Brazaletes electrónicos en la mira

EDITORIAL

La ministra de Justicia, Marcia González Aguiluz, sale a desmentir las denuncias de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) publicadas por DIARIO EXTRA, las cuales evidencian que al menos 596 personas con brazalete electrónico están fuera del radar institucional.

Postea en sus redes sociales que la información es infundada, sin embargo en nuestras manos están las cartas que la ESPH, adjudicataria del Estado en el tema de brazaletes, envió desde el año anterior, justamente hace 15 meses, advirtiendo la gravedad de la situación y explicando que casi 600 personas con algún conflicto con la ley andan por la libre.

Pero eso no es todo. Mientras los reos inubicables andar sin rendir cuentas a la ley sobre sus movimientos, Justicia sigue pagando el dinero que corresponde a su monitoreo, y no es cualquier bicoca, se trata de una millonada.

Veamos los números. Al mes hablamos de $303.960, aproximadamente ¢175.688.880. Si multiplicamos esa cifra por 15 meses desde que se hizo la denuncia nos arroja $4.559.400, es decir ¢2.635 millones, suma escandalosa, considerando que quien debe salvaguardar los intereses económicos es el propio Estado.

González Aguiluz sale a decir que no son 596 los no localizables, sino 21 de los que no saben nada.

Aquí surgen las dudas. ¿Cómo es que el Ministerio de Justicia y sus expertos saben que hay personas con dispositivos electrónicos de las que no registran paradero alguno y están tan campantes en sus despachos?

¿Será acaso que borrarse del mapa de la justicia en este país es tan fácil o que quienes están a cargo de vigilarlos hacen la vista gorda? ¿Cuál es la intención de ese comportamiento tan complaciente?

¿Cómo se llama a esta actitud de inobservancia y descuido por parte de Justicia y los funcionarios asignados al centro de monitoreo?

¿Quiénes son los responsables de dejar a los beneficiarios del brazalete hacer lo que les venga en gana?

¿Queda en evidencia que la unidad de monitoreo está en manos de negligentes y debe ser reasignada por un tema de seguridad?

¿Acaso a nadie le importa lo que Costa Rica paga por esos servicios, que son bastante caros, y que esto de poner brazaletes a diestra y siniestra era solo una estrategia política para desentenderse del caos penitenciario?

Tirar a la calle a personas con conflictos con la ley, más que un beneficio, es una irresponsabilidad porque si no están bajo vigilancia, como demanda la ley, ¿entonces para qué se gasta el dinero público en un sistema que parece no estar dando resultados?

Es un tema para revisarlo con lupa.

La pugna por los brazaletes no es nueva, denuncias van y vienen entre la ESPH y la ministra, quien parece tener un serio problema directo y personal con el contrato, da la impresión de no estar poniendo atención a algo tan delicado.

Recordemos que este año Manuel Delgado Cubillo, jefe de la Unidad de Monitoreo Electrónico del Ministerio de Justicia en la administración Solís Rivera, presentó una denuncia por acoso laboral contra González Aguiluz y José Fabián Solano Fernández, ex viceministro de Gestión Estratégica. Ambos cuestionaban la forma en que se adjudicó el contrato a ESPH.

Pero más grave aún, Delgado Cubillo dijo a DIARIO EXTRA que la jerarca al asumir su cargo mencionó la intención de sacar del juego a la adjudicataria y que había muchas empresas privadas que podrían dar el servicio.

Además aduce en la denuncia que consta en el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, que González Aguiluz le dijo que “la ESPH le había quedado muy mal a una persona muy cercana a ella, que había perdido un montón de dinero”.

Lo anterior queda en evidencia cuando El Diario del Pueblo publica que en 2011, en ocasión del proyecto de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en los cantones de San Rafael, San Isidro y Heredia, la ESPH saca un proceso licitatorio y contrata al consorcio GIA-Cacisa, que estaba integrado por GIA, una compañía mexicana, y Cacisa, empresa costarricense, de la cual José Manuel Sáenz Scaglietti, exesposo de la ministra, era presidente y accionista. Por una serie de incumplimientos en las obras contratadas se les impuso una multa de más de $122.000.

Qué pena por doña Marcia si su exesposo -en aquel momento compañero de vida- perdió ese dineral, pero ella debe alejar sus problemas personales de la labor administrativa que se le encomendó en Justicia y si está disconforme con la manera en que se adjudicó el contrato, tiempo suficiente ha tenido para denunciar incumplimientos e irregularidades y que sea la ley quien determine si debe cesarse el pago.

No es posible que en medio de las crisis penitenciarias y tras la aprobación de una ley que ofrece tales alternativas a las personas un capricho personal ponga en entredicho el sistema.

El interés que debe primar es el de la seguridad y si en la calle quienes poseen brazaletes andan haciendo lo que les venga en gana por descuido del Estado, entonces debe haber sanciones.

Si el sistema es malo, disfuncional o el país no tiene la capacidad de implementarlo, lo lógico es que se busquen soluciones en el marco de la transparencia. Si el contrato debe romperse, entonces que se asuma el costo de indemnizar, y si no, pues habrá que esperar el vencimiento hasta 2022.

Lo cierto es que si ninguno de estos dos escenarios es factible, lo que Justicia debe hacer es ponerse a trabajar, vigilar mejor a los beneficiarios del sistema y dejarse de excusas que le cuestan millones al erario público.

Si las cárceles son una bomba de tiempo y no existe la forma de adecuarlas para tantos privados de libertad que ingresan, lo congruente es mejorar y hasta perfeccionar el sistema de monitoreo.

Hoy los diputados deben ahondar en el tema, la comparecencia con la ministra de Justicia debe ser solo el comienzo de una exhaustiva labor de investigación que determine con exactitud qué sucede con el sistema de monitoreo.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Jueves 19 Septiembre, 2019

HORA: 12:00 AM