El proyecto de Ley Reguladora de las Actividades de Lobby en la Administración Pública, expediente 21.346, fue dictaminado este martes por la Comisión de Asuntos Jurídicos.
El plan, que impulsa la socialcristiana María Inés Solís, pretende que funcionarios y autoridades en posición de poder o influencia hagan públicas sus agendas con el propósito de que la ciudadanía conozca de primera mano con quiénes se reúnen y qué intereses representan las personas que les solicitan audiencias o reuniones.
De acuerdo con la propuesta, se mantendrá un registro de lobistas que se alimentará de la información brindada por cada institución.
“La propuesta busca en general haceres más transparentes los encuentros y reuniones que tenemos los funcionarios con las personas que solicitan una audiencia y que tienen como finalidad promover los intereses que representan e influir de alguna forma en la toma de decisiones acerca de políticas públicas o de cualquier otro asunto de interés”, explicó Solís.
POR LA TRANSPARENCIA
Explicó además que la iniciativa de ley contempla una serie de obligaciones que deben cumplir tanto los sujetos activos o “lobistas” como los funcionarios o sujetos pasivos que interactúan con él.
“Mi proyecto busca transparentar los procesos de toma de decisiones en todos los niveles y poderes del Estado. Lo propuse porque soy defensora del Parlamento y el gobierno abierto. Considero que la ciudadanía merece conocer a qué influencias son sometidas las decisiones de quienes la gobiernan”, agregó.
En el caso del “lobista”, este deberá brindar la información que se le pida referente al motivo por el que solicita la reunión con el funcionario y ello incluye los datos de la persona física, jurídica, nacional o internacional que en ese momento representa.
Por su parte, los sujetos pasivos, o sea los funcionarios que tienen capacidad de decisión de manera individual o colegiada respecto a asuntos de orden público o relacionados con su gestión, administración de bienes o servicios públicos, tienen la obligación de designar a un responsable al interior de su despacho para llevar el registro del funcionario.
En este registro consignará el nombre de los lobistas, así como de las reuniones y temas que tratará en cada uno de los encuentros con los funcionarios.
El proyecto pretende incidir en los miembros del Poder Ejecutivo, embajadores, Procuraduría, presidencias ejecutivas, Poder Judicial, Ministerio Público, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General de la República, Banco Central, sistema bancario nacional y gobiernos locales.
PERIODISTA: Marco Antonio González
EMAIL: [email protected]
Miércoles 20 Noviembre, 2019
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA