El expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, acompañó a sus abogados a la exposición de argumentos en la audiencia preliminar que se lleva a cabo por el caso conocido como Crucitas.
El exmandatario dirigió unas palabras al juez en las que aseguró que es inocente y que se trata de una acusación predeterminada desde que se reabrió el expediente el 30 de octubre del 2017.
“Se reabrió con la intención de dañar mi honor, de ensuciar mi nombre interna y externamente. Es una acusación que implica una persecución política. Aquí tenemos eso que se llama judicialización o criminalización de la política, no hay evidencias que prueben que yo cometí delito alguno de prevaricato, no hay ninguna”, comentó Arias, mientras sostenía una hoja con su posición escrita en ella.
REGRESO A LA POLÍTICA
El expresidente señaló que volvió a la política en el 2006 buscando insertar la economía costarricense dentro de la economía mundial para lo cual era necesario aprobar proyectos como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, así como con Europa, China y Singapur.
“Yo quería terminar con los monopolios públicos que nos hacían esperar un año, seis meses con suerte, para recibir un celular, lo mismo con seguros, nos quedó faltando la energía eléctrica. Todos los monopolios públicos y privados son malos, yo quería impulsar obra pública por concesión”, recordó.
Añadió que, pese a que varios gobiernos trabajaron antes que él en el tema de la minería, fue hasta el 2008 cuando se aprobó y se tuvo que firmar varios decretos para autorizar las talas de árboles.
“El primer testigo que llamó la fiscalía, un testigo que no sabía nada en absoluto de lo que había ocurrido en Casa Presidencial o en el Minae, don Edgardo Araya, tan solo porque iba a ser candidato presidencial”, indicó.
LAWFARE
Arias señaló que en su contra existe una Lawfare que no es más que una guerra judicial contra alguna persona.
“Es lo que ha hecho la fiscalía conmigo, querer enlodar mi nombre haciéndole ver a la ciudadanía que yo fui capaz de cometer un delito cuando en qué mente cabe que yo pueda volver a la política para cometer un delito.
Yo que tengo 90 doctorados honoris causa, que tengo montones de premios como el Príncipe de Asturias, el Premio Nobel de la Paz, ¿yo voy a arriesgar mi reputación y el buen nombre que tengo gracias a Dios porque heredé valores de mis padres, de mis abuelos, de responsabilidad integridad decencia y honestidad intelectual y ética y me voy a ensuciar las manos cometiendo un delito?, con esa cosa que llaman teoría de la conspiración”, reclamó.
El expresidente añadió que le duele que se reabriera el caso pues considera que fue para hacerle daño y asegura que ha sido un proceso desgastante.
Sobre la minería en el 2008 el expresidente indicó que fue una acción para combatir la crisis económica, debido a que se trataba de una inversión de millones de dólares.
“Que es lo que ha pasado hoy si lo vemos muchos años después, pues que el oro se lo llevaron los nicaragüenses para Nicaragua, que es Nicaragua quien exporta ese oro, que esas exportaciones suman más de 400 millones de dólares y que hubiera sido mucho más lógico que esas exportaciones se hubieran hecho desde Costa Rica y que nos hubieran ayudado a nosotros a atenuar la crisis que estamos viviendo”, señaló.
FISCALÍA PIDE JUICIO
José Pablo Miranda, fiscal de la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República y quien está a cargo del caso, mencionó que ya su representada concluyó con la exposición de los argumentos, en la cual solicitaron que se eleve a juicio la causa contra Arias.
“La defensa se encuentra exponiendo su hipótesis respecto a lo que considera es su perspectiva particular de que no merece ir a juicio, nosotros escuchamos con mucho respeto, pero seguimos considerando que nuestra posición es la correcta y esperamos que al final el juez la acoja”, explicó.
Miranda señaló que el argumento principal es que existe prueba suficiente y objetiva que vista de manera integral permite al juzgador establecer un grado de probabilidad suficiente para dictar un auto de apertura a juicio.
De este modo la totalidad de la prueba puede ser evacuada en un juicio oral y público donde se determine si hubo o no responsabilidad de Arias Sánchez.
El fiscal a cargo del caso recordó que en la audiencia de enero y febrero la jueza dictó un sobreseimiento por la forma, que era en aquel momento la prescripción del hecho, por lo que no entró a analizar el grado de probabilidad, análisis que esperan realice el juez de esta nueva audiencia.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
CRÉDITOS: Fotos: Alexander Pérez
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Miércoles 18 Septiembre, 2019
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