se llevaron a cabo 55, quedando a la espera 48.
“Esos proyectos no se hicieron a la luz de la realidad, sino que se hizo una estimación de cuanto era la construcción del metro cuadrado. En el 2015 se llevó un largo periodo para la conformación de la unidad ejecutora y comprando algunos terrenos que se ocupaban”, señaló Carlos Rodríguez, de la DIEE.
“Se comienza con los proyectos en el 2015 (dos años después) y cuando se enfrenta la agenda nos dimos cuenta que no se podía cumplir con lo visualizado, había aspectos que eran más costosos, como por ejemplo la modificación de planos cuando se trataba de una obra vertical”, añadió.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
CRÉDITOS: Foto: Jesús Ramírez
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Miércoles 20 Noviembre, 2019
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